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Crimen domina área del Polochic hasta el Estor

Redacción República
19 de septiembre, 2016

Todo inició en 2012, con una marcha campesina que vino a la capital desde Cobán, Alta Verapaz. Liderados por Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), la marcha recorrió más de 200 kiómetros hasta la capital, para presionar al Gobierno con el fin de obtener tierras en la ribera del río Polochic y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, por parte del Congreso.

Ni el Ejecutivo o el Legislativo cumplieron. El entonces presidente Otto Pérez Molina ofreció entregar tierras en Panzós, como parte de los compromisos para resolver la problemática agraria, pero esto no se concretó.

Ante esta situaciòn, se da la invasión en el Ingenio Chabil Utznaj, imposibilitando sus operaciones, lo que originò su abandono por parte de los empresarios. Las tierras quedaron sin utilizar y con ello, estimaciones de la Càmara del Agro (Camagro) apuntan a que se perdieron más de 6 mil empleos.

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“No es un tema de gobernabilidad, es delincuencia que se corrió hasta El Estor, Izabal, por parte de grupos de delincuentes que invaden las fincas”, describió Nils Leporowski, presidente de la Camagro.

Estas son las teorías acerca de los causantes de estas invasiones. Se trata de personas que ni viven o trabajan en el área, pero llegan a amedrentar a los agentes de seguridad y trabajadores de las fincas.

Temor por falta de acción

Los agremiados en la cámara referida esperan que se ejecuten las órdenes de desalojo y describen que en ocasiones llega las autoridades judiciales más la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pero no la Policía Nacional Civil (PNC).

“A raíz de eso, Camagro planteó un amparo para apercibir al Presidente de la República, Ministro de Gobernaciòn y director de la PNC para que cumplan con las òrdenes de desalojo”, refirió el empresario. De momento se espera una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Marta Altolaguirre, exviceministra de Relaciones Exteriores, indicó que una de las situaciones que más le incomoda es que “los invasores y bloqueadores de carreteras y grupos de activistas que consideran que tienen derecho sobre todo y todos, hacen cualquier cosa y la ley como que voltea a ver para otro lado”.

Agregó que ve mucha rigidez hacia cualquier persona que no está vinculada a esas organizaciones. “Si usted es dueña de un pedazo de tierra o granja, le caen por cualquier cosa”, remarcó. La experta agregó que debe haber igualdad ante la ley y que estamos en una situación muy anárquica en el cual el derecho de propiedad está siendo vulnerado de manera constante.

Para el doctor en Sociología, Armando de la Torre, “en Guatemala el Estado está ausente de las zonas rurales y por esa ausencia no hay políticas que hagan cumplir la ley o tribunales que sanciones a quienes agreden a otros”.

Refirió que “hay bandas de fascinerosos de los pobres que viven en zonas rurales quienes no tienen ocasión de hacerse oír. Son gente abandonada y por eso son presa de cualquier malintencionado bandolero que los quiera explotar y esclavizar. Eso está pasando en el Polochic, San Marcos y Huehuetenango”, finalizò.

Crimen domina área del Polochic hasta el Estor

Redacción República
19 de septiembre, 2016

Todo inició en 2012, con una marcha campesina que vino a la capital desde Cobán, Alta Verapaz. Liderados por Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), la marcha recorrió más de 200 kiómetros hasta la capital, para presionar al Gobierno con el fin de obtener tierras en la ribera del río Polochic y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, por parte del Congreso.

Ni el Ejecutivo o el Legislativo cumplieron. El entonces presidente Otto Pérez Molina ofreció entregar tierras en Panzós, como parte de los compromisos para resolver la problemática agraria, pero esto no se concretó.

Ante esta situaciòn, se da la invasión en el Ingenio Chabil Utznaj, imposibilitando sus operaciones, lo que originò su abandono por parte de los empresarios. Las tierras quedaron sin utilizar y con ello, estimaciones de la Càmara del Agro (Camagro) apuntan a que se perdieron más de 6 mil empleos.

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“No es un tema de gobernabilidad, es delincuencia que se corrió hasta El Estor, Izabal, por parte de grupos de delincuentes que invaden las fincas”, describió Nils Leporowski, presidente de la Camagro.

Estas son las teorías acerca de los causantes de estas invasiones. Se trata de personas que ni viven o trabajan en el área, pero llegan a amedrentar a los agentes de seguridad y trabajadores de las fincas.

Temor por falta de acción

Los agremiados en la cámara referida esperan que se ejecuten las órdenes de desalojo y describen que en ocasiones llega las autoridades judiciales más la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pero no la Policía Nacional Civil (PNC).

“A raíz de eso, Camagro planteó un amparo para apercibir al Presidente de la República, Ministro de Gobernaciòn y director de la PNC para que cumplan con las òrdenes de desalojo”, refirió el empresario. De momento se espera una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Marta Altolaguirre, exviceministra de Relaciones Exteriores, indicó que una de las situaciones que más le incomoda es que “los invasores y bloqueadores de carreteras y grupos de activistas que consideran que tienen derecho sobre todo y todos, hacen cualquier cosa y la ley como que voltea a ver para otro lado”.

Agregó que ve mucha rigidez hacia cualquier persona que no está vinculada a esas organizaciones. “Si usted es dueña de un pedazo de tierra o granja, le caen por cualquier cosa”, remarcó. La experta agregó que debe haber igualdad ante la ley y que estamos en una situación muy anárquica en el cual el derecho de propiedad está siendo vulnerado de manera constante.

Para el doctor en Sociología, Armando de la Torre, “en Guatemala el Estado está ausente de las zonas rurales y por esa ausencia no hay políticas que hagan cumplir la ley o tribunales que sanciones a quienes agreden a otros”.

Refirió que “hay bandas de fascinerosos de los pobres que viven en zonas rurales quienes no tienen ocasión de hacerse oír. Son gente abandonada y por eso son presa de cualquier malintencionado bandolero que los quiera explotar y esclavizar. Eso está pasando en el Polochic, San Marcos y Huehuetenango”, finalizò.