La vicepresidenta de APM Terminals, Susanne Marston, se encuentra en Guatemala con el propósito de alcanzar una solución final para el problema legal por el que atraviesa la empresa transnacional por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Como punto de partida, Marston y APM ven con buenos ojos la propuesta que les entregó el interventor Alexander Aizenstatd para hallar una solución para el pronto funcionamiento de la terminal.
La representante de APM está al tanto de la deuda que acarrea TCQ, lo que necesita para funcionar en lo que resta del año (US18 millones) y la cifra de operación para el siguiente (US$21 millones). La compañía está anuente a asumir la responsabilidad ya que no pueden hacer a un lado la fuerte inversión en TCQ, la cual asciende a US$180 millones y la indemnización por US$43.2 millones que debe pagar al Estado de Guatemala por perjuicios. Además tienen deudas por construcción que asciende a US$ 9 millones y de compra de equipo por US$ 8 millones.
¿APM está dispuesta a participar en una nueva licitación abierta?
De lo que no está al tanto es acerca de la demanda que existe con unos terrenos que fueron subarrendados por TCQ, lo cual puede retrasar el trámite de anulación total, según la Procuradora General Annabella Morfín.
También puede leer: ¿Quién debe decidir el futuro de TCQ?
Sin embargo hay varios puntos que generaron discusión en la Junta Directiva de la empresa, comenta Marston. Por ejemplo, dejar el equipo comprado por la empresa al Estado de Guatemala luego de finalizar el contrato.
“La transferencia de la propiedad del equipo fue algo que discutimos con la Junta y no solamente el equipo, sino el diseño de ingeniería civil de la terminal, la maquinaria”, dijo.
“Esta maquinaria cuesta US$9 millones y normalmente después de un período de concesión las desarmamos y utilizamos las grúas en otros lugares y esto no lo podemos hacer aquí. Hemos acordado transferir la propiedad al Estado de Guatemala al final del período de concesión y eso va a tener un impacto financiero para nosotros, por lo cual acordamos aceptar la propuesta sin importar la situación, pero para amortizar, necesitamos un periodo más largo, por lo que hemos pedido al Estado que considere otorgarnos 25 años de concesión, en lugar de 21“, comenta la ejecutiva.
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“A mí me gustaría reunirme con la procuradora general Annabella Morfín, pero entiendo que primero ellos deben de analizar la propuesta. Espero que esto tenga un grado de prioridad alto y estén dispuestos a reunirse”, expresó Marston.
Según la ejecutiva, la sugerencia de abandonar el acuerdo de usufructo y reemplazarlo por un acuerdo de concesión no fue ningún problema ya que esa no es la figura correcta. El único inconveniente que encuentra es que se va a recurrir al Congreso para que se apruebe el nuevo contrato y ese es un elemento de incertidumbre.
¿Ve cuesta arriba que el tema pase al Congreso?
Sin máquina de Rayos X
Algo que llamó la atención a APM Terminals, fue la no instalación de la máquina de Rayos X, que no estaba contemplada en el contrato interior. “Eso nos sorprendió ya que en el acuerdo de usufructo explícitamente decía que se eliminara el uso de la máquina de rayos X”.
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“En varias partes del mundo nosotros tenemos este uso de la máquina porque es nuestra práctica normal que como empresa incluimos, pero de todas maneras lo haremos con mucho agrado”, agregó la entrevistada.
Marstón expresó que también implementarán un programa de cumplimiento de cláusulas anticorrupción. “Es parte de nuestro proceso de integración, es un programa de cumplimiento para todas las terminales de TCB.
La vicepresidenta de APM Terminals, Susanne Marston, se encuentra en Guatemala con el propósito de alcanzar una solución final para el problema legal por el que atraviesa la empresa transnacional por el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Como punto de partida, Marston y APM ven con buenos ojos la propuesta que les entregó el interventor Alexander Aizenstatd para hallar una solución para el pronto funcionamiento de la terminal.
La representante de APM está al tanto de la deuda que acarrea TCQ, lo que necesita para funcionar en lo que resta del año (US18 millones) y la cifra de operación para el siguiente (US$21 millones). La compañía está anuente a asumir la responsabilidad ya que no pueden hacer a un lado la fuerte inversión en TCQ, la cual asciende a US$180 millones y la indemnización por US$43.2 millones que debe pagar al Estado de Guatemala por perjuicios. Además tienen deudas por construcción que asciende a US$ 9 millones y de compra de equipo por US$ 8 millones.
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De lo que no está al tanto es acerca de la demanda que existe con unos terrenos que fueron subarrendados por TCQ, lo cual puede retrasar el trámite de anulación total, según la Procuradora General Annabella Morfín.
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Sin embargo hay varios puntos que generaron discusión en la Junta Directiva de la empresa, comenta Marston. Por ejemplo, dejar el equipo comprado por la empresa al Estado de Guatemala luego de finalizar el contrato.
“La transferencia de la propiedad del equipo fue algo que discutimos con la Junta y no solamente el equipo, sino el diseño de ingeniería civil de la terminal, la maquinaria”, dijo.
“Esta maquinaria cuesta US$9 millones y normalmente después de un período de concesión las desarmamos y utilizamos las grúas en otros lugares y esto no lo podemos hacer aquí. Hemos acordado transferir la propiedad al Estado de Guatemala al final del período de concesión y eso va a tener un impacto financiero para nosotros, por lo cual acordamos aceptar la propuesta sin importar la situación, pero para amortizar, necesitamos un periodo más largo, por lo que hemos pedido al Estado que considere otorgarnos 25 años de concesión, en lugar de 21“, comenta la ejecutiva.
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“A mí me gustaría reunirme con la procuradora general Annabella Morfín, pero entiendo que primero ellos deben de analizar la propuesta. Espero que esto tenga un grado de prioridad alto y estén dispuestos a reunirse”, expresó Marston.
Según la ejecutiva, la sugerencia de abandonar el acuerdo de usufructo y reemplazarlo por un acuerdo de concesión no fue ningún problema ya que esa no es la figura correcta. El único inconveniente que encuentra es que se va a recurrir al Congreso para que se apruebe el nuevo contrato y ese es un elemento de incertidumbre.
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Sin máquina de Rayos X
Algo que llamó la atención a APM Terminals, fue la no instalación de la máquina de Rayos X, que no estaba contemplada en el contrato interior. “Eso nos sorprendió ya que en el acuerdo de usufructo explícitamente decía que se eliminara el uso de la máquina de rayos X”.
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“En varias partes del mundo nosotros tenemos este uso de la máquina porque es nuestra práctica normal que como empresa incluimos, pero de todas maneras lo haremos con mucho agrado”, agregó la entrevistada.
Marstón expresó que también implementarán un programa de cumplimiento de cláusulas anticorrupción. “Es parte de nuestro proceso de integración, es un programa de cumplimiento para todas las terminales de TCB.