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Organizaciones apoyan prórroga de CICIG en Guatemala

Allan Martinez
18 de abril, 2016

Diferentes grupos sociales saludaron este lunes la solicitud formulada ante Naciones Unidas por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de ampliar por dos años una comisión anti-corrupción auspiciada por ese organismo que opera en el país desde 2007.

Morales, quien cumple su primera visita a la sede de la ONU, hizo la solicitud de extender la labor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) durante un encuentro en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideró que la ampliación del mandato “brindaría una importante oportunidad para afianzar los logros hasta ahora alcanzados y fortalecer el Estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, según un comunicado.

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La coordinadora de WOLA sobre seguridad ciudadana, Adriana Beltrán, dijo que el trabajo de la Cicig durante sus casi ocho años de permanencia en el país ha “sido fundamental en la lucha contra las redes criminales”.

La Cicig, cuyo mandato es apoyar la depuración del corrupto sistema de justicia en Guatemala y desarticular estructuras criminales incrustadas en el Estado, comenzó a operar en septiembre de 2007 y su gestión de dos años ha sido ampliada cuatro veces.

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en el país, consideró que la solicitud del gobernante “responde a lo que demanda la mayoría de la población”.

“El trabajo que ha hecho la Cicig es muy importante, de otra manera, sería volver al esquema de corrupción que se manejaba en años anteriores”, aseveró.

Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y coordinadora de la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia, afirmó que la petición del gobernante es un “buen paso hacia el combate a la corrupción”.

Una investigación de la Cicig y la Fiscalía local desarticuló el 16 de abril de 2015 una estructura de defraudación aduanera, la cual supuestamente era encabezada por el entonces presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.

El escándalo provocó masivas protestas callejeras que obligaron a Baldetti a renunciar al cargo el 8 de mayo, antes de ser capturada en agosto, mientras que Pérez lo hizo el 2 setiembre y fue encarcelado inmediatamente.


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