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Terremoto 2012: Fiscalización de diputados sólo en discurso

Redacción
25 de julio, 2014
Para varios legisladores el proceso
de reconstrucción por el terremoto del 7 de noviembre de 2012 tiene un avance
de 60%, un cálculo que realizan subjetivamente porque desde que se aprobara el Estado
de Calamidad Pública no han recibido informes de las
entidades de Gobierno referentes al avance físico y ejecución financiera.

Para Jorge Mario Hurtarte,
subcoordinador de Reconstrucción de la Secretaría Ejecutiva Presidencia, en forma general se estima que el proceso de
reconstrucción del terremoto del 2012 se encuentra entre un 68 a 70% de avance. Sin embargo, datos
de la misma entidad indican que aún falta por reconstruir 10
comisarías; 381 escuelas por reparar de las 482 dañadas; 2,381 casas por construir
de las 7,310 comprometidas; así como 6 proyectos de agua potable en cascos
urbanos; y diez proyectos de hospitales y centros de salud  de los que falta un 38% de
ejecución.  

Rodolfo Castañon, diputado marquense
de la bancada TODOS, comentó que desde la emergencia constataron que hubo
sobrevaloración en la compra de materiales; sin embargo, 20 meses han pasado y será hasta ahora que ‘interpondrá 25 denuncias judiciales’ para deducir las responsabilidades. El legislador no especifica contra qué persona o entidad. Para comprobar las denuncias, un equipo está terminando de
recolectar toda la información “esperando que se presenten las denuncias lo
antes posible”, explicó.

Agregado a ello, diputados de la
oposición coinciden en que se
favoreció a cierto sector de la población para la edificación de casas porque
eran partidistas o afines a la actual administración. Otro de los hallazgos donde hubo
atraso fue en la solución de la problemática de la propiedad de los terrenos
donde anteriormente habían casas o escuelas, ya que las familias no tenían
algún documento donde respaldara la certeza jurídica del los bienes inmuebles y
terrenos, aseguró Marco Antonio Orozco, diputado del
Partido Patriota, que justifica de esta manera el atraso en la reconstrucción.
Orozco explicó que por ese problema se compró material para 2 mil 500 casas y
éste se encuentra embodegado, por lo que proyecta utilizarse para edificar o reconstruir
las casas dañadas con el nuevo evento telúrico. 

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Por su parte, el diputado Carlos
Enrique Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), considera que se
reflejó una mala práctica de construcción en las  casas que entregó el
Gobierno a las familias damnificadas y que nuevamente fueron dañadas con el temblor del pasado 7 de julio. Y aunque representa al departamento de
San Marcos, reconoce que sólo hizo una inspección visual como parte de la
fiscalización. 

Otro ente encargado de la
fiscalización del uso de los recursos del Estado, es la Contraloría General de
Cuentas, que luego de 20 meses del terremoto todavía se encuentra ‘recolectando
información’. Al consultar qué tipo de auditoría han realizado en  este
proceso de reconstrucción, la comunicadora Mirja de León explicó que se realiza a
las ‘entidades de gobierno que participan en la misma’ y que “continúan
recolectando la información”. 

Diputados marquenses: Unafiscalización sin resultados concretos  

San Marcos es uno de los
departamentos con más representantes en el Congreso de la República con ocho
parlamentarios electos. Seis de ellos coinciden en afirmar que realizaron una
fiscalización física, pero ninguno ofrece muestras de haber indagado en los temas
financieros. De tal manera que la fiscalización, que es uno de los mandatos que
como parlamentarios ostentan, no ha sido efectiva en la reconstrucción del
terremoto del departamento donde tienen sus electores. 

En lo que coinciden los legisladores de oposición es en afirmar que existió supuesta sobrevaloración en la compra y adquisiciones, y que los
problemas con el atraso en la construcción de 2,381 casas se suman a los
nuevos daños ocasionados por el sismo del pasado 7 de julio. Por eso, Carlos Mejía asegura que promoverá que en el nuevo Estado de Calamidad
se establezcan candados presupuestarios para que los beneficios lleguen
directamente a los afectados.

Falta de informes e informacióndesactualizada 

El Congreso de
la República ratificó el Decreto Gubernativo 3-2012, que declaró Estado de
Calamidad Pública en ocho departamentos del sur-occidente del país por el
terremoto. En la modificación del artículo 2 se especifica que el Presidente de la República, conjuntamente con los Ministros de Estado, deberán remitir un informe
circunstanciado al Congreso de la República. Sin embargo, han transcurrido 20  meses y según diputados consultados (electos por San Marcos) no lo han recibido.

El informe debería contener el monto de los
recursos invertidos según lo estipulado por el Estado de
Calamidad, la entidad responsable de la inversión, los logros
alcanzados y gastos realizados, así como el nombre de las empresas o personas
(individuales o jurídicas) que hayan participado en atender las obras e
invertido recursos provenientes del Estado. Asimismo, todas las contrataciones
que se realizaron bajo el amparo del decreto mencionado deben llevar el
registro fotográfico, registro de renglones de trabajo ejecutado, certificación
de la causa y daño ocurrido (emitido por CONRED). Todo ello no lo ha entregado el Ejecutivo según los parlamentarios; ellos tampoco lo han exigido como corresponde.

Juan Manuel Giordano, diputado electo por San Marcos que se ha trasladado recientemente a la bancada LIDER, dice que “no citó a empleados o directores de Gobierno
porque lamentablemente no mandan la información o la mandan alterada. Según ellos, han cumplido con los tiempos y al final se genera una gran
burocracia para que el diputado fiscalizador no pueda llegar al fondo del
asunto y demostrar que el Gobierno no cumplió con lo prometido”. 
Para Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), indicó que la falta de rendición de cuentas por
parte del Ejecutivo es evidente, ya que en el decreto de Estado de Calamidad establecía que el Ministerio de Finanzas abriera una ventana en su portal,
para mantener actualizados los datos sobre la ejecución de las compras y
adquisiciones en la reconstrucción del terremoto, pero tampoco esto se hizo.

En cuanto a la actualización de la
información luego del terremoto, el Gobierno se comprometió en su momento a abrir portales
para mantener actualizados los datos de la reconstrucción. La vicepresidencia habilitó la primer
página de Internet www.reconstruyendoguatemala.secyt.gob.gt, pero en la actualidad
se encuentra deshabilitada. Luego quedó funcionando la página www.plandereconstruccion.transparencia.gob.gt. Ambas tenían el propósito de
transparentar el uso de los recursos. Al consultar el segundo portal, la
información de éste no es actualizada y tiene solamente datos generales. Jorge
Mario Hurtarte, subsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP),  reconoció que las dependencias del Gobierno se han atrasado en ingresar la
información. 

Reconstrucción no finalizaráeste año


A pesar de haber ampliado
la vigencia del Estado de Calamidad del 2012 en siete ocasiones, con el argumento
de agilizar las compras y adquisiciones para ser más efectiva la reconstrucción por el terremoto y evitar la burocracia del Estado, a la fecha no se ha logrado avanzar el porcentaje
de ejecución física establecida por el Gobierno. Esto lo corrobora Hurtarte e
indica que la reconstrucción no se terminará este año. Ahora se suman los nuevos
daños ocasionados por el evento telúrico del pasado 7 de julio, por lo que se
aumentará más el tiempo y las familias afectadas continuarán tratando de sobrevivir por sus propios medios.
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