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Cinco exdiputados deberán regresar a prisión preventiva

Glenda Sanchez
05 de diciembre, 2019

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó el arresto domiciliario a cinco exdiputados del Congreso, por esa razón deberán regresar a prisión preventiva.

Los cinco exparlamentarios están vinculados al caso de corrupción denominado “Plazas Fantasma”. 

Según el Ministerio Púlico (MP) los exparlamentarios son acusados de haberse aprovechado de su cargo para realizar contrataciones anómalas.

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Además de crear “plazas fantasma” cuando eran parte de la Junta Directiva del Legislativo, en la presidencia del exdiputado Luis Rabbé.

Deben regresar a prisión

Este miércoles la CSJ revocó la medida de arresto domiciliario a los exdiputados que había sido otorgada por el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Dominguez.

La jueza les otorgó la medida a cambio de una fianza de Q400 mil. Sin embargo ahora deberán regresar a prisión. 

Los exdiputados que deberán regresar son:

  • Cesar Fajardo,
  • Aleksander Castillo
  • Manuel García Chutá
  • Juan Alcazar
  • Carlos Herrera. 

Los cinco exparlamentarios pertenecieron al desaparecido Partido Patriota (PP), partido que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina, acusado de corrupción en por lo menos dos casos: La Línea y Cooptación del Estado.

Ahora los señalados del caso de corrupción deberán ser notificados y podrían presentar una impugnación. 

Datos del caso 

La acusación incluye a los sindicados que cobraron salarios de Q5 mil a Q20 mil mensuales, sin presentarse a trabajar, para un total de 34 procesados.

La investigación desarrollada por el MP y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establece que la Directiva realizó contrataciones ilegales.

“Esta forma de operar se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad”, agrega el MP.

La investigación evidenció que la Directiva se unió para distribuirse un alto número de plazas para contratar personal con presupuesto del Congreso.

Lo anterior en contravención de las normas de reclutamiento y contratación del organismo y las normas generales en la materia vigentes en el Estado de Guatemala, añaden las autoridades.

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