El 13 de febrero del 2019, María Mercedes sintió un vuelco en el corazón al enterarse que algunos exdirectivos del Seguro Social, condenados por el caso IGSS-Pisa y procesados por el expediente conocido como Ambulancias, lograron una medida sustitutiva y salieron de prisión.
Al enterarse tuvo sentimientos encontrados. Tristeza y enojo porque esperó tanto este momento y satisfacción por los exdiretivos del IGSS que estuvieron casi cuatro años en prisión preventiva.
Hace unos días, el 5 de julio de este año, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal anuló la sentencia del caso IGSS-Pisa, y entonces la noticia la paralizó.
Durante mucho tiempo, imaginó a su esposo, el médico Jesús Oliva, salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde permaneció durante tres años en prisión preventiva, procesado junto con los otros exdirectivos del IGSS.
Siempre pensó la forma en cómo recuperarían la vida que dejaron en pausa el 20 de mayo de 2015 cuando fue capturado. “Todo sería como antes”, se decía María Mercedes.
Pero ese 13 de febrero Oliva no pudo celebrar su libertad. Siete meses antes el médico pediatra, especializado en España, se suicidó.
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Exdirectivos del Igss recobran su libertad
“Chusito” como le llamaban sus colegas y amigos, se dio por vencido. Lo derrotó la depresión. Su esposa Mercedes recuerda que la separación de su familia, no contar con dinero para costear un abogado que probara su inocencia, y ver las cuentas que no podía pagar, lo enfermaron.
La vida que su profesión le permitía tener, se esfumó el mismo día que lo detuvieron.
Su profesión
Jesús Oliva se graduó de Médico y Cirujano. Obtuvo la especialización como Pediatra. Su esposa lo conoció cuando recién acababa de obtener una especialización en España.
Se casaron en 1995, luego de tres años de noviazgo. Procrearon tres hijos, quienes actualmente tienen 22, 16 y ocho años.
El menor padece un síndrome que no le permite hablar. Mercedes no duda que si su esposo estuviera vivo hubiera buscado la mejor atención para su hijo que requiere medicamentos y atención especializada.
Ahora profesionales amigos del médico la apoyan en los exámenes y tratamientos que requiere el menor.
Oliva se jubiló del Hospital San Juan de Dios. Abrió su clínica y se dedicó a la docencia en la Universidad de San Carlos (Usac).
Su trabajo le permitió ocupar el cargo de decano y a su vez se convirtió en el representante de la Usac en la Junta Directiva del Seguro Social.
Nunca imaginó que esa responsabilidad lo llevaría tras las rejas. Durante tres años intentó sin éxito demostrar que no buscó beneficiarse con la firma del contrato que le daba atención a los enfermos renales.
La captura
El 20 de mayo del 2015 la vida del médico y su familia dio un giro de 180 grados. Se preparaba, como todos los días, para salir al trabajo, cuando unos 15 agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su vivienda, ubicada en San Cristóbal, Mixco.
Al inicio pensó que se trataba de un error y con esa esperanza se trasladó a la Torre de Tribunales, donde por cinco días permaneció en las carceletas, lugar conocido como “el gallinero”.
La solicitud del médico Jesús Oliva, para atender a su familia, en especial a su hijo enfermo, fue negada. Acá uno de los mensajes enviados por el profesional.
Al saber que habían capturado a los demás integrantes de la Directiva del Seguro Social, imaginó que el caso estaba relacionado, pero no dudó que todo sería aclarado.
Se sorprendió al verse ligado a proceso por fraude, si nunca recibió nada a cambio de la firma y tampoco acordó con alguien defraudar al Seguro Social.
Su esposa, quien hasta ese momento solo se dedicaba al hogar, siempre defendió su inocencia y buscó demostrar con hechos que el médico no recibió dinero de origen ilícito.
Jesús Oliva tenía 7 años de estar pagando su casa. Los ingresos que tenía de su clínica, la jubilación, dar clases y las dietas de la Directiva del Seguro Social, le permitían tener una vida sin carencias económicas.
Sin embargo, desde el momento de su captura le cortaron sus ingresos, hasta le embargaron su jubilación obtenida luego de 20 años en el Hospital San Juan de Dios. Se quedó sin recursos para mantener a su familia y a sus tres hijos.
La falta de ingresos obligó a Mercedes a buscar cómo ganarse la vida. Si bien, durante tres años contó con el apoyo económico de varios amigos de Jesús que estaban seguros de su inocencia, solo alcanzaba para pagar la casa.
