Max Erwin Quirín Schoder, exintegrante de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es acusado de nombrar a miembros de la Junta de Licitación que no eran idóneos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. El delito que habría cometido es fraude, según el Ministerio Público (MP).
Fue capturado en mayo de 2015 y desde entonces permanece en prisión preventiva. Su estadía en el centro carcelario ubicado en la Brigada Mariscal Zavala, ya supera los tres años y seis meses.
Quirín señala que durante esos tres años solicitó cuatro veces una medida sustitutiva, sin embargo, la posición de los jueces siempre fue negativa, y hasta la fecha se pregunta por qué esa decisión, si todas las pruebas se basan en actas, documentos que se pudieron alterar.
En esta entrevista, Quirín, cuenta detalles del extenso proceso penal en su contra, además de cómo el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante el debate oral, no han presentado pruebas del supuesto fraude.
¿Qué ha sido lo más duro en este proceso?
Que se decretara prisión preventiva sin justificación y alegando entorpecer la investigación cuando
Al principio uno cree que el proceso avanzará rápido, porque uno está convencido que no cometió ningún ilícito, pero rápidamente se da cuenta que los derechos de uno no valen. A mi criterio no se vale que por un capricho antojadizo, como fue la resolución ilegal de la jueza Silvia de León, quien fue quien nos envió a juicio sin darnos medida sustitutiva, estemos en la cárcel.
¿Por qué la prisión preventiva fue decretada injustificadamente?
Lo más sorprendente fue el hecho que se declarara prisión preventiva sin justificación porque la acusación se basaba en prueba documental, es decir toda la prueba son documentos, actas que ya estaban en poder del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y que nadie podía cambiar, no había nada que se pudiera cambiar, como se señaló.
No había ninguna posibilidad de interferir en la investigación como lo argumentaba el MP y la CICIG. En mi criterio la prisión preventiva fue decretada por capricho, por la gana de encerrarnos. Y es que, si uno revisa el proceso, a nadie de la Junta Directiva se les otorgó una medida.
Es difícil estar en prisión preventiva cuando uno es inocente. Se está violando la presunción de inocencia. Pensemos que uno es culpable, está bien, se acumulan los años, pero en nuestro caso que somos inocente, imagínese cuánto tiempo llevamos ya en prisión y por qué no acceder a darnos la medida.
¿Cuántas veces solicitó una medida sustitutiva?
En mi caso hice cuatro solicitudes y todas se me negaron. Por qué se negaron a darnos una medida sustitutiva. ¿Por qué? ¿Qué hice? Como repito, creo que fue un capricho porque a ninguno de los de la Junta Directiva del IGSS le otorgaron una medida.
Recuerdo que la primera vez que solicité la medida tenia un poco de fe, pero después de cuatro veces se pierde las esperanzas. Lo único que uno puede pensar es que hay justicia selectiva, pues me dí cuenta que en otros casos sí han otorgado medida sustitutiva.
¿Cómo han sido estos tres años en prisión preventiva?
Duros, le impactan a una la vida y más triste a la familia. No es fácil para la familia todo esto. En mi caso tengo que reconocer el apoyo que me han manifestado mis familiares, amigos, pero creo que eso es producto de la confianza que uno ha cosechado en el transcurso de los años.
Gracias a esa trayectoria que le menciono, además de los amigos y familiares, asociaciones, fundaciones y entidades, también han demostrado su apoyo, algo que realmente no esperaba.
Es frustrarte saber que no se respetan los derechos, y más por todas las injusticias en el proceso.
¿Por qué se ha prolongado el proceso penal?
Todas las etapas del proceso penal se han alargado, se ha evidenciado la intención de un retardo por parte de la CICIG y el MP, pues ninguno de nosotros presentó acciones, ya que lo que nosotros queríamos era agilizar todo. Hasta la fecha no se han respetado los plazos. Imagínese que todas las capturas fueron en mayo de 2015, y la etapa intermedia se hizo en 2016 y hasta ahora se concluye el debate.
