“O me das o te invado”. Con esa amenaza los grupos de invasores siguen operando en El Estor, Izabal y otros lugares del Valle del Polochic.
Ahora utilizan la crisis causada por la pandemia del coronavirus Covid-19 para tomar por la fuerza terrenos privados, según denuncia de afectados.
Estas personas se presentan como comités organizados y buscan a los propietarios de los terrenos.
Se quejan de la falta de apoyo del Gobierno durante la emergencia y aseguran que no tienen otra opción que tomar las tierras de manera voluntaria o por la fuerza.
En El Estor hay registro de al menos 15 terrenos invadidos. La mayor parte son fincas, pero también hay propiedades de personas particulares.
Invasión y destrucción de plantaciones
La más reciente invasión ocurrió el 14 de mayo en la finca Chabiland. Dos grupos de comunidades tomaron unas 600 hectáreas, lotificaron el terreno y botaron la siembra.
Oscar Can, de la aldea Chinebal, reconoce que tomaron el terreno, pero asegura que es propiedad de la comunidad luego de recibirlo en donación de una iglesia evangélica.
Sin embargo, la empresa Naturaceites asegura que el terreno invadido es de su propiedad. La diferencia se sigue discutiendo en una mesa de diálogo que lleva tres años sin resolver.
Can comenta que la más reciente invasión de la finca es responsabilidad de la comunidad San Pablo 1.
Con este grupo han tenido diferencias y enfrentamientos. Señala que llegaron al lugar y botaron los árboles de palma de aceite para construir sus viviendas.
Según Can, los de la comunidad San Pablo 1 botaron unos 200 árboles. Naturaceites también señala al grupo de Chinebal de cortar palma.
De acuerdo con Can, botaron algunas para construir sus “champas“, pero el mayor daño lo causó el otro grupo.
Debido a este conflicto la empresa suspendió los trabajos y las personas se quedaron sin empleo. El efecto negativo es contra unas dos mil familias de la zona.
La Gobernación Departamental de Izabal intervino y este martes se reunirá con representantes de las comunidades, la empresa y otras autoridades para buscar solucionar las dificultades.
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Denuncias no avanzan en el MP
Todas las denuncias de invasiones se han tramitado en la agencia del Ministerio Pública ubicada en Morales, Izabal.
Pero los afectados se quejan de que las denuncias no avanzan. Los expedientes no pasan a los juzgados para tramitar desalojos o capturas.
Luego, cuando ya se cuenta con órdenes de los tribunales, los operativos no se realizan por las excusas de las entidades y se aplazan.
La impunidad es general en todos estos casos. Los invasores actúan a sus anchas y la Fiscalía no agiliza los procesos.
Extorsiones y narcotráfico
Los habitantes de El Estor también se quejan de otros males. En el municipio operan pandilleros que extorsionan y cometen crímenes.
Además, colocan bloqueos para extorsionar a las personas que se movilizan por el área.
Las pocas empresas que generan trabajo en el sector se desarrollan en medio de un ambiente de inseguridad, ataques y extorsiones de estos grupos.
Además, a estos problemas en El Estor, se suman las operaciones del narcotráfico que muchas veces se entrelaza con los invasores y extorsionistas para aprovecharse de la ingobernabilidad.