Las autoridades judiciales de México solicitaron a Guatemala permiso para juzgar por desaparición forzada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Duarte estuvo prófugo luego de ser señalado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Huyó de México y se refugió en Guatemala donde fue ubicado y capturado.
De inmediato las autoridades mexicanas solicitaron su extradición por los delitos de corrupción y lavado de dinero, pero hace un año se incluyó una orden de captura por desaparición forzada,catalogado como delito de lesa humanidad.
El tratado de extradición entre ambos países establece que si, a la postre, se quiere proceder en contra de un extraditado por un nuevo delito, se tiene que pedir permiso al país que lo mandó, señalan medios de comunicación de México.
Esperan respuesta
Las autoridades mexicanas iniciaron el procedimiento para obtener el permiso y luego de varios meses se completó el expediente que fue entregado este martes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, se indica.
Ahora México espera la respuesta de Guatemala, que podría darse en un plazo de un mes. El delito de desaparición forzada tiene una pena máxima de 30 años.
Duarte ya cumple condena en el Reclusorio Norte, luego de ser sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.
El exgobernador, durante su gestión en Veracruz (2011-2016), habría implementado una unidad de política ilegal de desaparición, la cual se supone fue ejecutada por la policía estatal.
La fiscalía mexicana documentó por lo menos 13 casos de jóvenes desaparecidos ocurridos en 2013, que previamente fueron detenidos por policías en retenes.
El 8 de febrero de 2018, en el marco de un operativo denominado “Tiro de Gracia”, se ejecutaron órdenes de arresto en contra de 19 exjefes de la policía estatal en la gestión de Duarte, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
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De inmediato las autoridades mexicanas solicitaron su extradición por los delitos de corrupción y lavado de dinero, pero hace un año se incluyó una orden de captura por desaparición forzada,catalogado como delito de lesa humanidad.
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Ahora México espera la respuesta de Guatemala, que podría darse en un plazo de un mes. El delito de desaparición forzada tiene una pena máxima de 30 años.
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