Primero, unificar dos casos: IGSS Pisa y Caso Chiquimula, casos que ha mi juicio son totalmente diferentes, no tenían nada en común, pues uno era un caso de compra de medicamentos y el otra el alquiler de un edificio en Chiquimula, pero bueno. Considero que se juntaron solo para retrasar el proceso penal.
Después que Thelma Aldana -exjefa del Ministerio Público- y la Comisión Internacional contra la Impunidad solicitaran que el caso se fuera a un Tribunal Penal de Mayor Riesgo sin ninguna justificación, al final no se logró concretar, pero eso también retrasó el proceso penal.
Otro inconveniente fue la inesperada renuncia de uno de los jueces. El juez Carlos Ruano se excusó después que ya se había avanzado casi el 50 por ciento del primer debate. Resulta que porque presentó una denuncia por amenazas de una magistrada, pero lo extraño es que recibe la amenaza antes de que inicie el debate. Recuerdo que llevamos más de 30 audiencias.
A su criterio, ¿en el debate se evidenció el fraude?
No. En la etapa final del juicio no se pudo demostrar que la Junta Directiva cometiera fraude, y es más, ni si quiera las sospechas de una falta administrativa. Lo que han presentado son suposiciones de ellos porque no hay evidencia. No tienen una evidencia completa o sustancial.
Yo no estoy en contra que investiguen, cuando es necesario que lo hagan, pero siempre respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, sin manipular la investigación, pues al final toda esa vulneración no solo lo afecta a uno, sino a toda la familia.
¿Considera que hay errores en el proceso?
Si. haber iniciado un proceso penal cuando las sospechas podrían ser más enfocadas a una falta administrativa, la cual está establecida en la ley de Compras y Contrataciones. Incluso para eso hay sanciones administrativas.
Por esa razón insisto que se nos debió haber otorgado una medida sustitutiva, y no estar tanto tiempo en prisión preventiva.
¿Qué espera del Tribunal Undécimo?
Una resolución justa basada en derecho. En ningún momento he pedido algún trato especial, lo único que espero es que mis derechos se respeten.
Max Erwin Quirín Schoder, exintegrante de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es acusado de nombrar a miembros de la Junta de Licitación que no eran idóneos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal. El delito que habría cometido es fraude, según el Ministerio Público (MP).
Fue capturado en mayo de 2015 y desde entonces permanece en prisión preventiva. Su estadía en el centro carcelario ubicado en la Brigada Mariscal Zavala, ya supera los tres años y seis meses.
Quirín señala que durante esos tres años solicitó cuatro veces una medida sustitutiva, sin embargo, la posición de los jueces siempre fue negativa, y hasta la fecha se pregunta por qué esa decisión, si todas las pruebas se basan en actas, documentos que se pudieron alterar.
En esta entrevista, Quirín, cuenta detalles del extenso proceso penal en su contra, además de cómo el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante el debate oral, no han presentado pruebas del supuesto fraude.
¿Qué ha sido lo más duro en este proceso?
Que se decretara prisión preventiva sin justificación y alegando entorpecer la investigación cuando
Al principio uno cree que el proceso avanzará rápido, porque uno está convencido que no cometió ningún ilícito, pero rápidamente se da cuenta que los derechos de uno no valen. A mi criterio no se vale que por un capricho antojadizo, como fue la resolución ilegal de la jueza Silvia de León, quien fue quien nos envió a juicio sin darnos medida sustitutiva, estemos en la cárcel.
¿Por qué la prisión preventiva fue decretada injustificadamente?
Lo más sorprendente fue el hecho que se declarara prisión preventiva sin justificación porque la acusación se basaba en prueba documental, es decir toda la prueba son documentos, actas que ya estaban en poder del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y que nadie podía cambiar, no había nada que se pudiera cambiar, como se señaló.
No había ninguna posibilidad de interferir en la investigación como lo argumentaba el MP y la CICIG. En mi criterio la prisión preventiva fue decretada por capricho, por la gana de encerrarnos. Y es que, si uno revisa el proceso, a nadie de la Junta Directiva se les otorgó una medida.
