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Un extraño visitante llega al Juzgado de Mayor Riesgo

Luis Gonzalez
20 de marzo, 2018

En el Juzgado de Mayor Riesgo B hay un visitante inesperado, un visitante que llama la atención porque a más de alguno de los presentes causa cierto temor.

En ese Juzgado se desarrolla una audiencia para revisar el estado legal de cuatro sindicados en el caso Cooptación del Estado.

Las personas piden cambiar su condición de privados de libertad a una prisión en su residencia por cuestiones de salud o humanitarias, según Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

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Entre quienes piden la revisión de su situación legal figuran Adolfo Fernando Peña Pérez, Daniel Estuardo Calderón Ángel y Byron Barrera Menéndez.

Este esqueleto fue llevado por la defensa de Fernando Peña para mostrar al juez los padecimientos de su cliente, quien sufre de dolores en la columna.

Un recurso para convencer

Aunque los reos no se presentaron en la audiencia porque Presidios no efectuó traslados, el proceso se realiza con la presencia de abogados, Ministerio Público, médicos y representantes del Inacif.

Los médicos particulares llevaron un esqueleto para apoyar su explicación acerca de los padecimientos de los sindicados.

Cooptación del Estado

En este caso también figuran los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Así como otros funcionarios de su gobierno y personas particulares.

La acusación central contra los implicados es que se pagaron y recibieron sobornos para obtener beneficios económicos del Estado. Además, que se financió, de manera ilegal, la campaña política del Partido Patriota.

Salvador González, alias Eco y Juan Carlos Monzón, son colaboradores eficaces en este caso y fueron quienes facilitaron información para acusar a los sindicados.

Eco fungió como administrador financiero de Pérez Molina y Baldetti, mientras que Monzón manejaba los “negocios” de la exvicepresidenta, de quien también fue secretario privado, según el Ministerio Público.

“El juez detalló varios de los regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, por medio de las sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, indicó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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