La ocupación de pobladores de la Comunidad La Campana y el acceso limitado a una válvula de alivio ubicada en un terreno privado pueden resultar dos “bombas de tiempo” para la Hidroeléctrica Chixoy.
Cuando se construyó la hidroeléctrica a finales de los años setenta se colocó en un tramo, cerca del túnel, una válvula de alivio de presión, pero se hizo en un terreno privado.
El dueño actual de la propiedad contó que cuando se colocó la válvula, no se le informó nada a su padre (quien era el propietario del terreno en ese entonces). Ahora, más de 30 años después, vuelve a recordar al INDE que la propiedad es privada, y no permitirá el paso libre.
Esta válvula sirve para evitar “golpes de ariete”, un fenómeno que se produce cuando hay cambios de presión bruscos y que causan daños en las tuberías e instalaciones hidráulicas.
La válvula de alivio, como otros componentes de la hidroeléctrica que opera desde hace 33 años, requiere de mantenimiento y acceso libre. Si en un caso necesario no se activa, la tubería podría explotar o romperse.
Delegados del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) escucharon el 1 de octubre las peticiones de pobladores de la Comunidad La Campana, que manifiestan desde el 26 de septiembre en el ingreso de la Hidroeléctrica Chixoy.
Luis García Pinot, director de Geoservicios, indicó que si se diera una emergencia, y técnicos del INDE, no pueden accionar la válvula, porque se les impide el paso en el terreno privado, conllevaría a problemas que repercuten en la hidroeléctrica Chixoy.
“No se podrían aliviar presiones en la tubería y eso daría lugar a fisuras en el túnel. Las fisuras haría que haya una pérdida de agua y eso no permitiría generar energía eléctrica”, indicó el ingeniero.
La Hidroeléctrica Chixoy juega un rol primordial para el parque eléctrico de Guatemala, ya que sus cinco turbinas Pelton la colocan como la planta de mayor capacidad de potencia del país, con 280.9 megavatios (MW).
“La generación de energía de Chixoy sirve de base para la demanda diaria de unos 1700 MW del país. Su falta provocaría que el el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) convoque a motores de combustible. Eso tendría una repercusión sobre la tarifa”, explicó Pinot.
Segunda “bomba de tiempo”
Desde el 25 de septiembre las instalaciones de la Hidroeléctrica Chixoy fueron tomadas por pobladores de la Comunidad La Campana, al municipio de Chicamán, Quiché.
El uso intimidatorio con armas de fuego, disparos y la amenaza de quemar la bocatoma de la hidroeléctrica es una preocupación para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), porque atenta contra los bienes de la planta.
Los pobladores indican que manifiestan como medida de presión para el Gobierno, ante la falta del cumplimiento del pago de las tierras que eran de su propiedad y que actualmente son ocupadas por el INDE.
Según García Pinot, la presencia de los comunitarios y la falta de respuesta del Gobierno puede desencadenar una situación “que se salga de control” en la cual se afecte la infraestructura de Chixoy, especialmente en la bocatoma, lo cual afectaría el funcionamiento de la planta hidroeléctrica.
La bocatoma sirve para introducir y controlar el ingreso de agua a la tubería de la hidroeléctrica. Su función es captar la cantidad máxima de agua del caudal del río a la que esta capacitada Chixoy, y desecha el exceso.
“Si bien respeto el derecho de reclamación de los pobladores, iniciar una acción en contra de la hidroeléctrica, pondría en riesgo el suministro para el 95 por ciento de las personas que tienen energía eléctrica hoy día en Guatemala”, explicó el ingeniero al señalar que el Gobierno debe abordar el tema como “seguridad nacional”, lograr un acuerdo y evitar un desastre.
Desconoce caso
Edwin Escobar, vicepresidente del consejo directivo del INDE, dijo desconocer el caso de la válvula de alivio en propiedad privada, ya que no se ha discutido en la junta directiva, por lo que haría las consultas.
“Es primera vez que lo escucho (el caso), haré las consultas a gerencia (del INDE). Puede ser o no ser cierta (la situación), pensaría que no. Me extraña mucho. Es un tema que no se ha tocado en el INDE”, indicó el también alcalde de Villa Nueva.
Según Escobar, “muchas personas han visto una oportunidad para cobrar recursos” al aprovechar temas de conflictividad, incluso “privados” que quieren cobrar derechos de servidumbre, usufructo o ventas de tierras a precios no correctos.
Al ser consultado por los pobladores de “La Campana”, dijo que es el Estado, representado por la Comisión Presidencial del Diálogo y de Derechos Humanos, quien debe atender la solicitud de las personas que tienen tomada la hidroeléctrica Chixoy desde septiembre.
“El INDE esta en una situación de incompetencia para tratar el tema, ni siquiera debe pagar (la indemnización, es el Estado)”, señaló al invitar a los pobladores a que busquen un diálogo y no “atentar contra la vida de los empleados en la hidroeléctrica”, dijo Escobar y agregó: “Se pone en riesgo un patrimonio estratégico del Estado de Guatemala”.
