Allan Marroquín, quien se encuentra prófugo de la justicia por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se quejó de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ante la Comisión de la Verdad.
El exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal envió una carta a la comisión, según confirmaron autoridades de Comunicación Social del Congreso.
En la misiva señala “violaciones a derechos humanos cometidos en su contra”.
Asegura que “todos los guatemaltecos tienen derecho a juicios justos y con respeto al debido proceso”.
La carta de Marroquín se entrega tres días después que el Juzgado de Mayor Riesgo B autorizara iniciar el proceso de extradición en su contra.
La denuncia que pesa sobre Marroquín
Allan Herbert Marroquín Castillo es requerido por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Está relacionado con el caso TCQ, que se refiere a millonarios sobornos que habrían recibido los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
El caso también involucra a personeros de la empresa que inicialmente obtuvo el contrato de TCQ, los españoles Angel Pérez-Maura y Juan José Suárez Messeguer.
Los sobornos gestionados por el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, se negociaron así:
- US$24.5 millones para “socio local”
- US $5 millones para “argentinos”
- US $0.5 millones para gastos
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