Redacción
16 de junio, 2014
La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial emitió un campo pagado para exponer su postura sobre la declaración que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hiciera a periodistas de un matutino el pasado 12 de junio, sobre el supuesto enriquecimiento dudoso de algunos juzgadores.
En el campo pagado, la Asociación indica que según la Constitución Política de la República de Guatemala ‘todos los jueves y Magistrados tienen derecho de antejuicio para preservar la estabilidad en el desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública sin intimidaciones por razones espurias, políticas o ilegítimas, en virtud de lo cual no podrán ser sometidos a investigación penal sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa de conformidad con la ley.’
El documento agrega que ‘siendo el derecho de antejuicio inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable y cualquier acto de investigación que sea efectuado en contra de un juez o Magistrado vulnerando dicho derecho es contrario al ordenamiento constitucional’
En la publicación, los jueces y Magistrado exigen respeto a la independencia judicial, al debido proceso y al principio de legalidad. Además, exhortan a la CICIG ha desarrollar sus funciones con estricto apego a su mandato ‘de forma objetiva y no con base a rumores o especulaciones como ha sucedido’.
Los profesionales concluyen indicando que ‘la independencia judicial es una garantía de todos los ciudadanos guatemaltecos y por lo tanto su defensa y promoción son una necesidad apremiante para poder consolidar nuestro Estado de Derecho.’
El 12 de junio, durante un programa que un matutino realiza diariamente en su portal de noticias, Iván Velásquez conversó con periodistas para dar a conocer que se estaba realizando investigaciones de los jueces guatemaltecos, y según la indagación, algunos juzgadores se estaban enriqueciendo dudosamente. Declaraciones que causaron diversas reacciones en varios sectores de la sociedad, que solicitaron a la CICIG presentar las pruebas respectivas sobre sus aseveraciones.
Redacción
16 de junio, 2014
La Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial emitió un campo pagado para exponer su postura sobre la declaración que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hiciera a periodistas de un matutino el pasado 12 de junio, sobre el supuesto enriquecimiento dudoso de algunos juzgadores.
En el campo pagado, la Asociación indica que según la Constitución Política de la República de Guatemala ‘todos los jueves y Magistrados tienen derecho de antejuicio para preservar la estabilidad en el desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública sin intimidaciones por razones espurias, políticas o ilegítimas, en virtud de lo cual no podrán ser sometidos a investigación penal sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa de conformidad con la ley.’
El documento agrega que ‘siendo el derecho de antejuicio inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable y cualquier acto de investigación que sea efectuado en contra de un juez o Magistrado vulnerando dicho derecho es contrario al ordenamiento constitucional’
En la publicación, los jueces y Magistrado exigen respeto a la independencia judicial, al debido proceso y al principio de legalidad. Además, exhortan a la CICIG ha desarrollar sus funciones con estricto apego a su mandato ‘de forma objetiva y no con base a rumores o especulaciones como ha sucedido’.
Los profesionales concluyen indicando que ‘la independencia judicial es una garantía de todos los ciudadanos guatemaltecos y por lo tanto su defensa y promoción son una necesidad apremiante para poder consolidar nuestro Estado de Derecho.’
El 12 de junio, durante un programa que un matutino realiza diariamente en su portal de noticias, Iván Velásquez conversó con periodistas para dar a conocer que se estaba realizando investigaciones de los jueces guatemaltecos, y según la indagación, algunos juzgadores se estaban enriqueciendo dudosamente. Declaraciones que causaron diversas reacciones en varios sectores de la sociedad, que solicitaron a la CICIG presentar las pruebas respectivas sobre sus aseveraciones.