Tres constitucionalistas señalaron diversas irregularidades en los recientes fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC), relacionados con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los abogados Stuardo Ralón, Roberto Molina y José Quesada, hablaron acerca de la resolución unánime versus la resolución de la ampliación y aclaración de la CC, la jurisdicción de esta Corte en el ámbito internacional y las facultades regladas del Presidente de la República como jefe de Estado de Guatemala, respectivamente.
Los temas los desarrollaron en el marco del foro “Análisis técnico sobre el fallo de la CC con relación a la CICIG e Iván Velásquez, e Impacto en el próximo proceso electoral”, organizado por la Cámara Guatemalteca de Periodistas (CGP).
La aclaración y ampliación cambió el fondo del amparo
De acuerdo con Stuardo Ralón, el amparo provisional evidencia la intención de los cinco magistrados por privilegiar el diálogo entre la ONU y el estado de Guatemala, según lo establecido en el acuerdo en su artículo 12.
Además, fue una resolución que no “personalizó” el fallo a propósito y reconoció las facultades del Presidente de la República como rector de la política internacional.
Sin embargo, en la aclaración y ampliación solicitadas, se dejaron por un lado estas consideraciones y se cambió el fondo del amparo, lo cual queda en evidencia porque solo tres de los cinco magistrados aprobaron la resolución y lo porque lo dejó claro la magistrada presidenta en su voto disidente.
Lea acá el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa:
Voto disidente magistrada Dina Ochoa
Lea acá el amparo del 16 de septiembre:
Resolución de la CC respecto a la CICIG
Lea acá la resolución de aclaración y ampliación del amparo del 16 de septiembre:
Ampliación y aclaración caso CICIG
La ONU y la CC son responsables de la crisis
Para el expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina, el primer responsable de la crisis política que vive Guatemala en el tema Jimmy Morales versus Iván Velásquez, es el Secretario General de la ONU, porque no atendió la queja que hace un año planteó el gobierno de Guatemala contra el Comisionado.
Y los magistrados de la Corte son los segundos responsables de este problema que podría tener repercusiones en una Corte Internacional de Justicia, porque no tenía competencia para conocer el amparo presentado, sin embargo, lo aceptaron y fallaron, opina Molina.
De acuerdo con el constitucionalista, la CC no tiene competencia para resolver lo relacionado con tratados internacionales, como ocurre con el acuerdo que creó la CICIG.
Asimismo, el Presidente actuó en ley porque la Constitución de la República establece que es el responsable de dirigir la política exterior del país, puntualiza el jurista.
La CC se extralimitó
José Quesada, constitucionalista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), opina que la CC se extralimitó al conocer el amparo porque no es de su competencia resolver asuntos relacionados con tratados internacionales.
El jurista enfatiza que ningún acuerdo internacional está sujeto a las normas o instituciones nacionales. “No existe jurisdicción de la Corte para conocer” estos casos.
Tres constitucionalistas señalaron diversas irregularidades en los recientes fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC), relacionados con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los abogados Stuardo Ralón, Roberto Molina y José Quesada, hablaron acerca de la resolución unánime versus la resolución de la ampliación y aclaración de la CC, la jurisdicción de esta Corte en el ámbito internacional y las facultades regladas del Presidente de la República como jefe de Estado de Guatemala, respectivamente.
Los temas los desarrollaron en el marco del foro “Análisis técnico sobre el fallo de la CC con relación a la CICIG e Iván Velásquez, e Impacto en el próximo proceso electoral”, organizado por la Cámara Guatemalteca de Periodistas (CGP).
La aclaración y ampliación cambió el fondo del amparo
De acuerdo con Stuardo Ralón, el amparo provisional evidencia la intención de los cinco magistrados por privilegiar el diálogo entre la ONU y el estado de Guatemala, según lo establecido en el acuerdo en su artículo 12.
Además, fue una resolución que no “personalizó” el fallo a propósito y reconoció las facultades del Presidente de la República como rector de la política internacional.
Sin embargo, en la aclaración y ampliación solicitadas, se dejaron por un lado estas consideraciones y se cambió el fondo del amparo, lo cual queda en evidencia porque solo tres de los cinco magistrados aprobaron la resolución y lo porque lo dejó claro la magistrada presidenta en su voto disidente.
Lea acá el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa:
Voto disidente magistrada Dina Ochoa
Lea acá el amparo del 16 de septiembre:
Resolución de la CC respecto a la CICIG
Lea acá la resolución de aclaración y ampliación del amparo del 16 de septiembre:
Ampliación y aclaración caso CICIG
La ONU y la CC son responsables de la crisis
Para el expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina, el primer responsable de la crisis política que vive Guatemala en el tema Jimmy Morales versus Iván Velásquez, es el Secretario General de la ONU, porque no atendió la queja que hace un año planteó el gobierno de Guatemala contra el Comisionado.
Y los magistrados de la Corte son los segundos responsables de este problema que podría tener repercusiones en una Corte Internacional de Justicia, porque no tenía competencia para conocer el amparo presentado, sin embargo, lo aceptaron y fallaron, opina Molina.
De acuerdo con el constitucionalista, la CC no tiene competencia para resolver lo relacionado con tratados internacionales, como ocurre con el acuerdo que creó la CICIG.
Asimismo, el Presidente actuó en ley porque la Constitución de la República establece que es el responsable de dirigir la política exterior del país, puntualiza el jurista.
La CC se extralimitó
José Quesada, constitucionalista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), opina que la CC se extralimitó al conocer el amparo porque no es de su competencia resolver asuntos relacionados con tratados internacionales.
El jurista enfatiza que ningún acuerdo internacional está sujeto a las normas o instituciones nacionales. “No existe jurisdicción de la Corte para conocer” estos casos.