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Zury Ríos: "La pena de muerte está vigente, es legal y legítima"

Redacción República
16 de marzo, 2016

La exdiputada Zury Ríos promueve la aplicación de la pena de muerte y enfatiza que debido a la ola de violencia que azota el país, resulta necesaria ampliarla y denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos.

¿Considera que es necesario retomar el tema tomando en cuenta de que en el Congreso se presentó una iniciativa de ley al respecto recientemente?

La Convención Americana de Derechos Humanos establece ciertamente la obligación de los países que la han ratificado o se han adherido a no ampliar la pena de muerte, sin embargo, no establece obligación alguna para abolirla. La pena de muerte está vigente en Guatemala, es legal y legítima.

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La realidad de violencia y criminalidad en Guatemala han llegado a tal situación que hace necesario, no solo mantenerla sino ampliarla y si para ello es necesario denunciar la Convención debe hacerse.  No sería la primera vez que un Estado parte lo hace, Trinidad y Tobago la denunció en 1998, para restablecer la pena de muerte.

Entre muchas razones Estados Unidos no ratificó, ni se ha adherido a la Convención Americana y por eso ahí la pena de muerte continúa vigente, ampliándose y aplicándose como en gran cantidad de países.  Una tercera parte de los países del continente americano no son parte de la Convención.

¿Qué opina de las declaraciones de Cavallaro y la opinión de la CIDH quien cita la Convención sobre Derechos Humanos que no permite que los Estados apliquen la pena de muerte en situaciones no contempladas en el momento de la ratificación?

Es irónico que un ciudadano de un país que no es parte de la Convención ni reconoce por tanto la competencia de la Corte Americana haya sido electo, por presión del Gobierno Americano, miembro de la Comisión Americana y relator de ésta para Guatemala.

La CIDH es una Comisión que se ha ido convirtiendo en una supranacionalidad, ni acordada ni deseada, que ha rebasado los propósitos para los que fue creada, por ello Venezuela denunció a la Convención y lo consideran hacer otros países y por ello no la han aceptado no solo Estados Unidos, sino tampoco Canadá y la mayoría de países del Caribe.

La Comisión y la Corte están controladas por izquierdistas radicales y talibanes de los Derechos Humanos que pretenden convertirse en organismos supranacionales que deciden qué deben hacer o no los Estados irrespetando su soberanía.

El presidente Jimmy Morales ya dijo que respetará la ley y no hará uso del recurso de gracia. ¿Es correcta esta postura para un estadista?

El Presidente debería rechazar el vergonzoso informe de la Comisión, denunciarla y responder a la población que lo eligió y que demanda la pena de muerte y abordar con firmeza la lucha contra la delincuencia.

Durante su campaña se comprometió a aplicarla y hoy, la ciudadanía le pide que cumpla.

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