El 21 de agosto pasado la Asociación de Generadores con
Energía Renovable (AGER) emitió un campo pagado para manifestar su repudio por
los hechos de violencia contra la Finca San Luis, ubicada en Santa Eulalia,
Huehuetenango, donde se lleva a cabo un proyecto hidroeléctrico, cometidos por
pobladores ajenos a dicho municipio.
A 11 días de dicha publicación, la AGER nuevamente se
pronuncia por medio de un campo pagado para manifestar su total rechazo a la
retención ilegal de líderes de las microrregiones de San Eulalia, que se
conducían la semana pasada a realizar una ceremonia maya para pedir por la paz
y la abundancia en su municipio.
En la publicación AGER indica ‘nuestra preocupación por
el nivel de ingobernabilidad que ha alcanzado el departamento de Huehuetenango,
pues los ataques ya no son sólo en contra de inversiones, sino han llegado a
afectar a sus propios vecinos, a líderes y comunitarios que simplemente han
mostrado apertura a un diálogo para trabajar en conjunto un proyecto de
desarrollo para la zona’.
Ante esta situación, la Asociación de Generadores con
Energía Renovable hace ‘un llamado urgente al presidente de la República,
al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación para que tomen acciones
inmediatas que permitan recuperar el
orden, el respeto y complimiento de la ley en el departamento, así como
realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables de estos
últimos hechos de violencia’.
Además, la AGER hace una denuncia pública ante la
Procuraduría de Derechos Humanos y ante Alberto Brunori, representante de la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
‘por el acoso a los pobladores de Santa Eulalia, Huehuetenango, y
demandamos que garanticen su derecho a practicar sus costumbres y tradiciones a
favor de la paz y armonía en su comunidad’, puntualiza el campo pagado.
Por último el documento enfatiza que ‘es momento de que
las autoridades asuman su responsabilidad y hagan valer la ley en Guatemala y
que los principios fundamentales de los Derechos Humanos sean aplicados a todos
los guatemaltecos’.
El proyecto hidroeléctrico que se lleva a cabo en la Finca San Luis han sido objeto de hechos de violencia en las últimas semanas, ya que el 19 de agosto pasado un grupo de pobladores ingresó a las instalaciones del lugar para causar destrozos.
Por aparte, en el mes de mayo, la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, ubicada en San Mateo Ixtatánm, también fue destrozada por los pobladores que se oponen a los proyectos hidroeléctricos en el lugar.
El 21 de agosto pasado la Asociación de Generadores con
Energía Renovable (AGER) emitió un campo pagado para manifestar su repudio por
los hechos de violencia contra la Finca San Luis, ubicada en Santa Eulalia,
Huehuetenango, donde se lleva a cabo un proyecto hidroeléctrico, cometidos por
pobladores ajenos a dicho municipio.
A 11 días de dicha publicación, la AGER nuevamente se
pronuncia por medio de un campo pagado para manifestar su total rechazo a la
retención ilegal de líderes de las microrregiones de San Eulalia, que se
conducían la semana pasada a realizar una ceremonia maya para pedir por la paz
y la abundancia en su municipio.
En la publicación AGER indica ‘nuestra preocupación por
el nivel de ingobernabilidad que ha alcanzado el departamento de Huehuetenango,
pues los ataques ya no son sólo en contra de inversiones, sino han llegado a
afectar a sus propios vecinos, a líderes y comunitarios que simplemente han
mostrado apertura a un diálogo para trabajar en conjunto un proyecto de
desarrollo para la zona’.
Ante esta situación, la Asociación de Generadores con
Energía Renovable hace ‘un llamado urgente al presidente de la República,
al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación para que tomen acciones
inmediatas que permitan recuperar el
orden, el respeto y complimiento de la ley en el departamento, así como
realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables de estos
últimos hechos de violencia’.
Además, la AGER hace una denuncia pública ante la
Procuraduría de Derechos Humanos y ante Alberto Brunori, representante de la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
‘por el acoso a los pobladores de Santa Eulalia, Huehuetenango, y
demandamos que garanticen su derecho a practicar sus costumbres y tradiciones a
favor de la paz y armonía en su comunidad’, puntualiza el campo pagado.
Por último el documento enfatiza que ‘es momento de que
las autoridades asuman su responsabilidad y hagan valer la ley en Guatemala y
que los principios fundamentales de los Derechos Humanos sean aplicados a todos
los guatemaltecos’.
El proyecto hidroeléctrico que se lleva a cabo en la Finca San Luis han sido objeto de hechos de violencia en las últimas semanas, ya que el 19 de agosto pasado un grupo de pobladores ingresó a las instalaciones del lugar para causar destrozos.
Por aparte, en el mes de mayo, la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, ubicada en San Mateo Ixtatánm, también fue destrozada por los pobladores que se oponen a los proyectos hidroeléctricos en el lugar.