La supuesta estructura criminal desbaratada este martes, dedicada al tráfico ilícito de personas en todo el continente, contaba con una organización bien establecida en los países para trasladar a personas de diversas naciones hacia Estados Unidos
De acuerdo con la Fiscalía Contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP), en los operativos se capturó a 16 personas por los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación ilícita por medio de 14 allanamientos.
La presunta cabecilla de la estructura criminal, Martha Luz López, y así como los coordinadores Johany del Carmen Pena y José Arturo Hernández , fueron apresados, según las autoridades.
En el operativo a nivel regional también se llevaron a cabo allanamientos en Panamá, Honduras y Brasil.
Pagaban hasta US$20 mil
Durante la investigación se estableció que la estructura criminal liderada por Martha Luz López operó de manera similar a la organización delictiva denominada “Leo Pasapera”, liderada por Luis Leonardo Mejía Pasapera, quien fue detenido a inicios de este año junto con otras personas.
La estructura criminal posee organizaciones locales que proveen de refugio, comida y transporte a los migrantes, en Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos.
“Los migrantes contactan a los integrantes de la estructura criminal para que los lleven de manera ilegal a Estados Unidos, cobrándoles entre US$ 15 mil a US$20 mil. Mientras quienes provenían de África y Asia llegaban a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para ser trasladados vía aérea a Brasil”, indica el Ministerio Público.
De Brasil viajaban vía área a Colombia y luego , vía terrestre, cruzaban Centroamérica, en donde organizaciones ilegales locales les facilitaban alimentación y hospedaje para luego continuar rumbo a México hasta llegar a Estados Unidos.
La estructura criminal tiene la capacidad de transportar entre 100 a 150 personas cada mes, según las autoridades.
A las personas las ingresaban por puntos ciegos ubicados en la frontera con Honduras y los pagos se hacían vía electrónica.
Por medio de la investigación, que duró un año, se liberó a 117 personas provenientes de Nepal, India, Bangladesh, Eritrea y Honduras.
