La Policía Nacional capturó a cinco personas, entre ellos los empresarios Adrián de la Joya y Ángel Pérez-Maura en una operación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción dentro del caso Villarejo, según el medio El Español.
Agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía realizaron distintos registros en domicilios y sociedades vinculadas a los hechos objeto de investigación.
Luego de los operativos, detuvieron a cinco personas: el empresario naviero Ángel Pérez-Maura García y su hermano, Álvaro Pérez-Maura García, Francisco Javier Soucheiron Marcet, Enrique Maestre Cavanna y Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, según informan fuentes fiscales.
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Acusado de sobornar para evitar extradición
Las capturas se dan en el marco del expediente conocido como PIT del caso Tándem o Villarejo. La Fiscalía solicitará sus declaraciones ante el juez Manuel García-Castellón, que debe revisar la condición de detenidos tras oírles.
La operación deriva de una querella de Anticorrupción para esclarecer presuntos delitos relacionados con la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Por un lado, el Ministerio Público investiga la presunta contratación de los servicios del comisario Villarejo por parte de Ángel Pérez-Maura para evitar su detención y extradición a Guatemala, donde es reclamado por el Ministerio Público.
El empresario habría pagado 10 millones de euros a Villarejo para que lo consiguiera, según las pesquisas de la Fiscalía.
La Fiscalía deja claro en su nota que la investigación sólo afecta a los cinco detenidos y no a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional cuando se habrían producido los hechos.
Desmiente así las publicaciones de algunos medios en los que se apuntó hacia ella como sospechosa de haber mediado para intentar paralizar la extradición de Pérez-Maura.
Los sobornos en el caso TCQ
Por otro lado, Anticorrupción también investiga en la operación puesta en marcha este miércoles, el pago de una comisión de US$30 millones entre los años 2012 y 2015 al Presidente y la Vicepresidenta de la República de Guatemala.
Las coimas se habrían dado para que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., por medio de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, (TCQ), obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal
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