La filial española del Grupo Maersk envió una notificación al Gobierno de Jimmy Morales para informar sobre su intención de iniciar un caso de arbitraje internacional, en contra del Estado de Guatemala.
Mogens Larsen, director del portafolio de APM Terminals en Latinoamérica, indicó que la compañía dedicó “tiempo y esfuerzos” en resolver “una situación que se originó antes” que el “gigante danés” Maersk adquiriera la Terminal de Puerto Quetzal (TCQ).
“Pero, después de casi dos años y medio, la situación sigue sin resolverse, por lo tanto, nos vemos obligados a proteger la inversión sustancial que hemos realizado y los compromisos que hemos demostrado con Guatemala”, indicó Larsen por medio de un comunicado.
En mayo de 2016, la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso un recurso ante la sala quinta del Juzgado Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del contrato de usufructo, que constituye la base legal para la construcción y operación de la terminal de Puerto Quetzal.
En diciembre de 2017, ese mismo Juzgado notificó la decisión de declarar nulo al contrato de usufructo, lo que “ha colocado a APM Terminals en una situación de gran incertidumbre y riesgo“, según el documento.
Un arbitraje de inversión internacional podría tener efectos adversos para Guatemala en el área de la inversión extranjera directa y la calificación del riesgo país, consideró Grupo Maersk.
El Estado de Guatemala podría verse en la obligación de compensar no solo el deterioro de la inversión que se ha dado hasta el momento, sino también a pagar la restitución de las inversiones realizadas en el país, que a la fecha ascienden a cerca de US$200 millones.
“La nulidad del contrato de usufructo y el consiguiente cierre de la terminal no solo tendría un impacto en el Grupo Maersk, sino que también tendría un impacto negativo severo en la conectividad del comercio exterior de Guatemala, su infraestructura portuaria y el empleo local”, señaló Larsen.
Cambio de nombre
APM Terminals Quetzal reinauguró sus operaciones en noviembre de 2017, en un acto en el que uno de los detalles que más resaltó fue el cambio de nombre.
La compañía genera más de 400 empleos directos e indirectos y opera a un 80 por ciento de su capacidad y cuenta con planes de expansión y mejoramiento.
Resolución de controversia
Guatemala y España firmaron el Instrumento Internacional para la Protección de las Inversiones Aplicable (APRI) para la promoción y protección recíproca de inversiones, que entró en vigor en mayo de 2004.
Según el APRI, el inversionista puede notificar a la parte contratante la existencia de una disputa, que inicia un período durante el cual el inversionista y el Estado contratante deberían entablar conversaciones sobre la resolución de la controversia.
Luego de transcurrido dicho período, si no se llega a un acuerdo, el inversionista puede iniciar un arbitraje internacional, que es justo lo que hizo la filial española del Grupo Maersk.
La filial española del Grupo Maersk envió una notificación al Gobierno de Jimmy Morales para informar sobre su intención de iniciar un caso de arbitraje internacional, en contra del Estado de Guatemala.
Mogens Larsen, director del portafolio de APM Terminals en Latinoamérica, indicó que la compañía dedicó “tiempo y esfuerzos” en resolver “una situación que se originó antes” que el “gigante danés” Maersk adquiriera la Terminal de Puerto Quetzal (TCQ).
“Pero, después de casi dos años y medio, la situación sigue sin resolverse, por lo tanto, nos vemos obligados a proteger la inversión sustancial que hemos realizado y los compromisos que hemos demostrado con Guatemala”, indicó Larsen por medio de un comunicado.
En mayo de 2016, la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso un recurso ante la sala quinta del Juzgado Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del contrato de usufructo, que constituye la base legal para la construcción y operación de la terminal de Puerto Quetzal.
En diciembre de 2017, ese mismo Juzgado notificó la decisión de declarar nulo al contrato de usufructo, lo que “ha colocado a APM Terminals en una situación de gran incertidumbre y riesgo“, según el documento.
Un arbitraje de inversión internacional podría tener efectos adversos para Guatemala en el área de la inversión extranjera directa y la calificación del riesgo país, consideró Grupo Maersk.
El Estado de Guatemala podría verse en la obligación de compensar no solo el deterioro de la inversión que se ha dado hasta el momento, sino también a pagar la restitución de las inversiones realizadas en el país, que a la fecha ascienden a cerca de US$200 millones.
“La nulidad del contrato de usufructo y el consiguiente cierre de la terminal no solo tendría un impacto en el Grupo Maersk, sino que también tendría un impacto negativo severo en la conectividad del comercio exterior de Guatemala, su infraestructura portuaria y el empleo local”, señaló Larsen.
Cambio de nombre
APM Terminals Quetzal reinauguró sus operaciones en noviembre de 2017, en un acto en el que uno de los detalles que más resaltó fue el cambio de nombre.
La compañía genera más de 400 empleos directos e indirectos y opera a un 80 por ciento de su capacidad y cuenta con planes de expansión y mejoramiento.
Resolución de controversia
Guatemala y España firmaron el Instrumento Internacional para la Protección de las Inversiones Aplicable (APRI) para la promoción y protección recíproca de inversiones, que entró en vigor en mayo de 2004.
Según el APRI, el inversionista puede notificar a la parte contratante la existencia de una disputa, que inicia un período durante el cual el inversionista y el Estado contratante deberían entablar conversaciones sobre la resolución de la controversia.
Luego de transcurrido dicho período, si no se llega a un acuerdo, el inversionista puede iniciar un arbitraje internacional, que es justo lo que hizo la filial española del Grupo Maersk.