A finales de enero el equipo coordinador del Observatorio de Derechos de Propiedad y periodistas de República. viajaron al municipio de El Estor, Izabal, con la intención de documentar de primera mano la situación actual que se vive en el llamado Valle del Polochic. El presente informe consiste en una síntesis de las historias, anécdotas y vivencias relatadas por un grupo de guatemaltecos afectados por violaciones a su derecho humano de propiedad, entre otra serie de derechos que día a día se siguen vulnerando.
El Estor: Qué es y qué podría ser
El municipio de El Estor queda a unas seis horas de la Ciudad de Guatemala, en las faldas de una cordillera boscosa y a la orilla del Lago de Izabal. Por su ubicación, su clima y la calidad de sus suelos, entre otras características, tiene el potencial de ser un municipio atractivo para la inversión local e internacional en sectores como la agroindustria, la minería y turismo.
Es el segundo municipio más grande del departamento de Izabal, y junto con los municipios de Senahú, Panzós, La Tinta, Tucurú y Tamahú, conforman el Valle del Polochic. Al llegar al municipio lo primero que se percibe es una evidente falta de infraestructura económica y social.
“Aquí las rutas (de terracería) las tenemos que mantener nosotros, entre los usuarios y las pocas empresas que aún quedan en el lugar”, dice el conductor.
Caminando en el centro del municipio, la pobreza, las condiciones deplorables y el subdesarrollo se hacen notar.
“Con el paso del tiempo, en este municipio las únicas fuentes de empleo que se siguen generando son por la mina (CGN-Pronico), las plantaciones de palma (lideradas por Naturaceites) y la municipalidad”, comenta uno de los acompañantes, mientras nos dirigíamos a un recinto en el que nos reunimos a conversar y a escuchar el testimonio de víctimas de violaciones a sus derechos de propiedad en el área.
"Un municipio en extrema pobreza donde la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado han encontrado espacio para perpetuarse" o “la zona caliente”, son términos que las autoridades del municipio utilizan en ocasiones para describir al Valle del Polochic.
Conforme avanzamos hacia nuestro destino, escuchamos algunas historias sobre los grupos de crimen organizado que operan en el municipio y es en ese momento en el que empieza a hacer sentido el contenido del informe “Vacío de Poder y Narcotráfico, El Valle del Polochic”, elaborado por el Observatorio de la Conflictividad, el cual relata que esa área se ha convertido en el epicentro del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.
El problema no es el narcotráfico en sí, sino que estructuras criminales y organizaciones se han coludido con la industria del tráfico drogas, en perjuicio del desarrollo y la paz de los estoreños.
Los estados de excepción, las emboscadas contra las fuerzas de seguridad, los bloqueos, la violencia, las muertes, las invasiones y la ingobernabilidad, son la norma en El Estor, municipio en el que muchos lugareños pensaron que podrían desarrollar su proyecto de vida y, en vez de ello, terminaron por perderlo todo y con sus derechos violentados.
La presencia del Estado en el área es mínima. No fue sino hasta hace un año que se inauguró la primera agencia fiscal del Ministerio Público en el municipio. Según algunos pobladores, la Policía Nacional Civil, aunque cuenta con una subestación en el municipio, “ha dejado de intervenir cuando se le pide auxilio, por las amenazas contra la vida de los agentes”.
Hablar de El Estor usualmente va acompañado de hablar de conflictividad, pero también de invasiones. El municipio se ha hecho de fama nacional. El presente informe busca darles voz a algunas de las víctimas de violaciones al derecho humano de propiedad, pues la falta de diligenciamiento eficiente de sus casos por parte de los garantes de la propiedad los ha dejado en un estado de permanente indefensión y con un sentimiento de impotencia.
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El Estor en las voces de las víctima
El caso de la Familia Chiquín
“El sistema funciona tan mal que es como estar espantando moscas de un pastel”, comenta Marco Vinicio Chiquín, con rostro de frustración y derrota.
Los hermanos Chiquín y su padre fueron los primeros en llegar a la reunión. Con la intención de invertir en el negocio de la siembra del arroz, adquirieron seis pequeñas fincas (en conjunto son más de 200 manzanas) y las inscribieron en el Registro General de la Propiedad.
Además, nivelaron los terrenos con tecnología láser. Su inversión fue de unos Q14 millones financiados con un crédito bancario, con colateral las propiedades que habían adquirido.
La primera invasión que sufrieron fue en un área de 18 manzanas que tenían a disposición para beneficio de sus colaboradores. Según explicaron, los usurpadores fueron los comunitarios de la aldea Cahaboncito y utilizaron la tierra que les despojaron para sembrar maíz.
