El aumento de denuncias por invasiones a la propiedad privada es una de las razones que motivó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), a impulsar la creación del Observatorio de Derechos de Propiedad.
Por el momento este Observatorio contará con el apoyo de instituciones del sector público y privado, el Ministerio Público (MP), Registro General de la Propiedad (RGP), Segundo Registro de la Propiedad (SRP) y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).
Nils Leporowski, presidente del Cacif, afirmó que el respeto a la propiedad es un derecho fundamental inherente a la persona humana, que debe ser garantizado por el Estado. Además que es un pilar importante para el desarrollo económico y social de Guatemala.
Además, Roberto Ardón, director Ejecutivo del Cacif, dijo que los esfuerzos necesarios para fortalecer la protección al derecho humano de propiedad en Guatemala, implicaría una mejoría en las oportunidades de crecimiento económico inclusivo y las oportunidades de desarrollo, una reducción de la conflictividad, una mayor atracción para la inversión, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Alianza interinstitucional
Consuelo Porras, Fiscal General del MInisterio Público (MP), recalcó que la institución bajo su cargo tomará en cuenta los estudios, diagnósticos e informes relacionados con delitos cometidos contra la propiedad en Guatemala, proporcionados por el Observatorio para fortalecer las investigaciones que realiza el MP.
Luis Alfredo Pineda, registrador General de la Propiedad, dijo que “la suscripción del convenio tiene como objetivo fortalecer los lazos entre el sector público y privado para tratar de evitar la usurpación de fincas y robo de propiedades”.
Denuncias
Según Leporowski, “en Guatemala cada día se presentan seis denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con invasiones a propiedad privada, es decir, usurpación”.
Sin embargo, no están incluidos los demás delitos que se cometen contra el patrimonio y que se contemplan en el sistema de justicia de Guatemala.
Agrega Leporowski que la falta de aplicación de la ley y ausencia del Estado causa que sigan creciendo las operaciones de estructuras del crimen organizado.
Cifras
De acuerdo con Ardón, según información de la Secretaría de Asuntos Agrarios (cesada en funciones en 2020), hasta el 2018 existían cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupadas de forma irregular. Y en promedio reportaba aproximadamente 240 conflictos anuales derivados de dichas ocupaciones.
Y entre el 2013 y el 2021, el Ministerio Público ha reportado 19 mil 51 denuncias por delitos de usurpación, un aproximado de 2 mil 300 denuncias por año. Desconociéndose cuántas de estas han avanzado a su fase de investigación o cuántas de ellas fueron resueltas.
Ardón explicó que en los primeros 70 días del año 2021, el Ministerio Público ha acumulado 550 denuncias de este tipo.
En el ámbito internacional, Guatemala ocupa el puesto número 89 de 129 en materia del Índice de Derechos de Propiedad calculado por la Property Rights Alliance. Con una calificación de 4.966 y un puesto número 13 a nivel latinoamericano y el Caribe.
Qué hará el Observatorio
El Observatorio de los Derechos de Propiedad será un ente permanente, encargado de promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala; mediante el monitoreo, sistematización y comunicación sobre los casos de violaciones a los derechos de propiedad.
Utilizando fuentes de información oficial que permitan transparentar y coadyuvar el actuar de la institucionalidad pública a cargo de garantizar estos derechos.
El Observatorio estará a cargo de María Andréa Cáceres y José Fernando Orellana Wer.
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Nils Leporowski, presidente del Cacif, afirmó que el respeto a la propiedad es un derecho fundamental inherente a la persona humana, que debe ser garantizado por el Estado. Además que es un pilar importante para el desarrollo económico y social de Guatemala.
Además, Roberto Ardón, director Ejecutivo del Cacif, dijo que los esfuerzos necesarios para fortalecer la protección al derecho humano de propiedad en Guatemala, implicaría una mejoría en las oportunidades de crecimiento económico inclusivo y las oportunidades de desarrollo, una reducción de la conflictividad, una mayor atracción para la inversión, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
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Consuelo Porras, Fiscal General del MInisterio Público (MP), recalcó que la institución bajo su cargo tomará en cuenta los estudios, diagnósticos e informes relacionados con delitos cometidos contra la propiedad en Guatemala, proporcionados por el Observatorio para fortalecer las investigaciones que realiza el MP.
Luis Alfredo Pineda, registrador General de la Propiedad, dijo que “la suscripción del convenio tiene como objetivo fortalecer los lazos entre el sector público y privado para tratar de evitar la usurpación de fincas y robo de propiedades”.
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Sin embargo, no están incluidos los demás delitos que se cometen contra el patrimonio y que se contemplan en el sistema de justicia de Guatemala.
Agrega Leporowski que la falta de aplicación de la ley y ausencia del Estado causa que sigan creciendo las operaciones de estructuras del crimen organizado.
Cifras
De acuerdo con Ardón, según información de la Secretaría de Asuntos Agrarios (cesada en funciones en 2020), hasta el 2018 existían cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupadas de forma irregular. Y en promedio reportaba aproximadamente 240 conflictos anuales derivados de dichas ocupaciones.
Y entre el 2013 y el 2021, el Ministerio Público ha reportado 19 mil 51 denuncias por delitos de usurpación, un aproximado de 2 mil 300 denuncias por año. Desconociéndose cuántas de estas han avanzado a su fase de investigación o cuántas de ellas fueron resueltas.
Ardón explicó que en los primeros 70 días del año 2021, el Ministerio Público ha acumulado 550 denuncias de este tipo.
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El Observatorio de los Derechos de Propiedad será un ente permanente, encargado de promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala; mediante el monitoreo, sistematización y comunicación sobre los casos de violaciones a los derechos de propiedad.
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