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¿Asamblea Nacional Constituyente o reforma constitucional?

Redacción República
04 de abril, 2016

Mientras los tres organismos del Estado buscan consenso para algunas reformas constitucionales, desde abajo, organizaciones como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), empezaron a promover cambios drásticos, su objetivo final es una Asamblea Nacional Constituyente que las entidades bautizaron como “Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.

Los tres organismos del Estado, junto con otras autoridades como el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, así como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, empiezan a reunirse para discutir cambios constitucionales parciales.

Heinz Heimann, portavoz presidencial, confirmó el encuentro, pero dijo que desconocía el lugar y la fecha. Extraoficialmente se sabe que se trataría de una reunión-desayuno para abordar temas relacionados con el sector justicia, este domingo 10 de abril.

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Rafael Rojas, presidente del Organismo Judicial, comentó que por el momento no tenía conocimiento oficial de la convocatoria, pero subrayó necesario participar en cualquier discusión relacionada con el sector justicia. En estos momentos dijo que su prioridad es hablar acerca de la Ley de la Carrera Judicial.

Qué demandan CODECA y CNOC

El proyecto de CODECA Y CNOC fue lanzado a mediados de marzo en su asamblea nacional realizada en Santo Domingo Suchitepéquez. Los planteamientos fueron plasmados en un documento que contiene 16 capítulos en los cuales se explican los orígenes, medios, demandas y método para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente que dé como resultado una nueva Constitución de la República de Guatemala.

En esa nueva norma jurídica piden incluir los siguientes temas:

Recuperar los servicios y bienes comunes privatizados (yacimientos mineros, hidrocarburíferos, espectro radioeléctrico, agua, etc.).

Prohibir la privatización de los servicios básicos y bienes fundamentales como el agua, el calor solar, el oxígeno, entre otros.

El Estado debe asumir soberanía y control sobre sus bienes naturales.

Revocatoria de mandato para todas/os las y los representantes electos por voto popular.

Todas las y los diputados deben ser electos por listado distrital. El Congreso Nacional estará conformado por 69 diputados. Los ex gobernantes no formarán parte del Parlacén.

Consulta popular para la aprobación o desaprobación de leyes.

Iniciativa legislativa ciudadana.

Ningún funcionario público podrá ganar más de 5 salarios mínimos, sin dietas.

Se establece impuesto a la herencia y al patrimonio económico.

Se propone un presupuesto económico total para la salud igual o mayor al 6 % del Producto Interno Bruto

Propone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, el o la Fiscal General y el Procurador General de Derechos humanos sean electos por voto popular.

Propone la participación activa y decisiva de la sociedad organizada en la gestión de la seguridad (seguridad ciudadana comunitaria), junto a una Policía Nacional Civil depurada. El Ejército no debe ocuparse de la seguridad interna.

Propone la prohibición del libre mercado de armas de fuego y municiones.

Propone la restitución de los territorios ancestrales a los respectivos pueblos indígenas.

Propone el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, junto a la propiedad privada individual.

Propone 5 caballerías como límite máximo para la extensión de la propiedad y tenencia de la tierra por particulares.

Predios o fincas donde se contamine el agua más de lo permitido serán susceptibles de confiscación.

Propone recuperar y garantizar el uso del 60 % de las tierras cultivables del país para la producción de alimentos para el país (soberanía alimentaria intercultural).

El agua como derecho humano fundamental, administrado por los pueblos y el Estado.

Recuperación y control de la soberanía radioeléctrica del país. La iniciativa privada podrá acceder al control de un máximo del 30 % del total del espacio radioeléctrico.

El Estado promueve una cultura de la no violencia activa en todos los medios de comunicación y sistema educativo.

Democratización y control de los medios de comunicación social con la participación activa de la ciudadanía.

Empresarios no están de acuerdo

El sector privado no considera apropiado convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Primero porque la “clase política” actual no es confiable y segundo porque ven viable avanzar con algunos cambios parciales a ciertas leyes, sobre todo en el tema de justicia

Miguel Ixcal, del Consejo Político de CODECA y miembro de la Comisión Ejecutiva del CNOC, considera lo contrario. Asegura que ya no pueden esperar más tiempo para la “refundación del Estado” y por ello iniciaron el camino con la marcha realizada el 10 de febrero en la capital, luego la asamblea nacional en Suchitepéquez y este miércoles se sentarán con el presidente del Legislativo para plantearle sus demandas.

Asegura que cuentan con el respaldo de 70 mil afiliados a CODECA, más el apoyo de las organizaciones que cobija la CNOC, como los sindicatos de los hospitales Roosevelt y San Juan y el magisterio organizado ajeno al dirigente Joviel Acevedo, así como estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, jubilados del Estado y el apoyo de algunas parroquias de la Iglesia Católica, pero no descarta llegar a las máximas autoridades religiosas para obtener su beneplácito.

Javier Zepeda, director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala dice: “No es algo que como sector hayamos discutido. Requiere de un estudio mucho más grande y profundo. Hay muchos puntos de vista y creemos que es mucho mejor fortalecer el sistema de justicia mediante alguna reforma a la Constitución. Sí creemos que el sector de justicia debe ser fortalecido y pensamos que es necesario”.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala tampoco ve viable la propuesta de CODECA Y CNOC. “No veo al país haciendo una Asamblea Nacional Constituyente, primero porque tenemos una clase política que desafortunadamente no es confiable, no representan al pueblo. Una Asamblea Nacional Constituyente es una gran responsabilidad que no se puede confiar a un sistema político tan débil y que no es de fiar. Solo para comenzar. No es el momento oportuno. Y me pregunto, ¿cuál es la urgencia de hacer una Asamblea cuando con un cambio en las leyes ordinarias podríamos lograr mejores resultados?

José Gonzalez Campo, nuevo presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), también no apuesta por un cambio como el planteado por el sector campesino y de otros sectores.

“Nuevamente me remito a lo que pasó el año pasado. Aunque hubo cambios enormes, por ejemplo, tres presidentes, así como instituciones que se cuestionaron por mucho tiempo, hoy están funcionando. El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia cumplieron su papel y están cumpliendo. Logramos un proceso electoral con un nivel de participación inédita y se eligió un gobierno que está funcionando. Entonces, pareciera que el esquema legal permite que las instituciones funcionen y tenemos que darles una oportunidad para fortalecerlas”, subrayó.

“Más adelante, en algún momento, se verá si se necesitan reformas, pero ahora toca terminar de consolidar a esas instituciones. El sistema está funcionando, pero hay que perfeccionarlo y habrá que ver cuál es la mejor forma de hacer esos cambios”, concluyó González.

En ruta a Bolivia

Ixcal asegura que no les quita el sueño la oposición a una Asamblea Nacional Constituyente como la planteada por ellos. Es más, explica que por ello su prioridad no es buscar a los organismos del Estado, sino sumar adeptos mediante la “socialización” de su propuesta para luego enfocarse en las siguientes fases del proyecto.

No duda en que el método funcionará, tal como se hizo en Bolivia y ahora se lleva a cabo en Ecuador, pues a su criterio, los cambios deben darse “desde abajo”, con el apoyo del pueblo.

  • Con información de Allan Martínez
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