El problema más grande fue en 2018, en su finca “Tierra Nueva”. Un grupo de 43 personas violentas llegó a tomar posesión de la tierra. En esta ocasión, llegaron con banderas del Comité de Unidad Campesina (CUC). Sus colaboradores, al darse cuenta de que se quedarían sin trabajo, terminaron por unirse a los usurpadores.
A la fecha, cinco de las seis propiedades de la familia Chiquín siguen bajo el control de los usurpadores, pues, aunque indican que quienes invadieron no se mantienen en los inmuebles, en las ocasiones en las que ellos han intentado recuperar la posesión de la tierra que legítimamente les pertenece, pronto aparece un grupo de entre 10 y 15 usurpadores fuertemente armados.
La familia Chiquín denunció el caso en el Ministerio Público, se acercó al gobernador departamental, buscó ayuda con la que fuese la Secretaría de Asuntos Agrarios, y ninguna de estas instituciones ha sido capaz de darle una salida. Los afectados continúan amortizando el crédito que adquirieron, aun sin tener la capacidad de producir para pagarlo, derivado de que perdieron su inversión a raíz de la invasión.
La familia Chiquín y otras víctimas de estas violaciones aseguran que existe una gran estructura criminal detrás de los constantes delitos contra la propiedad inmueble. Indican que grupos como el CUC y la Defensoría Q'eqchi', lideran la invasión de propiedades y se aprovechan del desconocimiento de personas que viven en condiciones de pobreza, vendiéndoles parcelas de tierra invadida.
Posteriormente, algunos de de estos grupos coordinan la habilitación de pistas clandestinas para el aterrizaje de drogas, y también operan de acuerdo con otros grupos para bloquear los caminos y permitir circulación de los cargamentos sin mayor problema.
La situación es compleja. Los afectados saben que las organizaciones que lideran las usurpaciones reciben financiamiento, aunque no se encuentra claramente identificado de dónde provienen los recursos.
Asimismo, comentan que el sacerdote católico Daniel Joseph Vogt, quien desde hace décadas tiene su misión evangelizadora en el departamento de Izabal, triangula mecanismos de apoyo para los usurpadores. Tanto en el caso del apoyo internacional como del sacerdote, todo se realiza bajo el presunto argumento de que los usurpadores son defensores de derechos humanos, cuando realmente se trata de estructuras de crimen organizado cuyos objetivos van más allá de los de una mera usurpación.
Violeta, dueña de El Hotel Calle Real
Violeta es la dueña un bello y elegante hotel y restaurante de El Estor, el Hotel Calle Real, pero su hotel y su negocio va en decadencia porque el turismo en la zona es casi nulo por los niveles de conflictividad en la zona. Maneja su hotel junto con su familia, la cual se asentó en El Estor desde finales del siglo pasado.
Según comenta, en el año 2017 el problema de las usurpaciones se agravó en el municipio, por lo que el turismo ya no es un negocio en el municipio y la crisis económica que atraviesa producto de ello la ha llevado a vender propiedades y así mantener su operación y pagar al banco el préstamo que adquirió hace algunos años para invertir en su hotel.
Al igual que la familia Chiquín, explica que la Defensoría Q'eqchi', el sacerdote católico Daniel Joseph Vogt y Action Aid, organización no gubernamental de Gran Bretaña, junto con otros grupos de europeos que llegan al municipio, incentivan a pobladores del área a invadir propiedades.
Aparte de esas organizaciones, otros entrevistados resaltan que, cada vez que hay un bloqueo o un problema de ingobernabilidad en el sector, es usual que coincida con avionetas aterrizando con cargamentos de droga.
El caso del Señor de las 60 Manzanas
Por razones de seguridad, el señor de las 60 manzanas, como le llamaremos en este relato, pidió no ser identificado. En 2016 el señor De León era propietario de un terreno de 60 manzanas que adquirió con sus ahorros en el municipio de El Estor, en la comunidad Sepur Límite. Confiado en que podría generar el dinero suficiente para mejorar su economía y ahorrar para su retiro, se dedicó a plantar un bosque y pastizales para ganado.
Un año después grupos que se identificaron como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina y el Comité de Unidad Campesina (CUC), se presentaron de forma violenta a su propiedad. Le dieron ocho días para sacar el ganado. Al área invadida los usurpadores le denominaron “Las Caobas”.
El señor De León estima que sus pérdidas son de casi Q2 millones. Con desánimo comenta que ya no confía en las autoridades pues la municipalidad de El Estor les reconoció un Cocode en el área invadida y el Ministerio Público nunca actuó para ayudarlo a gestionar su caso. Comenta que, incluso, a los invasores se les han instalado servicios públicos como energía eléctrica.
“Si no estuvieran las fincas de palma, si no estuvieran esas fincas de ganado, si no estuvieran esas fincas de madera, la gente no tendría trabajo”, comentó con tristeza el señor De León.
