La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) resolvió que se está violando el derecho a la dignidad, debido proceso y libertad del exfiscal contra el crimen organizado, Rony López y Macario Rojas, a quienes no le han fijado fecha para rendir su primera declaración.
El exfiscal, junto con Rojas, llevan 98 días tras las rejas sin haber sido escuchados por un juez competente, sin ser ligados a proceso y sin auto de prisión preventiva, detalla la PDH.
La Constitución Política de la República establece un plazo de 24 horas para ser escuchados en audiencia de primera declaración.
La resolución surge luego de haber solicitado informes circunstanciados al juzgado que conoce el caso, a la Policía Nacional Civil y a la Fiscal del Ministerio Público. También se entrevistó a López y Rojas en la cárcel ubicada en la Brigada Mariscal Zavala, donde guardan prisión.
López y Rojas son señalados en el caso Manipulación de la Justicia, que detalla que hubo una supuesta fabricación de pruebas para inculpar a unas personas del asesinato de José Armando Melgar Moreno, padre del diputado Erick Melgar Padilla.
La resolución
En el documento señalan como responsable del Estado de Guatemala, a la jueza Claudette Domínguez y al juez Juan José Lemus de violar los derechos humanos de las personas sindicadas
También recomienda a la Corte Suprema de Justicia que se instruya a todas las judicaturas de primera instancia penal a efecto que cese la privación ilegal de libertad.
A la Fiscal General le pide instruir a todo el personal para que cesen las malas prácticas procesales. El documento también señala un comportamiento administrativo lesivo del Director de la PNC, al no rendir el informe circunstanciado solicitado.
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La resolución surge luego de haber solicitado informes circunstanciados al juzgado que conoce el caso, a la Policía Nacional Civil y a la Fiscal del Ministerio Público. También se entrevistó a López y Rojas en la cárcel ubicada en la Brigada Mariscal Zavala, donde guardan prisión.
López y Rojas son señalados en el caso Manipulación de la Justicia, que detalla que hubo una supuesta fabricación de pruebas para inculpar a unas personas del asesinato de José Armando Melgar Moreno, padre del diputado Erick Melgar Padilla.
La resolución
En el documento señalan como responsable del Estado de Guatemala, a la jueza Claudette Domínguez y al juez Juan José Lemus de violar los derechos humanos de las personas sindicadas
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