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JD del Congreso presenta querella contra magistrados de la CC

Luis Gonzalez
11 de octubre, 2019

La Junta Directiva (JD) del Congreso de la República planteó una querella penal contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La acción legal fue planteada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados señalados son: Bonerge Mejía Orellana, Gloria Porras Escobar, Neftalí Aldana Herrera y José Francisco de Mata Vela.

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El Congreso los señala de cometer los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.

Lo anterior luego de emitir la resolución que suspendió de manera temporal la Comisión Específica de Investigación que verificaba el actuar de la CICIG.

Artículos violentados

Los cuatro magistrados habrían resuelto violando el artículo 171 de la Constitución Política de la Guatemala que faculta al Legislativo a crear este tipo de comisiones.

Artículo 171, de la Constitución de la República, inciso m) Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional.

Asimismo, la Directiva del Congreso considera que también se violentó el artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

“Los magistrados impiden el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados”, añaden.

También indican que “limitan las facultades enmarcadas en la ley como fiscalización y legislación establecidas en la Ley Orgánica y la Constitución Política de la República”.

El fallo de los magistrados

El 7 de octubre la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional y suspendió la Comisión Específica que verificaba el trabajo de la CICIG.

La principal razón por la que dejaron en suspenso la Comisión del Legislativo fue porque se le atribuyen responsabilidades que solo competen a los órganos de justicia.

Los magistrados señalan que “distinto resultaría si a la Comisión creada se le atribuyeran, en forma clara y determinada, otras funciones”.

Pero que esas atribuciones no interfieran ni invadan las competencias establecidas en la Constitución de la República.

Además que no contravengan otras leyes de carácter ordinario que solo tienen que ver con el trabajo del Ministerio Público.

También indican que no afecten otros órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de la República.

Testimonios contra CICIG siguen

Aunque la Comisión detuvo su labor como fue establecida, algunos diputados, encabezados por el presidente del Congreso, continuaron escuchando testimonios contra la CICIG.

La otra semana está previsto que sigan llegando al Legislativo personas que consideran fueron afectadas por irregularidades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

De acuerdo con los diputados que integraron la Comisión, su labor no interfería con el trabajo de los órganos de justicia.

Por ello consideran que el fallo de la CC no se ajusta a la ley.

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La acción legal fue planteada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados señalados son: Bonerge Mejía Orellana, Gloria Porras Escobar, Neftalí Aldana Herrera y José Francisco de Mata Vela.

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El Congreso los señala de cometer los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.

Lo anterior luego de emitir la resolución que suspendió de manera temporal la Comisión Específica de Investigación que verificaba el actuar de la CICIG.

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Los cuatro magistrados habrían resuelto violando el artículo 171 de la Constitución Política de la Guatemala que faculta al Legislativo a crear este tipo de comisiones.

Artículo 171, de la Constitución de la República, inciso m) Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional.

Asimismo, la Directiva del Congreso considera que también se violentó el artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

“Los magistrados impiden el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados”, añaden.

También indican que “limitan las facultades enmarcadas en la ley como fiscalización y legislación establecidas en la Ley Orgánica y la Constitución Política de la República”.

El fallo de los magistrados

El 7 de octubre la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional y suspendió la Comisión Específica que verificaba el trabajo de la CICIG.

La principal razón por la que dejaron en suspenso la Comisión del Legislativo fue porque se le atribuyen responsabilidades que solo competen a los órganos de justicia.

Los magistrados señalan que “distinto resultaría si a la Comisión creada se le atribuyeran, en forma clara y determinada, otras funciones”.

Pero que esas atribuciones no interfieran ni invadan las competencias establecidas en la Constitución de la República.

Además que no contravengan otras leyes de carácter ordinario que solo tienen que ver con el trabajo del Ministerio Público.

También indican que no afecten otros órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de la República.

Testimonios contra CICIG siguen

Aunque la Comisión detuvo su labor como fue establecida, algunos diputados, encabezados por el presidente del Congreso, continuaron escuchando testimonios contra la CICIG.

La otra semana está previsto que sigan llegando al Legislativo personas que consideran fueron afectadas por irregularidades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

De acuerdo con los diputados que integraron la Comisión, su labor no interfería con el trabajo de los órganos de justicia.

Por ello consideran que el fallo de la CC no se ajusta a la ley.

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