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Así fue el “asalto” al Ministerio de Salud, según la Fiscalía

Henry Pocasangre
16 de julio, 2019

En dos años más de 113 personas entre diputados, particulares y funcionarios de Gobierno del Partido Patriota, tomaron el control del Ministerio de Salud y saquearon el presupuesto.

La estructura criminal tomó el control del Ministerio de Salud cuando asumió la cartera el exministro Jorge Villavicencio, en el periodo del 2012 al 2014.

Una investigación del Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revela que habrían saqueado unos Q53 millones por medio de coimas a cambio de contrataciones y obras.

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Villavicencio estaba a la cabeza de la estructura, y su mano derecha era Cándida Saraí Villavicencio Delgado -su hija- y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez.

De acuerdo con las pesquisas que tomaron tres años, según la fiscalía, cuando el exministro llegó a la entidad “exploraron” los negocios que podían realizar.

La compra de medicamentos fue una de las opciones de negocio para la banda, pero estaba “cubierta” por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín.

La estructura encontró la forma de saquear el ministerio con el cobro de comisiones ilícitas  por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.

Además, el cobro de comisiones por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas fantasma por favores políticos.

Comisiones por obras

La estructura estaba tan coordinada que hizo viables las adjudicaciones para la construcción y remozamiento de hospitales a empresas de su elección, según la investigación.

Los acuerdos se realizaban en la oficina de Villavicencio, restaurantes, oficinas privadas y lugares externos.

Fue en ese momento cuando a la estructura le solicitaron integrar a varios diputados, entre ellos Estuardo Galdámez (hospital de Quiché), Boris España (hospital de Chiquimula) Roberto Kestler Rolando Pérez (hospital de Antigua Guatemala); así como de Heber Cabrera, entonces gobernador de Quiché (hospital Quiché), y Juan de Dios Rodríguez, entonces secretario privado de la Presidencia (varios hospitales).

La estructura criminal tuvo la coincidencia de tener el control durante el terremoto de noviembre del 2012 en el occidente del país.

Para ese caso destinaron obras de reposición y reparación derivadas del Estado de Calamidad (Decreto 33-12).

Uno de los funcionarios que pidió participar de la reconstrucción fue Juan de Dios Rodríguez.

“Se han contabilizado más de 50 eventos irregulares de reposición y reparación a hospitales y centros de salud, los cuales representaron más de Q131 millones”, según la investigación.

Otro proyecto fue la construcción de hospitales nuevos que no eran parte del Estado de Calamidad pero que integraban un programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria, entre ellos:

  1. La construcción edificio(s) de Urgencias Médicas, Esquipulas, Chiquimula (luego rescindido).
  2. La construcción de Hospital de Ixcán, El Quiché.
  3. La construcción del Hospital Rabinal, Verapaz.
  4. Ampliación del Hospital Antigua Guatemala.
  5. La construcción del Hospital de Villa Nueva. La obra estaba detenida debido a que el Ministerio de Salud había retrasado los pagos por el avance físico de la obra, por lo que pactaron el pago de comisiones (3%) para agilizar el avance físico de la obra.

Lo que para los guatemaltecos significó una tragedia y pérdidas, como el terremoto de noviembre de 2012, para la estructura criminal significó una oportunidad para negocios ilícitos“.

Se calcula que al menos Q17 millones fueron recibidos en concepto de comisiones ilícitas por obras de reposición y reparación; en el caso de la construcción de hospitales nuevos las coimas pactadas ascendieron a Q36 millones.

Juan de Dios Rodríguez y su intermediario Roberto Samuel Dávila Meza, se quedaron con Q7 millones de lo realizado por el Estado de Calamidad. En tanto que la estructura dirigida por Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez Martínez, les correspondió Q12 millones.

El sustento de esta investigación incluye: Ocho horas de grabación de conversaciones, 37 mil 211 correos electrónicos, un colaborador eficaz dentro del caso, declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100 mil folios.

Comisiones ilícitas

Otro de los “negocios” de la estructura fue el cobro de comisiones ilícitas de bienes y servicios.

Compras bombas de infusión, contratos de eventos de publicidad, adquisición de ambulancias, proyectos de colocación de rayos X en los hospitales públicos y compra de Hospital Modular en Mixco, fueron algunos de los “negocios”.

“Para los eventos de compras de ambulancias, bombas de infusión y colocación de rayos X en varios hospitales, fue clave la participación de Jaime Pérez Castillo, sobrino del entonces presidente Otto Pérez Molina”, indican las autoridades

En el pago de comisiones ilícitas se calcula que en el evento de bombas de infusión se pagó un estimado de Q500 mil quetzales en concepto de comisiones ilícitas.

En el evento de publicidad, cuyo contrato fue de Q 6,593,970.50 adjudicado (entregado) a la empresa de Rolando Pérez Martínez, hermano de Luis Fernando Pérez, la estructura habría recibido al menos Q400 mil quetzales

Contratación de 450 plazas fantasma

Bajo este esquema de plazas fantasma, el MP y la CICIG identificaron solicitudes (las cuales fueron otorgadas en su mayoría), de diputados de diferentes partidos políticos, de la Vicepresidencia de la República, así como de funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, el Parlacen, la Usac, y algunas alcaldías.

“En estos hechos especialmente participaron congresistas que, de forma abierta e impune, utilizaban documentación oficial (papel membretado) del Congreso para dar instrucciones sobre el personal, tipo de plaza y salario para los nombramientos en los distintos puestos en dicha cartera”, señala la investigación.

Órdenes de captura

Citados a tribunales

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