“.. Siempre fui asalariado, médico pediatra, profesor universitario y súbitamente mis ingresos se redujeron a cero. La fe en Dios nos ha mantenido unidos y nos ha dado el pan de cada día. Me preocupa pues ya no soy joven, me preocupa la salud de mis hijos en especial la del pequeño Andy de 6 años que tiene el síndrome de Landau Keffner… me preocupa no poder pagar la cuota mensual de la casa que por abonos pagamos (no poseo ningún bien inmueble). No aspiro a grandes cosas, simplemente lograr algún día no lejano la ansiada libertad para estar con mi familia y trabajar en lo que pueda para su sustento moral y económico”, escribió el médico días antes de quitarse la vida.
De inmediato Mercedes se ocupó vendiendo comida. Como visitaba a su esposo en la cárcel, aprovechó el tiempo y montó un pequeño negocio para ofrecer tacos y granizadas.
Ella consideró, además, que a su esposo le ayudaría estar ocupado y entonces le pidió apoyo para atender a los clientes. Así, el destacado pediatra pasó de atender a niños y dar clases en la Usac, a repartir comida. “Condición que agravó aún más su tristeza”, recuerda ahora su esposa.
El médico Carlos Orellana lo visitó en prisión y en un breve relato refleja cómo era parte de la vida de Jesús Oliva.
“La primera vez que llegué a visitar a Chusito al Centro de Detención del Mariscal Zavala, tuve un choque emocional muy fuerte. Con una gran sonrisa y los brazos abiertos de par en par vi como la figura de mi decano se aproximaba a mi esposa y a mi. Vestía pantalón de lona, tenis, una camiseta y encima de todo una gabacha como de mesero… Era mi decano. Mi maestro. El hombre que había iniciado la recuperación de la Facultad de Ciencias Médicas, el que me había enseñado parasitología y el buen hacer de la pediatría. Y nos llevó hasta su pequeña empresa: una venta de tacos y granizadas”, dice parte de la carta de Carlos Orellana.
En la actualidad, Mercedes sigue dependiendo del negocio de alimentos, cuenta con una venta de comida dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos.
El caso
El caso IGSS-Pisa acaparó la atención de los medios y de varios grupos de la sociedad. Un grupo de personas señalaron a la empresa de no tener las capacidades para brindar atención a los enfermos renales.
A Jesús Oliva, al igual que a los otros integrantes de la Junta Directiva, encabezada por Juan de Dios Rodríguez, se les acusó de nombrar como miembros de la Junta de Licitación, a personas que no eran idóneas ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal.
A la Junta Licitación se le acusó de autorizar en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., continuara en el proceso de licitación, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario.
A todos se les acusó de fraude. Para Mercedes, no hubo una sola prueba que mostrara que habían incurrido en algún delito.
A Otto Fernando Molina Stalling , hijo de Blanca Stalling, se le acusó de cobro ilegal. En este caso, se presentaron intercepciones telefónicas que mostraron a Molina, supuestamente, acordando una comisión para otorgar el contrato.
Los procesados fueron condenados a penas de 6 años en septiembre de 2018, pero apelaron el fallo y en julio de 2019 la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, anuló la sentencia.
Stalling y Rodríguez también fueron absueltos. El expresidente de la Junta Directiva aún tiene procesos pendientes y sigue encarcelado, mientras el hijo de la magistrada suspendida ya no podrá viajar a Estados Unidos, pues le fue retirada la visa.
Jesús Oliva, sobre quien no pesaba ningún antecedente penal sino una destacada trayectoria profesional ya no pudo escuchar el fallo que los declaró inocentes, perdió la esperanza, no resistió la extenuante dureza de la prisión preventiva.
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Al enterarse tuvo sentimientos encontrados. Tristeza y enojo porque esperó tanto este momento y satisfacción por los exdiretivos del IGSS que estuvieron casi cuatro años en prisión preventiva.
Hace unos días, el 5 de julio de este año, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal anuló la sentencia del caso IGSS-Pisa, y entonces la noticia la paralizó.
Durante mucho tiempo, imaginó a su esposo, el médico Jesús Oliva, salir de la cárcel Mariscal Zavala, donde permaneció durante tres años en prisión preventiva, procesado junto con los otros exdirectivos del IGSS.
