Este viernes la Minera San Rafael, instalada en Santa Rosa, anunció el despido de 250 empleados, con lo que cual suman 500 personas cesadas en lo que va de este año.
Este número es la mitad de empleados contratados de manera directa por la empresa que lleva 249 días sin operar y 140 días esperando que la Corte de Constitucionalidad resuelva un amparo.
La minera asegura que tomó esta decisión porque no puede seguir pagando salarios frente a la incertidumbre de no saber cuándo resolverá la Corte.
Mayor pobreza
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), tras conocer la decisión de la minera, señala que esta falta de certeza jurídica afecta el crecimiento económico del país y agudiza la situación de pobreza de más guatemaltecos.
Agregan que la falta de resolución de la Corte “preocupa” porque afecta a casi 18 mil 750 personas que dependen de manera directa de la minera.
La CIG hace un llamado a los magistrados de la Corte para que confirmen la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena realizar la consulta indígena y resuelve reactivar las labores de la minera.
Asimismo, los industriales hacen un llamado a las autoridades para no afectar la inversión extranjera y enfatiza su compromiso para seguir apoyando la creación de nuevos fuentes de empleo.
Este viernes la Minera San Rafael, instalada en Santa Rosa, anunció el despido de 250 empleados, con lo que cual suman 500 personas cesadas en lo que va de este año.
Este número es la mitad de empleados contratados de manera directa por la empresa que lleva 249 días sin operar y 140 días esperando que la Corte de Constitucionalidad resuelva un amparo.
La minera asegura que tomó esta decisión porque no puede seguir pagando salarios frente a la incertidumbre de no saber cuándo resolverá la Corte.
Mayor pobreza
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), tras conocer la decisión de la minera, señala que esta falta de certeza jurídica afecta el crecimiento económico del país y agudiza la situación de pobreza de más guatemaltecos.
Agregan que la falta de resolución de la Corte “preocupa” porque afecta a casi 18 mil 750 personas que dependen de manera directa de la minera.
La CIG hace un llamado a los magistrados de la Corte para que confirmen la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordena realizar la consulta indígena y resuelve reactivar las labores de la minera.
Asimismo, los industriales hacen un llamado a las autoridades para no afectar la inversión extranjera y enfatiza su compromiso para seguir apoyando la creación de nuevos fuentes de empleo.