Recientemente, el Complejo Hidroeléctrico Renace informó por medio de un comunicado, su complacencia por la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de no suspender las operaciones de sus plantas Renace I,II,III y IV, luego de que organizaciones de la sociedad civil, solicitaran el cese de sus operaciones por medio de un amparo.
La medida, iba dirigida al ministerio de Energía y Minas, por autorizar el funcionamiento de las plantas y no realizar previamente un proceso de consulta tal y como lo establece el convenio 169 e la OIT.
Ante ello, representantes del complejo, indicaron lo siguiente:
“El ministerio de Energía y Minas otorgó las autorizaciones para utilizar los ríos sobre los que se encuentran los proyectos hidroeléctricos Renace en los años 1991 y 1994 respectivamente por lo que las mismas son previas a la ratificación por parte del Congreso de la República del convenio 169, hecho que ocurrió en el año 1996: por lo tanto los proyectos hidroeléctricos Renace no tenían la obligación de cumplir con una consulta previa e informada al haber sido autorizados antes de la entrada en vigencia de dicho convenio”.
Además, explican las formas en que se han comunicado con las comunidades y como han llevado desarrollo en donde antes solo existía pobreza.
“Renace desde el inicio de sus actividades, ha promovido procesos de socialización profundos y culturalmente asertivos que van más allá del Convenio 169, ya que en conjunto con el Estado no solo ha informado a las comunidades sobre los proyectos implementados, sino que ha estado en la zona por más de 25 años coadyuvando al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible y a la protección de los derechos humanos de las comunidades”
Renace, ha generado más de 15 mil puestos de trabajo anuales, y confía plenamente en las leyes y autoridades guatemaltecas para que el estado de derecho prevalezca.