Siempre pensó la forma en cómo recuperarían la vida que dejaron en pausa el 20 de mayo de 2015 cuando fue capturado. “Todo sería como antes”, se decía María Mercedes.
Pero ese 13 de febrero Oliva no pudo celebrar su libertad. Siete meses antes el médico pediatra, especializado en España, se suicidó.
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Su profesión
Jesús Oliva se graduó de Médico y Cirujano. Obtuvo la especialización como Pediatra. Su esposa lo conoció cuando recién acababa de obtener una especialización en España.
Se casaron en 1995, luego de tres años de noviazgo. Procrearon tres hijos, quienes actualmente tienen 22, 16 y ocho años.
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Oliva se jubiló del Hospital San Juan de Dios. Abrió su clínica y se dedicó a la docencia en la Universidad de San Carlos (Usac).
Su trabajo le permitió ocupar el cargo de decano y a su vez se convirtió en el representante de la Usac en la Junta Directiva del Seguro Social.
Nunca imaginó que esa responsabilidad lo llevaría tras las rejas. Durante tres años intentó sin éxito demostrar que no buscó beneficiarse con la firma del contrato que le daba atención a los enfermos renales.
La captura
El 20 de mayo del 2015 la vida del médico y su familia dio un giro de 180 grados. Se preparaba, como todos los días, para salir al trabajo, cuando unos 15 agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su vivienda, ubicada en San Cristóbal, Mixco.
Al inicio pensó que se trataba de un error y con esa esperanza se trasladó a la Torre de Tribunales, donde por cinco días permaneció en las carceletas, lugar conocido como “el gallinero”.
La solicitud del médico Jesús Oliva, para atender a su familia, en especial a su hijo enfermo, fue negada. Acá uno de los mensajes enviados por el profesional.
Al saber que habían capturado a los demás integrantes de la Directiva del Seguro Social, imaginó que el caso estaba relacionado, pero no dudó que todo sería aclarado.
Se sorprendió al verse ligado a proceso por fraude, si nunca recibió nada a cambio de la firma y tampoco acordó con alguien defraudar al Seguro Social.
Su esposa, quien hasta ese momento solo se dedicaba al hogar, siempre defendió su inocencia y buscó demostrar con hechos que el médico no recibió dinero de origen ilícito.
Jesús Oliva tenía 7 años de estar pagando su casa. Los ingresos que tenía de su clínica, la jubilación, dar clases y las dietas de la Directiva del Seguro Social, le permitían tener una vida sin carencias económicas.
Sin embargo, desde el momento de su captura le cortaron sus ingresos, hasta le embargaron su jubilación obtenida luego de 20 años en el Hospital San Juan de Dios. Se quedó sin recursos para mantener a su familia y a sus tres hijos.
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“.. Siempre fui asalariado, médico pediatra, profesor universitario y súbitamente mis ingresos se redujeron a cero. La fe en Dios nos ha mantenido unidos y nos ha dado el pan de cada día. Me preocupa pues ya no soy joven, me preocupa la salud de mis hijos en especial la del pequeño Andy de 6 años que tiene el síndrome de Landau Keffner… me preocupa no poder pagar la cuota mensual de la casa que por abonos pagamos (no poseo ningún bien inmueble). No aspiro a grandes cosas, simplemente lograr algún día no lejano la ansiada libertad para estar con mi familia y trabajar en lo que pueda para su sustento moral y económico”, escribió el médico días antes de quitarse la vida.
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El caso
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A la Junta Licitación se le acusó de autorizar en forma irregular que la Droguería Pisa de Guatemala, S.A., continuara en el proceso de licitación, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario.
A todos se les acusó de fraude. Para Mercedes, no hubo una sola prueba que mostrara que habían incurrido en algún delito.
A Otto Fernando Molina Stalling , hijo de Blanca Stalling, se le acusó de cobro ilegal. En este caso, se presentaron intercepciones telefónicas que mostraron a Molina, supuestamente, acordando una comisión para otorgar el contrato.
Los procesados fueron condenados a penas de 6 años en septiembre de 2018, pero apelaron el fallo y en julio de 2019 la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, anuló la sentencia.
Stalling y Rodríguez también fueron absueltos. El expresidente de la Junta Directiva aún tiene procesos pendientes y sigue encarcelado, mientras el hijo de la magistrada suspendida ya no podrá viajar a Estados Unidos, pues le fue retirada la visa.
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