El caso de Chabiland
La finca Chabiland también se ubica en El Estor. Sus propietarios han hecho una vasta inversión por la siembra y cultivo de palma africana. La finca es propiedad de la empresa guatemalteca NaturAceites. El terreno fue invadido por comunidades que han arrasado con más de 800 mil metros cuadrados de palma, talando y quemando las plantaciones.
La invasión Chabiland ocurrió el 11 de mayo del 2020. Vecinos de Chinebal, encabezados por Juan Perez Cac, invadieron los lotes 10402, 10403, 10404 y 10405, así como el sector conocido como Sepemech de la Finca Chabiland, en donde iniciaron mediciones para talar la palma cultivada.
La Policía Nacional Civil al haber recibido la denuncia por parte del propietario de la Finca Chabiland, procedió a constatar la violación al derecho humano de propiedad. Las autoridades consecuentemente procedieron a solicitar órdenes de captura contra los responsables por un delito flagrante. Sin embargo, no lograron ejecutar las capturas debido a la actitud hostil y superioridad numérica del grupo invasor comparado con el grupo policial.
Tras no haber solución legal pronta contra la comunidad invasora, NaturAceites decidió instalar una mesa de diálogo en donde participaron los líderes de la usurpación. La conversación consistió en aclarar la situación de la propiedad, indicando con claridad que la tierra que reclama la comunidad es propiedad de la empresa. La mesa de diálogo no rindió frutos, y se rompió el diálogo. Se advirtió que lo último que quedaba era seguir con la vía judicial, explicando los delitos y las consecuencias.
Tras no haber un alto a la tala de los árboles de palma africana dentro de la finca, el Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Izabal, decretó una orden de desalojo. Sin embargo, la orden fracasó al haber detectado por parte de la PNC que los invasores contaban con armas de alto calibre. Para el próximo mes, se contó con un segundo intento de desalojo pacífico el cual también fracasó debido a que la
Policía identificó "posibles bajas civiles y heridos". Por última vez, el 16 de noviembre de 2021 el Juzgado de Paz del Municipio de El Estor procedió al tercer intento de desalojo el cual sí tuvo éxito.
Tras el tercer intento y el único exitoso, el CUC y otras organizaciones empezaron a apoyar a los líderes de la usurpación para que ampliaran el área invadida. Asimismo, procedieron a quemar y talar la palma africana de la finca y destruyeron 300 hectáreas.
La usurpación de la finca Chabiland no sólo afectó al propietario y a los trabajadores. La comunidad de Chinebal al no apoyar al grupo de Juan Pérez (líder de la invasión), decidió cambiar de Cocode, lo que desencadenó la captura de Juan Pérez Cac.
El grupo al no haber estado a gusto con la detención, prosiguió al secuestro de un piloto de pipa con el fin de solicitar la liberación del exdirigente del Cocode, como canje. Por lo sucedido, el juez obtuvo presión por parte de la comunidad indígena para liberar a Pérez Cac, y le otorgó medidas sustitutivas.
NaturAceites genera 4,000 empleos directos y 4,000 indirectos a nivel nacional. Situaciones como las de la finca Chabiland la han llevado a reconsiderar sus inversiones y suspender algunas operaciones, por el riesgo que implican. Esto afecta a los colaboradores que, cuando se suspenden trabajos, se quedan sin empleo por causa de la conflictividad y las violaciones de derechos humanos.
Hoy en día, la invasión se mantiene y los comunitarios han construido hasta sus casas en la tierra usurpada.
El turicentro de Mario Izaguirre
“La Fundación Guillermo Toriello ha estado muy fuerte en la zona, Jorge Macías (sobrino del exlíder guerrillero Cesar Montes) heredó el negocio de la Fundación. Este ya es un problema de crimen organizado”, comenta Mario Izaguirre luego de contar su historia.
Mario no es propietario de una finca invadida, pero al igual que en el caso de Violeta, la conflictividad y la falta de presencia del Estado en El Estor lo ha orillado a la bancarrota. Él es el dueño de un turicentro con maravillas naturales al que antes llegaban yates los fines de semana. Calcular sus pérdidas es muy complicado, pero lo que sí puede concluir es que el turismo ya no puede ser su fuente de sustento.
Según comenta Izaguirre, hay oenegés que han llegado a aprovecharse del desconocimiento y el hambre de las personas. Según indica, la Defensoría Q'eqchi' y la Fundación Guillermo Toriello se aliaron con intereses de políticos implicados en asuntos de narcoactividad y crimen organizado.
El caso de la finca PDM
Por razones personales y de seguridad, este afectado solicitó que no se identificaran sus datos personales, pero nos compartió información valiosa. De 15 caballerías que tiene su propiedad, cinco se encuentran completamente tomadas.
