La infraestructura vial de Guatemala es insuficiente y en la actualidad se encuentra en mal estado, algunas vías incluso abandonadas. Por ello el sector privado plantea seis propuestas para cambiar el modelo actual a uno que agilice la construcción de carreteras, garantice el desarrollo económico y social de las comunidades y promueva alianzas para dar seguimiento a las obras.

Estas sugerencias surgen tras analizar cuántos recursos y cómo se han destinado para el desarrollo de infraestructura vial en Guatemala durante los últimos 12 años, y el monto asignado al Ministerio de Comunicaciones, Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El estudio fue elaborado por el Observatorio del Presupuesto del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que analiza el tema y plantea las seis propuestas.

• Cambiar el modelo y aprobar de urgencia la Ley de Infraestructura Vial
• Aprobar por parte del Congreso la liquidación de presupuestos del gobierno, entidades autónomas, incluyendo las municipalidades, tal como lo establece la ley
• Aprobar una normativa que permita recuperar las obras públicas detenidas o abandonadas por litigios 
• Verificar el trabajo de Covial según el Plan de Infraestructura Vial y su impacto económico y social en las comunidades
• Propiciar alianzas institucionales locales para dar seguimiento a cada proyecto vial
• Desarrollar el recurso humano de la Dirección General de Caminos en áreas como planificación departamental y nacional

Carreteras en litigio y abandonadas

Guatemala necesita construir 47,500 kilómetros de carretera durante los próximos 15 años, según datos de entidades internacionales.

En caso se alcanzara ese objetivo, se pasaría de contar de 7,342 kms. de red pavimentada y 9,115 kms. de red de terracería a 48 mil kms. de red pavimentada y a 16 mil kms. de terracería.

Pero según el Cacif para lograr esa meta se requiere cambiar el modelo de desarrollo de infraestructura vial.

Otro problema que se debe resolver es el caso de las carreteras en litigio. Se estima que un 10% de la red vial tiene esa dificultad legal que impide el mantenimiento o cualquier trabajo para su reparación, afectando el desarrollo de las comunidades, señaló Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif.

Además, en este informe el Observatorio del Presupuesto considera relevante destacar que no solo el Ministerio de Comunicaciones ejecuta fondos para infraestructura vial, también los Codedes y el Mides. 

Los Codedes tienen la mayor cantidad de proyectos, aunque el monto asignado es bajo comparado con el Ministerio de Comunicaciones con menos obras, pero con el mayor porcentaje de fondos.

En este caso, sobre todo con las municipalidades, se complica la fiscalización, por ello la importancia de que las organizaciones locales sigan de cerca la ejecución y calidad de los proyectos, con asistencia técnica de instituciones especializadas.

Asimismo, el Cacif subraya en su informe que la reciente reforma a la ley del presupuesto del Estado, que permite trasladar fondos no ejecutados este año al siguiente periodo, abre la puerta para dejar obras en suspenso en 2022 para terminarlas en 2023, con el propósito de convertirlas en un instrumento político en año electoral.