La gestión en el primer año y cuatro meses del titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), Carlos Morán Pop, no ha ha dado los mejores resultados ya que en los últimos doce meses la conflictividad agraria, que la entidad debe prevenir y solucionar, se ha incrementado.
A mayo del 2017 se registraron 244 casos de conflictos agrarios, lo que evidencia un aumento del 43% en comparación con los reportados en igual periodo del año pasado, según datos de la institución.
- Disputas territoriales: 195, crecieron 47%.
- Conflictos por límites territoriales; 11, aumentaron 267%.
- Regularización de terrenos: 23, subieron 92%.
- Área afectada por nuevos conflictos: 498 mil 229 hectáreas, incremento del 1,656%.
- Personas involucradas: 49 mil 979; aumento del 76%.
- Invasiones: 15, descenso de 31%.
Departamentos más conflictivos
Los nuevos casos ingresados a mayo muestran una agudización del problema en seis departamentos. Uno de ellos es Alta Verapaz.
Ahí se reportan 61 problemas agrarios lo que evidencia un 103% más. El principal conflicto que creció fue el de disputa de derechos con 54 casos, lo que equivale al 260% más. Las invasiones en esta región sumaban cinco evidenciando una baja del 61%.
Luego está Quiché, con 43 (87% más) y nuevamente la disputa de derechos fue mayor al pasar de 23 a 40; es decir, un 74% más.
A la lista se suma Izabal donde se duplicaron al pasar de 10 a 20. Este es el único departamento que reporta un alza de las invasiones de propiedad privada. En esta región este problema pasó de 3 a 5, evidenciando un alza del 67%.
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En Baja Verapaz la conflictividad agraria creció en 400%, en Huehuetenango 160% y en San Marcos 200%, según el informe de la SAA.
“El país tiene muchas necesidades estructurales, entre ellas está el acceso a tierras, que es un planteamiento que hacen muchas comunidades, pero las instancias competentes en ese tema no tienen la capacidad financiera para atenderlos. Las dos modalidades de acceso a tierra son arrendamientos y la regularización que son competencia de otra institución”, afirma Morán Pop al hablar del tema.
“La situación nuestra es que quizá los casos estaban ahí, pero no se habían denunciado o planteado, puesto que la población a partir de 2016 con los movimientos cívicos ha empezado a desarrollar una cultura de denuncia”, agrega el funcionario.
En los 16 meses de gestión de Carlos Morán, titular de la SAA, los conflictos agrarios se han incrementado.
Institución débil
De acuerdo con el Plan Operativo Anual 2016 de esta Secretaría, elaborado en último año del Partido Patriota (PP), los equipos de trabajo en áreas de alta conflictividad son limitados tanto en personal como en el conocimiento de los idiomas de las regiones.
Sumado a ello se carece de un sistema eficaz que permita la organización, sistematización, el almacenamiento y la transferencia de conocimiento e información que se convierta en pública, en tiempo real acerca de los conflictos, lo cual retrasa la toma de decisiones.
Las limitaciones no terminan ahí. También enumera que los procesos de prevención de conflictos no existen o no son seguidos y que son inexistentes o no atendidos procedimientos sobre la actuación de la Secretaría en casos de desalojos.
Hay más debilidades. Se identificó falta de coordinación al interior de la SAA y procesos confusos en la atención de casos; además, se indica que la respuesta a requerimientos de urgencia, sobre conflictos y política agraria, es ineficiente.
Todo ello “repercute en el incremento de tiempo en los procesos de atención, administrativos y de resolución de conflictos”, concluye la autoevaluación de la SAA.
Morán Pop resta importancia al documento y lo desacredita. “Fue hecho un una gestión anterior. Nosotros entramos en marzo de 2016 y no tuvimos injerencia en los planteamientos que ahí se detallan”, dijo.
Luego indicó que ya habían elaborado el Plan Operativo Anual de 2017 “que es de la gestión que yo presido”. Y cuando se le solicitó una copia intervino su asesor, Amílcar Calel, quien sugirió pedirlo por medio de la Unidad de Acceso a la Información, la cual se tarda 10 días en entregarlo.
Cuando se le indicó a Calel que lo más fácil era que ellos me entregaran una copia se limitó a responder “hay que seguir los procedimientos”.
Menos dinero y personal
El presupuesto vigente de la SAA para el año en curso es de Q38 millones y refleja una disminución del 11.5% con respecto al 2016 y del 15.5% con respecto al del 2015, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).
El total de conflictos se ha acumulado en los últimos 17 años y en estos participa la Secretaría como mediador, a petición de las partes.
Así se dividen los conflictos:
- 954 (66.3%) son por disputa de derechos,
- 62 (4.3%) por límites territoriales,
- 181 (12.6%) por tema de regularización y
- 242 (16.8%) por invasiones.
De estos casos, los más graves se ha registrado en el Valle del Polochic.
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Hasta junio la cantidad de empleados de la SAA ascendía a 230, lo que evidencia una reducción de 48 en relación con el año pasado. Eso también se refleja en el presupuesto. Lo destinado actualmente para remuneraciones es de Q23.5 millones; Q1.9 millones menos que en 2016.
La SAA cuenta este año con menos presupuesto y personal en comparación con el 2016.
Al respecto el secretario de la SAA argumentó que en los “gobiernos anteriores se politizó la contratación y en algunos casos había personal innecesario y por ello se cancelaron contratos. No hay poco personal ni sobrecontratación, tenemos las personas ideales y necesarias”.
Este capítulo no se ha cerrado. Aún está por verse si la tendencia hacia arriba en los conflictos agrarios se mantiene en lo que resta del año. De momento el secretario de la Secretaría tiene razones para estar intranquilo.
Lea mañana:
¿Quién es y de dónde surgió el titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios?
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- Regularización de terrenos: 23, subieron 92%.
- Área afectada por nuevos conflictos: 498 mil 229 hectáreas, incremento del 1,656%.
- Personas involucradas: 49 mil 979; aumento del 76%.
- Invasiones: 15, descenso de 31%.
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“La situación nuestra es que quizá los casos estaban ahí, pero no se habían denunciado o planteado, puesto que la población a partir de 2016 con los movimientos cívicos ha empezado a desarrollar una cultura de denuncia”, agrega el funcionario.
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Institución débil
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Sumado a ello se carece de un sistema eficaz que permita la organización, sistematización, el almacenamiento y la transferencia de conocimiento e información que se convierta en pública, en tiempo real acerca de los conflictos, lo cual retrasa la toma de decisiones.
Las limitaciones no terminan ahí. También enumera que los procesos de prevención de conflictos no existen o no son seguidos y que son inexistentes o no atendidos procedimientos sobre la actuación de la Secretaría en casos de desalojos.
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