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¿Qué hay detrás de la conflictividad en San Mateo Ixtatán?

Glenda Sanchez
22 de agosto, 2018

La conflictividad en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, va más allá de la instalación de una hidroeléctrica. Narcotráfico, contrabando, delincuencia y ausencia del Estado, agravan la situación.

En una entrevista con República, el viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, del Ministerio de Gobernación, Axel Romero, explicó cuáles han sido las causas del conflicto y los grupos oscuros que se aprovechan para cooptar el territorio.

Entrevista con el viceministro de Gobernación, Axel Romero

¿Qué originó el conflicto en San Mateo, Ixtatán?

Es muy complejo explicarlo, sin embargo, el conflicto se hace sensible por la instalación de una hidroeléctrica (Energía y Renovación S.A.), pero el problema va más allá, pues al igual que muchas comunidades del país han sido olvidadas por el Estado. Muestra de ello es que en esa área no hay desarrollo. Los comunitarios para acceder a los servicios básicos como salud o alimentos, han tenido que acudir a México, debido a esa ausencia que menciono.

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¿Qué actores han contribuido a esa conflictividad?

Primero es un aspecto histórico que se remonta al tiempo de la conquista. Pues los habitantes de San Mateo se resistieron, por más tiempo, al dominio español a diferencia de pobladores de las comunidades de Santa Eulalia, problema que aún afecta en la toma de decisiones. A eso se suma las diferencias que hay dentro de la municipalidad y además, por ser un área fronteriza, es propicia para el crimen organizado y contrabando, entre otros delitos.

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¿Por qué la hidroeléctrica contribuyó a la conflictividad?

(…) Contribuyó a la conflictividad la instalación de la hidroeléctrica, porque cuando se instaló el proyecto la empresa no supo cómo hacerlo, los empresarios entraron haciendo ofrecimientos que no pudieron cumplir, y que terminan en una serie de incidentes negativos por ambos lados, para los comunitarios y para los representantes de la empresa. Incluso los empresarios mexicanos se fueron y el proyecto quedó en manos de los guatemaltecos y empiezan a darse cuenta que habían hecho las cosas mal.

¿Los ataques o incidentes armados a quién se atribuyen?

Hay que aclarar, que sí hay inconformidad por la instalación de la hidroeléctrica, sin embargo, no es posible que los comunitarios tengan armas alto calibre para enfrentar a la policía por dos horas, o que tengan francotiradores para atacar. Normalmente los comunitarios se defienden con machete o rifles sencillos. Creemos que hay otros grupos con interés obscuros que aprovechan esa situación, pues no quieren que lleguen las autoridades, es una fenomenología que hemos tratado de indagar.

¿Qué se ha hecho para retomar el control?

Se comenzó con una mesa de diálogo con una Organización No Gubernamental, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), los líderes comunitarios, la corporación municipal y en algún momento, el Gobierno Plurinacional de Pueblos Indígenas y la Agrupación 13 Democracia. La COPREDH, dirigida por Víctor Hugo Godoy, decidió llamar a varios viceministros para diseñar una solución integral de raíz. Coincidieron que la forma de intervenir más apropiada era la del Tren de Desarrollo, cuya lógica es muy buena, pero dos o tres meses después se olvidaron de ese plan.

¿Qué pasó después para dar seguimiento a la problemática?

Dentro de la Secretaría Privada se hizo una mesa para discutir proyectos de alto impacto. En ese momento se asignó a una asesora para dar seguimiento. También recuerdo que los comunitarios vinieron al ministerio de Gobernación, el año pasado, y pidieron esa reunión  para prevenir la violencia en ese lugar, específicamente los representantes de las 23 comunidades.

¿Cuándo empieza a intervenir Gobernación?

Me asignaron a mí el año pasado, empezamos a trabajar con el ministerio de la Defensa, entonces como invitado empezamos a trabajar con la mesa de diálogo. Primero vamos a la comunidad para escuchar qué quieren. Ya con las peticiones, regreso a la ciudad para hablar con los representantes de cada área para ver la factibilidad de resolver las peticiones relacionadas con salud, educación medio ambiente, y el tema de matriz energética. La gente no está pidiendo imposibles. En septiembre se termina la fase compromisos institucionales, y empezamos con el proceso de ejecución.

¿Han tenido dificultades en la fase de diálogo?

Se ha logrado un éxito bastante grande, sin embargo, se ha encontrado una inconformidad, una agenda oculta donde no se puede ingresar, y es cuando hablamos del tema energético. Incluso hace algunos días los policías y militares comunicaron que varias personas les habían dicho que se fueran de la comunidad de forma pacífica, sin embargo, no pasó a más, la seguridad permanece en el lugar. Esas situaciones son aprovechadas por fuerzas o grupos obscuros porque no les conviene la presencia de la PNC o de los representantes de Justicia.

¿Quiénes son esos grupos?

A mí no me consta, pero la gente habla que hay comercio ilícito. Hay actores ocultos que se aprovechan de esos conflictos, pero esos lugares por ser fronterizos de por sí, son aptos para el contrabando de productos de la canasta básica y combustible, aprovechados por el narcotráfico y cualquier organización criminal. Incluso ahora que se acerca el proceso electoral, la situación también puede ser aprovechada por personas que no estén de acuerdo con los posibles candidatos, son muchos los factores.

¿Se ha criticado que la PNC está a favor de algún sector?  

La PNC no tiene sesgo, ellos solo hacen su trabajo, resguardar a la población. Las críticas son porque les molestan que los agentes realicen las órdenes de aprehensión. Imagínese, solo en esa comunidad hay 60 capturas por ejecutar, pero no se ha podido, a pesar de ser una pequeña población porque todas las personas tiene los mismos nombres y tienen los nombres como apellidos. En esas órdenes de captura hay líderes comunitarios y delincuentes.

¿Qué espera ahora Gobernación?

Clave es que como Estado nos hagamos responsables de la mesa de trabajo, darle a la comunidad lo que requiere, debemos llevar el desarrollo. La única forma de llevar desarrollo es vincular a todos como país, eso no va pasar si la gente no se siente acompañada del Gobierno. No podemos exigir a la empresas que construyan escuelas o construyan carreteras, que paguen maestros, porque esa no es su función y todo se complica cuando los comunitarios empiezan a ver a la  empresa, como ese benefactor o fuente de desarrollo y que cuando ellos decidan irse se vuelve el conflicto.

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