Es difícil estar en prisión preventiva cuando uno es inocente. Se está violando la presunción de inocencia. Pensemos que uno es culpable, está bien, se acumulan los años, pero en nuestro caso que somos inocente, imagínese cuánto tiempo llevamos ya en prisión y por qué no acceder a darnos la medida.
¿Cuántas veces solicitó una medida sustitutiva?
En mi caso hice cuatro solicitudes y todas se me negaron. Por qué se negaron a darnos una medida sustitutiva. ¿Por qué? ¿Qué hice? Como repito, creo que fue un capricho porque a ninguno de los de la Junta Directiva del IGSS le otorgaron una medida.
Recuerdo que la primera vez que solicité la medida tenia un poco de fe, pero después de cuatro veces se pierde las esperanzas. Lo único que uno puede pensar es que hay justicia selectiva, pues me dí cuenta que en otros casos sí han otorgado medida sustitutiva.
¿Cómo han sido estos tres años en prisión preventiva?
Duros, le impactan a una la vida y más triste a la familia. No es fácil para la familia todo esto. En mi caso tengo que reconocer el apoyo que me han manifestado mis familiares, amigos, pero creo que eso es producto de la confianza que uno ha cosechado en el transcurso de los años.
Gracias a esa trayectoria que le menciono, además de los amigos y familiares, asociaciones, fundaciones y entidades, también han demostrado su apoyo, algo que realmente no esperaba.
Es frustrarte saber que no se respetan los derechos, y más por todas las injusticias en el proceso.
¿Por qué se ha prolongado el proceso penal?
Todas las etapas del proceso penal se han alargado, se ha evidenciado la intención de un retardo por parte de la CICIG y el MP, pues ninguno de nosotros presentó acciones, ya que lo que nosotros queríamos era agilizar todo. Hasta la fecha no se han respetado los plazos. Imagínese que todas las capturas fueron en mayo de 2015, y la etapa intermedia se hizo en 2016 y hasta ahora se concluye el debate.
Primero, unificar dos casos: IGSS Pisa y Caso Chiquimula, casos que ha mi juicio son totalmente diferentes, no tenían nada en común, pues uno era un caso de compra de medicamentos y el otra el alquiler de un edificio en Chiquimula, pero bueno. Considero que se juntaron solo para retrasar el proceso penal.
Después que Thelma Aldana -exjefa del Ministerio Público- y la Comisión Internacional contra la Impunidad solicitaran que el caso se fuera a un Tribunal Penal de Mayor Riesgo sin ninguna justificación, al final no se logró concretar, pero eso también retrasó el proceso penal.
Otro inconveniente fue la inesperada renuncia de uno de los jueces. El juez Carlos Ruano se excusó después que ya se había avanzado casi el 50 por ciento del primer debate. Resulta que porque presentó una denuncia por amenazas de una magistrada, pero lo extraño es que recibe la amenaza antes de que inicie el debate. Recuerdo que llevamos más de 30 audiencias.
A su criterio, ¿en el debate se evidenció el fraude?
No. En la etapa final del juicio no se pudo demostrar que la Junta Directiva cometiera fraude, y es más, ni si quiera las sospechas de una falta administrativa. Lo que han presentado son suposiciones de ellos porque no hay evidencia. No tienen una evidencia completa o sustancial.
Yo no estoy en contra que investiguen, cuando es necesario que lo hagan, pero siempre respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, sin manipular la investigación, pues al final toda esa vulneración no solo lo afecta a uno, sino a toda la familia.
¿Considera que hay errores en el proceso?
Si. haber iniciado un proceso penal cuando las sospechas podrían ser más enfocadas a una falta administrativa, la cual está establecida en la ley de Compras y Contrataciones. Incluso para eso hay sanciones administrativas.
Por esa razón insisto que se nos debió haber otorgado una medida sustitutiva, y no estar tanto tiempo en prisión preventiva.
¿Qué espera del Tribunal Undécimo?
Una resolución justa basada en derecho. En ningún momento he pedido algún trato especial, lo único que espero es que mis derechos se respeten.