“La policía no trabaja para los dueños de las tierras, lo que sucede es que no tiene solvencia financiera y si uno está interesado en desalojar su finca, la única opción es financiarles todo”, comenta.
El Ministerio Público no ha hecho nada por avanzar su caso. Los líderes de la invasión se identificaron del Comité de Unidad Campesina, sin embargo, en la sede del CUC negaron su participación en esta invasión, comenta.
Al igual que en el caso del señor De León, el afectado explica que a los invasores se les han instalado servicios públicos como energía eléctrica por parte de la empresa que presta el servicio en el área.
El caso de Transacciones e Importaciones, S.A.
Este caso permite ejemplificar cómo en varios casos de usurpaciones es más rápido procesar a los que violentan el derecho humano de propiedad por delitos contra el ambiente que por usurpación.
Todo inició en 2017 en la Finca Tablitas y dos propiedades urbanas, todas ubicadas en El Estor. Los invasores de la finca Tablitas fueron impulsados por César Montes, sin embargo, los invasores luego se volvieron parte del Comité de Unidad Campesina.
En la finca Tablitas, los invasores talaron madera de manera ilegal. Los propietario presentaron la denuncia en el Ministerio de Ambiente y en el Ministerio Público. De los dos, el Ministerio de Ambiente ha sido más enérgico en la necesidad de perseguir los delitos cometidos. Los dueños de Transacciones e Importaciones SA. optaron por no seguir el trámite en el Ministerio Público por considerar que no sería eficiente.
El caso de las tres propietarias
La siguiente historia es de tres propietarias dueñas de un pequeño patrimonio familiar de 36.5 manzanas, que de forma repentina fueron amenazadas en 2017 por un grupo de 300 invasores con armas semiautomáticas.
Las afectadas se vieron obligadas a salir de su propiedad. Desde 2017 ingresaron la denuncia y a la fecha no se ha efectuado ningún desalojo. Lo que sí ha sucedido es la ejecución de tres órdenes de captura.
El líder de la invasión lotificó ilegalmente la tierra y vendió su puesto a Gilberto Choc Xux, alias Tecún. Al igual que en el caso de la finca PDM, los líderes de la invasión se identificaron como del Comité de Unidad Campesina, sin embargo, en la sede del CUC negaron su participación en esta invasión.
El Estor: La crisis en cifras
Al analizar la información estadística del Ministerio Público, se evidencia una falta de eficiencia y de eficacia denunciada por los afectados.
De los municipios del Valle del Polochic, El Estor y Panzós son los dos municipios más afectados con denuncias por delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años, con un total para cada uno de 83 denuncias. El problema radica en que, a nivel del Valle del Polochic, en el año 2016 no se cerró ningún caso, en 2017 y 2018 respectivamente, se cerraron 7 procesos, mientras que en 2019 y 2020 solamente dos respectivamente.
Al hacer una estimación, los datos estadísticos del Ministerio Público indican que en el 2016, por cada 100 denuncias en el Valle del Polochic por delitos contra la propiedad inmueble, no se cerró ninguna. En 2017, por cada 100 denuncias se cerraron nueve casos y en 2018 12. Sin embargo, en 2019 y 2020 el número vuelve a caer, con tres y cuatro casos cerrados por cada 100 denuncias presentadas en el Valle del Polochic.
Estas cifras implican una clara inacción por parte del sistema de justicia integral que ha llevado a las personas violentadas a vivir en un estado de completa indefensión, pues la ausencia de Estado no les permite garantizar sus derechos humanos básicos.
El Estor: Los asuntos pendientes
Luego de haber visitado y confirmado de primera mano la situación en El Estor, quedan más dudas que respuestas. Sería importante lograr determinar por qué en El Estor, siendo un municipio tan conflictivo, el Estado no ha priorizado una política de seguridad en el área.
Asimismo, si existe un problema de usurpaciones de tal escala en la región, es cuestionable la inexistencia de una política criminal efectiva que permita ejecutar los desalojos de manera efectiva y procesar a quienes cometen estos delitos.
La escalada de violaciones al derecho humano de propiedad no se detiene en El Estor por lo que identificar a los promotores de las usurpaciones y la proveniencia del financiamiento para estas actividades criminales deben ser una prioridad. Los motivos argüidos en la mayoría de los casos por los usurpadores consisten en reclamos de derechos ancestrales, sin embargo, sería importante determinar la legitimidad, fundamento y origen de estos reclamos.
Identificar a El Estor como un municipio conflictivo en el que el crimen organizado, el narcotráfico y algunas organizaciones locales han generado un estado de completa ingobernabilidad se ha convertido en la norma, pero la gran pregunta es: ¿Qué sería de El Estor si la conflictividad estuviera bajo control e imperara el respeto a las leyes y al derecho humano de propiedad?