Las autoridades ya cuentan con una orden de juez para desalojar a pobladores de las cuatro comunidades Senil, Santa María Semuc Champey, Chicanuz y Chisubín de Lanquín, Alta Verapaz, que tomaron el control del Monumento Nacional Semuc Champey desde septiembre pasado, según el comisario Stu Velasco, Subdirector General de investigación de la Policía Nacional Civil.
Sin embargo, la orden se no se ha ejecutado porque se priorizó el diálogo para encontrar una solución pacífica, dijo Velasco. “Hablamos con el juez encargado y acordamos hacer una evaluación del escenario para no usar la fuerza porque en anteriores desalojos en cumplimiento a la ley, nos han recibido a balazos. Si la policía se defiende, se producirán acusaciones muy serias”.
Las cuatro comunidades tomaron el control del Monumento Nacional Semuc Champey en septiembre pasado como protesta, ya que, según ellos, las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) no cumplieron con ningún proyecto de desarrollo ofrecido y como reacción, los pobladores ingresaron en el lugar y asumieron la administración.
“Si vamos a hacer ese desalojo queremos que estén todos los actores del país. La madurez dentro de la PNC es no ejecutar esa orden de inmediato. Lo que hacemos es evaluar la situación para evitar la pérdida de vidas y eso es lo que nos ha detenido”, expresó Velasco.
“Ahora estamos evaluando la situación y trabajamos en el acercamiento con las poblaciones. Ya están enteradas las autoridades de justicia que llevan el caso. Mientras tanto, se asegura que Conap ya cuenta con los fondos para cumplir los compromisos. Se estima que los visitantes generan ingresos anuales de US$300 mil.
Falta de gobernabilidad
Para el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón, la falta de presencia policial en el municipio hace que cualquiera haga sus leyes. “Ese problema se da al no tener gobernabilidad. Cualquiera hace sus reglas y así no se puede brindar la seguridad para decirle a los turistas que visiten Semuc Champey. Obviamente cualquiera está en la disponibilidad de hacerlo y toma sus decisiones”, expresó
Según Chajón, la población no se pone de acuerdo en los proyectos de desarrollo que quieren. “Las comunidades se retiraron de la mesa de diálogo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos. Es un problema de poder y dinero. Cobrar la entrada a Semuc Champey es una fuente de ingresos para algunas personas o grupos interesados en tener el poder y acceso al dinero que genera este lugar turístico”, refiere.
Conap es la entidad encargada de invertir ese dinero en proyectos productivos para la zona. Parte de los fondos ya están disponibles, pero mientras haya conflicto no se pueden usar, añadió el titular del Inguat.
Chajón expresó que por la inestabilidad recomiendan no viajar a la zona. “Desde el punto de vista de turismo, nos reservamos la recomendación del lugar porque puede ser que la experiencia no sea muy buena, porque como no tiene el respaldo de la ley y no hay presencia del Estado, es incierto”.
Antecedentes
El 14 de septiembre cerca de de mil pobladores ocuparon el Monumento Nacional Semuc Champey con la justificación de que CONAP no les había entregado el 30 por ciento de los ingresos que pertenecen a las comunidades.
En diciembre, unos 300 pobladores ingresaron en las instalaciones del parque y sacaron a las autoridades del lugar como medida de presión y decidieron que ellos administrarían el lugar.
En febrero, un aproximado de 150 pobladores más, tomaron el edificio municipal de Lanquín y de rehén a la alcaldesa Irlanda Pop Coy, exigiendo la administración del lugar. Según la PNC, la situación logró solucionarse en la municipalidad, pero el parque continúa tomado.
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Sin embargo, la orden se no se ha ejecutado porque se priorizó el diálogo para encontrar una solución pacífica, dijo Velasco. “Hablamos con el juez encargado y acordamos hacer una evaluación del escenario para no usar la fuerza porque en anteriores desalojos en cumplimiento a la ley, nos han recibido a balazos. Si la policía se defiende, se producirán acusaciones muy serias”.
Las cuatro comunidades tomaron el control del Monumento Nacional Semuc Champey en septiembre pasado como protesta, ya que, según ellos, las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) no cumplieron con ningún proyecto de desarrollo ofrecido y como reacción, los pobladores ingresaron en el lugar y asumieron la administración.
“Si vamos a hacer ese desalojo queremos que estén todos los actores del país. La madurez dentro de la PNC es no ejecutar esa orden de inmediato. Lo que hacemos es evaluar la situación para evitar la pérdida de vidas y eso es lo que nos ha detenido”, expresó Velasco.
“Ahora estamos evaluando la situación y trabajamos en el acercamiento con las poblaciones. Ya están enteradas las autoridades de justicia que llevan el caso. Mientras tanto, se asegura que Conap ya cuenta con los fondos para cumplir los compromisos. Se estima que los visitantes generan ingresos anuales de US$300 mil.
Falta de gobernabilidad
Para el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón, la falta de presencia policial en el municipio hace que cualquiera haga sus leyes. “Ese problema se da al no tener gobernabilidad. Cualquiera hace sus reglas y así no se puede brindar la seguridad para decirle a los turistas que visiten Semuc Champey. Obviamente cualquiera está en la disponibilidad de hacerlo y toma sus decisiones”, expresó
Según Chajón, la población no se pone de acuerdo en los proyectos de desarrollo que quieren. “Las comunidades se retiraron de la mesa de diálogo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos. Es un problema de poder y dinero. Cobrar la entrada a Semuc Champey es una fuente de ingresos para algunas personas o grupos interesados en tener el poder y acceso al dinero que genera este lugar turístico”, refiere.
Conap es la entidad encargada de invertir ese dinero en proyectos productivos para la zona. Parte de los fondos ya están disponibles, pero mientras haya conflicto no se pueden usar, añadió el titular del Inguat.
Chajón expresó que por la inestabilidad recomiendan no viajar a la zona. “Desde el punto de vista de turismo, nos reservamos la recomendación del lugar porque puede ser que la experiencia no sea muy buena, porque como no tiene el respaldo de la ley y no hay presencia del Estado, es incierto”.
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El 14 de septiembre cerca de de mil pobladores ocuparon el Monumento Nacional Semuc Champey con la justificación de que CONAP no les había entregado el 30 por ciento de los ingresos que pertenecen a las comunidades.
En diciembre, unos 300 pobladores ingresaron en las instalaciones del parque y sacaron a las autoridades del lugar como medida de presión y decidieron que ellos administrarían el lugar.
En febrero, un aproximado de 150 pobladores más, tomaron el edificio municipal de Lanquín y de rehén a la alcaldesa Irlanda Pop Coy, exigiendo la administración del lugar. Según la PNC, la situación logró solucionarse en la municipalidad, pero el parque continúa tomado.
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