A principios de septiembre el Estado de California aprobó una nueva propuesta de ley que tiene como objetivo aumentar el salario mínimo hasta US$22 la hora. Esta iniciativa busca aumentar, el que ya es uno de los salarios mínimos más altos de Estados Unidos, de US$15 la hora.

Aunque en un principio el incremento puede parecer no significativo, US$7 dólares más por hora o 30% más que el vigente, para quienes tienen un negocio o han trabajado y conocen los costos asociados al factor humano, entenderán que es un aumento significativo.

Sin embargo, tal como lo han hecho los legisladores de California cuando se debate el tema de salarios, este no se hace desde una perspectiva técnica sino desde un enfoque social o un sistema de compensación del costo de vida.

El problema, las externalidades negativas que surgen a partir de decisiones políticas que deciden obviar la realidad técnica. La iniciativa podría aumentar el número de empresas que consideran el Estado anti-mercado, cuyas leyes reducen la competitividad empresarial, y que por ende lo abandonan y migran a uno más amigable para las empresas.

Así como se presenta en el estudio “Why Company Headquarters Are Leaving California in Unprecedented Numbers” elaborado por el Instituto Hoover de la Universidad de Standford.

Al llevar la discusión al contexto nacional, el salario promedio en Guatemala en el área urbana metropolitana es de Q. 3,348 y de Q. 1,724 para el área rural, según la Encuesta de Ingreso y Empleos de 2021 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

En el mismo año se estableció, por medio del Decreto 278-2021, que el salario mínimo para actividades no agrícolas sería de Q. 3,209.24. Sin embargo, ninguna de las cantidades expuestas coincide e inclusive, a pesar de que el decreto de 2021 estableció un aumento al salario mínimo de 4.75%, el promedio urbano metropolitano disminuyó del 2019 al 2021 en 7%.

Asimismo el lector detallista habrá notado que he hecho mención al salario promedio en el área urbana pero dentro de la región metropolitana. Esto porque inclusive existe una tercera categoría, la del salarió urbano fuera del área metropolitana y que es en promedio de Q. 2,550 mensuales.

Adicional, que el salario mínimo legal sea de Q3,209 no significa que no existan puestos laborales para alguien que esta iniciando su carrera laboral con mejores o peores sueldos.

Esto porque tanto la brecha entre los salarios urbanos y urbanos de los departamentos dentro del área metropolitana, adicional a los rurales, no tiene correlación con los Decretos o mandatos legales que se puedan dar, sino con la capacidad y competitividad del área y el capital humano.

Al observar los resultados del Índice de Competitividad Local 2021 elaborado por FUNDESA, es más fácil entender la correlación. Para comenzar, se puede observar una marcada diferencia entre los municipios urbanos y los rurales en aspectos de productividad.

Adicional, aunque el promedio de productividad anual por trabajador de 2021 se situó en US$ 21,956.64, este no presenta mucha diferencia al alcanzado en 1980 que rondaba los US$ 20 mil dólares anuales.

En contraste en Costa Rica la productividad laboral anual es de US$ 51,224.27 al año para el 2021. Sin necesidad de profundizar mucho en el tema ya se podría establecer una relación entre la productividad laboral y la capacidad del trabajador a acceder a un mejor salario o entorno.

No obstante, a modo de ejemplo se puede decir que no se requiere el mismo perfil técnico para realizar una tarea de ingeniero que para ser un jornalero. Y cada uno de los trabajos mencionados antes representa un rango de salarios diferentes, con base al aporte a la producción que realizan; así como abundancia del perfil profesional.

Sin embargo, no podría implementar de la noche a la mañana una política que convierte y otorgue a la población de jornaleros del conocimiento y título de un ingeniero. Esto porque sin una empresa que requiera de este perfil, ahora tendríamos a ingenieros trabajando como jornaleros con el mismo rango de salario.

Por ello en las profesiones o perfiles técnicos que son iguales, la diferencia de salarios entre el entorno urbano y rural también presenta diferencias. Por ejemplo, un zapatero que trabaje o venda su producto en el área urbana metropolitana podría cobrar más por su trabajo que un zapatero en Zaragoza, Chimaltenango.

El poder adquisitivo del entorno y la derrama económica de las industrias o negocios de la zona también influyen al ser elementos externos que compiten por una misma mano de obra. Se podría esperar que el zapatero del ejemplo anterior puede decidir entre el emprender con su propia zapatería o, trabajar para una maquila de zapatos dependiendo del beneficio esperado por sus habilidades entre ambas opciones. Asumiendo que se ha dado la inversión de una empresa de este tipo.  

Por ello y aunque pueda parecer frío, cuando se realiza el debate de los salarios mínimos no se debería de enfocar en qué tan alto debería de ser o si cubre o no las necesidades de una población.

Aunque son elementos de gran importancia, el debate debería de centrarse en si las condiciones del entorno son capaces de atraer empresas que pagan salarios más altos. Esto porque no serviría de nada tener una población llena de universitarios si estos no tienen donde trabajar, asimismo, no servirá de nada buscar empresas con altos salarios si estas no tendrán a los perfiles profesionales con las habilidades técnicas necesarias para sus operaciones.

La competitividad y educación van de la mano y deben de ser consideradas como simbióticas para que, a diferencia de California, los salarios no aumenten por Ley, sino por que el ecosistema lo impulsa.