Por actuar a destiempo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) considera que no procede un amparo planteado por el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) en contra del proyecto Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua).
Con la acción legal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la semana pasada suspender provisionalmente las operaciones de la mina ya que los interponentes del amparo informaron que no se le había consultado a los pueblos indígenas sobre sus operaciones.
Sin embargo, tras un análisis, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM, informó que la licencia fue concedida en 2011 pero el amparo fue planteado en 2014 y que no se abordó la orden u autorización a dicho ministerio para suspender dichas operaciones.
“La CSJ manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto no se puede hacer más”, explicó y citó que los amparos deben presentarse a los 30 días de un agravio o al mismo tiempo tras enterarse de una acción de este tipo.
Calas citó la resolución de la CSJ en donde se indica que “se decreta el amparo provisional en virtud de que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo”.
El lugar, conocido como La Puya, ha sido foco de conflicto los últimos meses y en mayo 2014, se produjo un desalojo que derivó en unos 26 heridos. De momento, el MEM considera que las consultas comunitarias no son vinculantes.
En dicha cartera se registran 14 casos con impugnaciones en diferentes fases y la mayoría, doce, son de proyectos relacionados con la extracción de metales.
Por actuar a destiempo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) considera que no procede un amparo planteado por el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) en contra del proyecto Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua).
Con la acción legal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la semana pasada suspender provisionalmente las operaciones de la mina ya que los interponentes del amparo informaron que no se le había consultado a los pueblos indígenas sobre sus operaciones.
Sin embargo, tras un análisis, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM, informó que la licencia fue concedida en 2011 pero el amparo fue planteado en 2014 y que no se abordó la orden u autorización a dicho ministerio para suspender dichas operaciones.
“La CSJ manda a que suspendamos el otorgamiento, pero si ya está consumado el acto no se puede hacer más”, explicó y citó que los amparos deben presentarse a los 30 días de un agravio o al mismo tiempo tras enterarse de una acción de este tipo.
Calas citó la resolución de la CSJ en donde se indica que “se decreta el amparo provisional en virtud de que las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, como consecuencia se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo”.
El lugar, conocido como La Puya, ha sido foco de conflicto los últimos meses y en mayo 2014, se produjo un desalojo que derivó en unos 26 heridos. De momento, el MEM considera que las consultas comunitarias no son vinculantes.
En dicha cartera se registran 14 casos con impugnaciones en diferentes fases y la mayoría, doce, son de proyectos relacionados con la extracción de metales.