El constitucionalista Mario Fuentes Destarac considera que el país vive una crisis jurídico-política, luego de la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG y de prohibir el ingreso al país de Iván Velásquez, jefe de esa entidad.

El abogado señala que las acciones del mandatario se enmarcan dentro de la ley en ambos casos, pero serán los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) los que determinen si son válidos los argumentos acerca de que el comisionado tiene “incidencia en la seguridad nacional y orden público”, como lo estableció el Consejo Nacional de Seguridad.

Agrega que el Presidente está facultado para tomar esta decisión, según el artículo 183 literal b, de la Constitución de la República, que indica que debe “proveer a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público”.

Fuentes Destarac hizo un llamado para “no causar una gran zozobra en la población, porque el tema se está discutiendo a nivel de ciertas élites y ojalá pudieran conversar y ponerse de acuerdo (el Gobierno y la ONU), para conciliar los intereses a luz de artículo 12 del acuerdo que crea la CICIG”.