La medida fue establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 180-2016 publicado en el Diario de Centro América (DCA) y faculta al Instituto Nacional de Estadística (INE) para realizar el conteo de servidores técnicos o profesionales en la administración pública.
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“El censo tendrá por objeto registrar información general de todas las personas que, dentro o para el Organismo Ejecutivo y las entidades descentralizadas del Estado, trabajen en relación de dependencia”, dice la publicación.
El censo se realizará bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y para su cumplimiento se conformará la Comisión del Censo Nacional con representación de la Presidencia de la República. Su vigencia y funciones tendrán un periodo de 24 meses.
Está instancia tendrá la responsabilidad de elaborar el normativo de ejecución del censo, aprobar la boleta a utilizar para la recolección de datos y comunicar avances, entre otros. Los datos generados serán utilizados para actualizar el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos y Guatenominas.
El financiamiento podrá provenir de cooperación internacional según el Acuerdo Gubernativo. Las personas que sostengan una relación de dependencia y las instituciones del Ejecutivo y unidades descentralizadas tienen “obligatoriedad” de aportar la información que sea requerida para el censo.
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