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Rayo se compromete a pagar bonos atrasados

Redacción República
12 de enero, 2016

El ministro de Salud informó este martes que pagarán los bonos atrasados a trabajadores del Sistema de Salud, pero enfatizó que no habrá pago para los contratistas que hayan ejecutado “negociaciones espurias”.

En el caso de los médicos residentes, adelantó que los sueldos pendientes serán cancelados a finales del presente mes y remarcó que el sistema de salud está en mejores condiciones en comparación con las que heredó a partir del 30 de septiembre último. ““No me imaginaba el deterioro que ha tenido el servicio público en el sistema de salud”, agregó.

Protestan en la zona 1

Las calles del Centro Histórico fueron escenario de una protesta por parte de unos 500 salubristas quienes manifestaron su inconformidad con la falta de pago de salarios y enfilaron por la Corte de Constitucionalidad (CC) y Congreso.

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La molestia se originó por lo que consideran es un incumplimiento del pacto colectivo. La marcha fue encabezada por los integrantes del Frente Nacional de Lucha (FNL) conocidos por obtener plazas en el Ministerio de Salud para sus dirigentes.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) califica el pacto colectivo de dañino para la nación, porque se firmo sin respaldo financiero para hacerlo cumplir y  no tuvo acompañamiento del Ministerio de Finanzas para dar aval. Tres ex ministros ya fueron denunciados por el tema.

Hace unos días el abogado Gabriel Orellana planteó una acción de inconstitucionalidad en contra del Pacto Colectivo suscrito entre el exministro de Salud Jorge Villavicencio, homologado por quien fuera titular de Trabajo Carlos Contreras y que modificado por Luis Monterroso, exjefe de la primera cartera en mención.

Orellana dijo que planteó la acción el 6 de enero porque con ese pacto por primera vez se contraponen derechos sociales. “¿Qué debe prevalecer? ¿Un pueblo sano o trabajadores bien pagados que dejan al pueblo sin acceso a salud?”, cuestionó.

Ante esta acción legal, los salubristas manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad, aduciendo que tienen derecho como trabajadores.


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