El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió la noche de este sábado en un acto en el que asumió la presidencia Silvia Valdés.
La decisión de la CSJ se tomó luego que venció el plazo constitucional para el cual fueron electos por el Congreso de la República.
De acuerdo con la legislación, por ser vocal I, quien debe ocupar el puesto es la magistrada Silvia Valdés, pero la funcionaria no desea la responsabilidad.
Luego de casi dos horas de reunión, los magistrados de la CSJ cumplieron el procedimiento e iniciaron un periodo extraordinario, pues el plazo constitucional venció el 12 de octubre.
Los magistrados ocuparán los cargos hasta que el Congreso nombre a los sustitutos.
En sus cargos y validan resoluciones
El viernes los magistrados se reunieron y acordaron seguir en los cargos basados en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial.
También tomaron la decisión de no renunciar a sus puestos porque la Corte de Constitucionalidad (CC) opina que deben permanecer.
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CSJ resuelve que magistrados sigan en sus cargos y valida sus fallos
Sectores no apoyan que siga la CSJ
Entidades como Congreso Eficiente, Cámara de Industria, Cedecon y Cámara Guatemalteca de Periodismo, opinan que el periodo de magistrados concluyó este sábado 12 de octubre y no debe prorrogarse.
En 2014, cuando se dieron circunstancias similares se extendió el periodo de los magistrados, pero en esa ocasión no existía el artículo 30, literal i), de la Ley de la Carrera Judicial, que establece cuándo los magistrados pierden su calidad, afirma la Cámara Guatemalteca de Periodismo.
“Cuando se incumple con un plazo constitucional estamos ante una violación constitucional, pero cuando el plazo se retiene al ejercicio de un poder (…) estamos frente a un poder de facto”, indica el expresidente de la CSJ, José Quesada.
Se trata de “un rompimiento grave de orden constitucional, en un sentido jurídico estaremos frente a una autoridad ilegítima, no constitucionalmente establecida“, agrega Quesada.
Mientras que Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), manifestó que no se debe minimizar el tema de los plazos, pues es un “tema grave” y de fondo el cual se debe atender de urgencia.
“Es muy preocupante tratar de minimizar la situación. Han querido plantear que es un aspecto de forma y no de fondo, no es cierto, es una afirmación que carece de sustento doctrinario (…) La Constitución tiene como esencia el límite al poder, la limitación al ejercicio del poder de los diferentes funcionarios y los plazos son un instrumento de fondo y no de forma”, cita Ralón.
Ralón aclara que el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial es factible para los trabajadores del área administrativa, pero no para los magistrados, pues ellos fueron electos por los diputados del Congreso, luego de un proceso a través de las Comisiones de Postulación.
Para el constitucionalista Mario Fuentes Destarac, de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) la Constitución es clara al fijar que el periodo de los magistrados es de cinco años y señala que no hay posibilidad que sea prorrogado ese plazo.
“El plazo es improrrogable, no se puede ampliar, el plazo es perentorio (…) al concluir el plazo se pierde la calidad de magistrados, es decir pierden la potestad o más claro se extingue la calidad de ellos” afirmó Destarac.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió la noche de este sábado en un acto en el que asumió la presidencia Silvia Valdés.
La decisión de la CSJ se tomó luego que venció el plazo constitucional para el cual fueron electos por el Congreso de la República.
De acuerdo con la legislación, por ser vocal I, quien debe ocupar el puesto es la magistrada Silvia Valdés, pero la funcionaria no desea la responsabilidad.
Luego de casi dos horas de reunión, los magistrados de la CSJ cumplieron el procedimiento e iniciaron un periodo extraordinario, pues el plazo constitucional venció el 12 de octubre.
Los magistrados ocuparán los cargos hasta que el Congreso nombre a los sustitutos.
En sus cargos y validan resoluciones
El viernes los magistrados se reunieron y acordaron seguir en los cargos basados en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial.
También tomaron la decisión de no renunciar a sus puestos porque la Corte de Constitucionalidad (CC) opina que deben permanecer.
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Entidades como Congreso Eficiente, Cámara de Industria, Cedecon y Cámara Guatemalteca de Periodismo, opinan que el periodo de magistrados concluyó este sábado 12 de octubre y no debe prorrogarse.
En 2014, cuando se dieron circunstancias similares se extendió el periodo de los magistrados, pero en esa ocasión no existía el artículo 30, literal i), de la Ley de la Carrera Judicial, que establece cuándo los magistrados pierden su calidad, afirma la Cámara Guatemalteca de Periodismo.
“Cuando se incumple con un plazo constitucional estamos ante una violación constitucional, pero cuando el plazo se retiene al ejercicio de un poder (…) estamos frente a un poder de facto”, indica el expresidente de la CSJ, José Quesada.
Se trata de “un rompimiento grave de orden constitucional, en un sentido jurídico estaremos frente a una autoridad ilegítima, no constitucionalmente establecida“, agrega Quesada.
Mientras que Stuardo Ralón, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), manifestó que no se debe minimizar el tema de los plazos, pues es un “tema grave” y de fondo el cual se debe atender de urgencia.
“Es muy preocupante tratar de minimizar la situación. Han querido plantear que es un aspecto de forma y no de fondo, no es cierto, es una afirmación que carece de sustento doctrinario (…) La Constitución tiene como esencia el límite al poder, la limitación al ejercicio del poder de los diferentes funcionarios y los plazos son un instrumento de fondo y no de forma”, cita Ralón.
Ralón aclara que el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial es factible para los trabajadores del área administrativa, pero no para los magistrados, pues ellos fueron electos por los diputados del Congreso, luego de un proceso a través de las Comisiones de Postulación.
Para el constitucionalista Mario Fuentes Destarac, de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) la Constitución es clara al fijar que el periodo de los magistrados es de cinco años y señala que no hay posibilidad que sea prorrogado ese plazo.
“El plazo es improrrogable, no se puede ampliar, el plazo es perentorio (…) al concluir el plazo se pierde la calidad de magistrados, es decir pierden la potestad o más claro se extingue la calidad de ellos” afirmó Destarac.