La PDH invitó el 2 de octubre a a los pobladores de “La Campana” y a las autoridades del Gobierno a mantener el diálogo con el objetivo de solucionar las diferencias. La institución mencionó la importancia que tiene el Gobierno de cumplir con acuerdos adquiridos en mesas de negociación, y de los cuales ha hecho caso omiso.
Tanto García Pinot y Escobar coinciden que el costo de no tener en funcionamiento la Hidroeléctrica Chixoy sería alto para el país, ya que la generación de la hidroeléctrica es clave para cumplir con la demanda energética del país y es un pilar para la Tarifa Social que aporta el INDE.
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Cuando se construyó la hidroeléctrica a finales de los años setenta se colocó en un tramo, cerca del túnel, una válvula de alivio de presión, pero se hizo en un terreno privado.
El dueño actual de la propiedad contó que cuando se colocó la válvula, no se le informó nada a su padre (quien era el propietario del terreno en ese entonces). Ahora, más de 30 años después, vuelve a recordar al INDE que la propiedad es privada, y no permitirá el paso libre.
Esta válvula sirve para evitar “golpes de ariete”, un fenómeno que se produce cuando hay cambios de presión bruscos y que causan daños en las tuberías e instalaciones hidráulicas.
La válvula de alivio, como otros componentes de la hidroeléctrica que opera desde hace 33 años, requiere de mantenimiento y acceso libre. Si en un caso necesario no se activa, la tubería podría explotar o romperse.
Delegados del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) escucharon el 1 de octubre las peticiones de pobladores de la Comunidad La Campana, que manifiestan desde el 26 de septiembre en el ingreso de la Hidroeléctrica Chixoy.
Luis García Pinot, director de Geoservicios, indicó que si se diera una emergencia, y técnicos del INDE, no pueden accionar la válvula, porque se les impide el paso en el terreno privado, conllevaría a problemas que repercuten en la hidroeléctrica Chixoy.
“No se podrían aliviar presiones en la tubería y eso daría lugar a fisuras en el túnel. Las fisuras haría que haya una pérdida de agua y eso no permitiría generar energía eléctrica”, indicó el ingeniero.
La Hidroeléctrica Chixoy juega un rol primordial para el parque eléctrico de Guatemala, ya que sus cinco turbinas Pelton la colocan como la planta de mayor capacidad de potencia del país, con 280.9 megavatios (MW).
“La generación de energía de Chixoy sirve de base para la demanda diaria de unos 1700 MW del país. Su falta provocaría que el el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) convoque a motores de combustible. Eso tendría una repercusión sobre la tarifa”, explicó Pinot.
Segunda “bomba de tiempo”
Desde el 25 de septiembre las instalaciones de la Hidroeléctrica Chixoy fueron tomadas por pobladores de la Comunidad La Campana, al municipio de Chicamán, Quiché.
El uso intimidatorio con armas de fuego, disparos y la amenaza de quemar la bocatoma de la hidroeléctrica es una preocupación para el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), porque atenta contra los bienes de la planta.
Los pobladores indican que manifiestan como medida de presión para el Gobierno, ante la falta del cumplimiento del pago de las tierras que eran de su propiedad y que actualmente son ocupadas por el INDE.
Según García Pinot, la presencia de los comunitarios y la falta de respuesta del Gobierno puede desencadenar una situación “que se salga de control” en la cual se afecte la infraestructura de Chixoy, especialmente en la bocatoma, lo cual afectaría el funcionamiento de la planta hidroeléctrica.
La bocatoma sirve para introducir y controlar el ingreso de agua a la tubería de la hidroeléctrica. Su función es captar la cantidad máxima de agua del caudal del río a la que esta capacitada Chixoy, y desecha el exceso.
“Si bien respeto el derecho de reclamación de los pobladores, iniciar una acción en contra de la hidroeléctrica, pondría en riesgo el suministro para el 95 por ciento de las personas que tienen energía eléctrica hoy día en Guatemala”, explicó el ingeniero al señalar que el Gobierno debe abordar el tema como “seguridad nacional”, lograr un acuerdo y evitar un desastre.
Desconoce caso
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“Es primera vez que lo escucho (el caso), haré las consultas a gerencia (del INDE). Puede ser o no ser cierta (la situación), pensaría que no. Me extraña mucho. Es un tema que no se ha tocado en el INDE”, indicó el también alcalde de Villa Nueva.
Según Escobar, “muchas personas han visto una oportunidad para cobrar recursos” al aprovechar temas de conflictividad, incluso “privados” que quieren cobrar derechos de servidumbre, usufructo o ventas de tierras a precios no correctos.
Al ser consultado por los pobladores de “La Campana”, dijo que es el Estado, representado por la Comisión Presidencial del Diálogo y de Derechos Humanos, quien debe atender la solicitud de las personas que tienen tomada la hidroeléctrica Chixoy desde septiembre.
“El INDE esta en una situación de incompetencia para tratar el tema, ni siquiera debe pagar (la indemnización, es el Estado)”, señaló al invitar a los pobladores a que busquen un diálogo y no “atentar contra la vida de los empleados en la hidroeléctrica”, dijo Escobar y agregó: “Se pone en riesgo un patrimonio estratégico del Estado de Guatemala”.
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