Para Jorge Mario Hurtarte,subcoordinador de Reconstrucción de la Secretaría Ejecutiva Presidencia, en forma general se estima que el proceso dereconstrucción del terremoto del 2012 se encuentra entre un 68 a 70% de avance. Sin embargo, datosde la misma entidad indican que aún falta por reconstruir 10comisarías; 381 escuelas por reparar de las 482 dañadas; 2,381 casas por construirde las 7,310 comprometidas; así como 6 proyectos de agua potable en cascosurbanos; y diez proyectos de hospitales y centros de salud  de los que falta un 38% deejecución.  Rodolfo Castañon, diputado marquensede la bancada TODOS, comentó que desde la emergencia constataron que hubosobrevaloración en la compra de materiales; sin embargo, 20 meses han pasado y será hasta ahora que ‘interpondrá 25 denuncias judiciales’ para deducir las responsabilidades. El legislador no especifica contra qué persona o entidad. Para comprobar las denuncias, un equipo está terminando derecolectar toda la información “esperando que se presenten las denuncias loantes posible”, explicó.Agregado a ello, diputados de laoposición coinciden en que sefavoreció a cierto sector de la población para la edificación de casas porqueeran partidistas o afines a la actual administración. Otro de los hallazgos donde huboatraso fue en la solución de la problemática de la propiedad de los terrenosdonde anteriormente habían casas o escuelas, ya que las familias no teníanalgún documento donde respaldara la certeza jurídica del los bienes inmuebles yterrenos, aseguró Marco Antonio Orozco, diputado delPartido Patriota, que justifica de esta manera el atraso en la reconstrucción.Orozco explicó que por ese problema se compró material para 2 mil 500 casas yéste se encuentra embodegado, por lo que proyecta utilizarse para edificar o reconstruirlas casas dañadas con el nuevo evento telúrico. Por su parte, el diputado CarlosEnrique Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), considera que sereflejó una mala práctica de construcción en las  casas que entregó elGobierno a las familias damnificadas y que nuevamente fueron dañadas con el temblor del pasado 7 de julio. Y aunque representa al departamento deSan Marcos, reconoce que sólo hizo una inspección visual como parte de lafiscalización. Otro ente encargado de lafiscalización del uso de los recursos del Estado, es la Contraloría General deCuentas, que luego de 20 meses del terremoto todavía se encuentra ‘recolectandoinformación’. Al consultar qué tipo de auditoría han realizado en  esteproceso de reconstrucción, la comunicadora Mirja de León explicó que se realiza alas ‘entidades de gobierno que participan en la misma’ y que “continúanrecolectando la información”. 

Diputados marquenses: Unafiscalización sin resultados concretos  

San Marcos es uno de losdepartamentos con más representantes en el Congreso de la República con ochoparlamentarios electos. Seis de ellos coinciden en afirmar que realizaron unafiscalización física, pero ninguno ofrece muestras de haber indagado en los temasfinancieros. De tal manera que la fiscalización, que es uno de los mandatos quecomo parlamentarios ostentan, no ha sido efectiva en la reconstrucción delterremoto del departamento donde tienen sus electores. En lo que coinciden los legisladores de oposición es en afirmar que existió supuesta sobrevaloración en la compra y adquisiciones, y que losproblemas con el atraso en la construcción de 2,381 casas se suman a losnuevos daños ocasionados por el sismo del pasado 7 de julio. Por eso, Carlos Mejía asegura que promoverá que en el nuevo Estado de Calamidadse establezcan candados presupuestarios para que los beneficios lleguendirectamente a los afectados.

Falta de informes e informacióndesactualizada 

El Congreso dela República ratificó el Decreto Gubernativo 3-2012, que declaró Estado deCalamidad Pública en ocho departamentos del sur-occidente del país por elterremoto. En la modificación del artículo 2 se especifica que el Presidente de la República, conjuntamente con los Ministros de Estado, deberán remitir un informecircunstanciado al Congreso de la República. Sin embargo, han transcurrido 20  meses y según diputados consultados (electos por San Marcos) no lo han recibido.El informe debería contener el monto de losrecursos invertidos según lo estipulado por el Estado deCalamidad, la entidad responsable de la inversión, los logrosalcanzados y gastos realizados, así como el nombre de las empresas o personas(individuales o jurídicas) que hayan participado en atender las obras einvertido recursos provenientes del Estado. Asimismo, todas las contratacionesque se realizaron bajo el amparo del decreto mencionado deben llevar elregistro fotográfico, registro de renglones de trabajo ejecutado, certificaciónde la causa y daño ocurrido (emitido por CONRED). Todo ello no lo ha entregado el Ejecutivo según los parlamentarios; ellos tampoco lo han exigido como corresponde.Juan Manuel Giordano, diputado electo por San Marcos que se ha trasladado recientemente a la bancada LIDER, dice que “no citó a empleados o directores de Gobiernoporque lamentablemente no mandan la información o la mandan alterada. Según ellos, han cumplido con los tiempos y al final se genera una granburocracia para que el diputado fiscalizador no pueda llegar al fondo delasunto y demostrar que el Gobierno no cumplió con lo prometido”. Para Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que la falta de rendición de cuentas porparte del Ejecutivo es evidente, ya que en el decreto de Estado de Calamidad establecía que el Ministerio de Finanzas abriera una ventana en su portal,para mantener actualizados los datos sobre la ejecución de las compras yadquisiciones en la reconstrucción del terremoto, pero tampoco esto se hizo.En cuanto a la actualización de lainformación luego del terremoto, el Gobierno se comprometió en su momento a abrir portalespara mantener actualizados los datos de la reconstrucción. La vicepresidencia habilitó la primerpágina de Internet www.reconstruyendoguatemala.secyt.gob.gt, pero en la actualidadse encuentra deshabilitada. Luego quedó funcionando la página www.plandereconstruccion.transparencia.gob.gt. Ambas tenían el propósito detransparentar el uso de los recursos. Al consultar el segundo portal, lainformación de éste no es actualizada y tiene solamente datos generales. JorgeMario Hurtarte, subsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP),  reconoció que las dependencias del Gobierno se han atrasado en ingresar lainformación. 

Reconstrucción no finalizaráeste año