Los alborotadores y los que desafían el conteo electoral no entienden cómo Estados Unidos elige a los presidentes
El pasado miércoles, el Capitolio de la nación más poderosa que el mundo haya conocido fue asaltado por una turba enfurecida. Los estadounidenses, seguramente, nunca pensaron que verían una escena así. Miembros del Congreso atrincherados dentro de la cámara del Congreso, la policía del Capitolio pisoteada y cuatro estadounidenses muertos.
Una mujer recibió un disparo cerca del ascensor que uso todos los días para entrar al piso del cuarto de sesiones. No fue una demostración de patriotismo, sino de frenesí y anarquía. Las acciones de unos pocos eclipsaron las buenas intenciones de muchos.
¿Por qué?
Quizás deberíamos preguntarle a nuestros Fundadores, no eran oráculos, pero eran profetas limítrofes. En Federalist No. 68, Alexander Hamilton expone el propósito del Colegio Electoral, argumentando que un cuerpo de electores independiente y descentralizado debería elegir al presidente.
“La elección de varios, para formar un cuerpo intermedio de electores, será mucho menos propensa a convulsionar a la comunidad con movimientos extraordinarios o violentos”.
Según Hamilton, las únicas personas en Estados Unidos a las que no se les debería permitir ser nombradas electores serían los miembros de la Cámara, el Senado y cualquier “otra persona que tenga un lugar de confianza o lucrativo en el gobierno”.
Los electores “excluirían de la elegibilidad para este fideicomiso a todos aquellos que por la situación pudieran ser sospechosos de una devoción demasiado grande al presidente en el cargo”.
Nuestros Fundadores pensaban que era crucial encomendar a un organismo temporal la elección del presidente. Por la sencilla razón de que un organismo permanente como el Congreso enfrentaría una enorme presión por parte de los votantes, funcionarios y grupos de interés.
Eso podría ser, por ejemplo, la presión de un presidente o de 10,000 manifestantes afuera del Capitolio. Por esta razón, los Fundadores optaron por difundir la responsabilidad a los electores de cada estado.
Trataron de evitar la situación exacta que vimos el 6 de enero. A millones de estadounidenses se les hizo creer falsamente que la última palabra en la elección de nuestro próximo presidente recaía en un solo cuerpo, el Congreso.
Así que no fue una sorpresa que miles de personas se presentaran para hacer oír su voz. Pero la creencia de que el Congreso tiene algo que decir en la “certificación” de los votos electorales nunca ha sido cierta. Siempre ha sido inconstitucional y contra la intención de nuestros Fundadores, como lo fue cuando los demócratas intentaron el mismo truco en 2005.
El artículo II de la Constitución establece un papel claro para el Congreso. “El Presidente del Senado, en presencia del Senado y la Cámara de Representantes, abrirá todas las papeletas los certificadas y luego se contarán los votos”.
La Constitución no dice “certificar”. No dice “objetar si no está de acuerdo”. No dice “objetar y descertificar si cree que la certificación del estado es incorrecta”, la única contingencia que prevé la Constitución es en caso de que algún candidato no alcance la mayoría electoral.
El derecho de objeción que ahora invocan los miembros del Congreso se deriva de una mala interpretación de la Ley de Conteo Electoral de 1887, la cual fue aprobada a raíz de las desastrosas elecciones presidenciales de 1876. Ese año los estados certificaron listas de electores en competencia y las enviaron al Congreso; un gobernador puede enviar una lista y la legislatura otra.
La ley de 1887 estaba destinada a permitir a los miembros del Congreso oponerse a una de las listas de electores en competencia. Pero, ningún estado después de las elecciones de 2020 ha aprobado varias listas, ni ninguna legislatura estatal ha solicitado al Congreso que considere a diferentes electores.
De hecho, la ley establece claramente que siempre que la determinación final de los electores “se haga al menos seis días antes de la hora de reunión de los electores”. Esa lista de electores “será concluyente y regirá en el conteo de los votos electorales previstos en la Constitución”. Por lo tanto, las objeciones que se estaban considerando el 6 de enero no tenían base legal.
Engaño en resolución del Congreso
La verdadera causa de los disturbios del pasado miércoles, fue que muchos funcionarios y comentaristas engañaron a millones de estadounidenses. Se les hizo creer que el recuento de votos era su última oportunidad de opinar y su última y mejor ocasión de luchar por la integridad de las elecciones.
Se mintió a millones y se les dijo que tenían que luchar en nuestro Capitolio o todo estaría perdido. Pero el 6 de enero fue meramente ceremonial. Con o sin los manifestantes, el derecho inconstitucional de objeción que invocaron algunos legisladores no habría resultado en nada más que un par de horas de debate.
La buena noticia para esos millones de estadounidenses es la siguiente. No fue su última palabra. No fue tu última oportunidad. En nuestro sistema de gobierno, nunca lo es.
Las preocupaciones sobre la integridad de las elecciones son reales y deben ser escuchadas. Los méritos de estas objeciones son reales y sustantivos. Ha habido innumerables ejemplos de estados que se han involucrado en prácticas electorales irresponsables y no verificables.
Ello arroja dudas sobre los resultados de las elecciones. Ya sea que se trate de firmas no verificadas en las boletas electorales enviadas por correo o leyes laxas de identificación de votantes.
También una negativa a actualizar las listas de registro o una negativa a permitir que los observadores partidistas presencien el conteo, hay muchas prácticas que deben cambiarse.
La lucha por estos cambios debe ser la mayor prioridad de Estados Unidos, porque la fe en la democracia es nuestra necesidad más urgente. Los republicanos deben defender estos cambios en los estados, a los que la Constitución confiere la responsabilidad principal de llevar a cabo las elecciones.
Ahí es donde está nuestra lucha. Ese es el trabajo duro. Y esa debe ser nuestra prioridad.
El Sr. Crenshaw, es un republicano que representa al Segundo Distrito del Congreso de Texas.
Copyright © ️2020 Dow Jones & Company, Inc. Todos los derechos reservados. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
Opinión del WSJ: Caos en el Capitolio mientras Trump pierde el Senado
Los alborotadores y los que desafían el conteo electoral no entienden cómo Estados Unidos elige a los presidentes
El pasado miércoles, el Capitolio de la nación más poderosa que el mundo haya conocido fue asaltado por una turba enfurecida. Los estadounidenses, seguramente, nunca pensaron que verían una escena así. Miembros del Congreso atrincherados dentro de la cámara del Congreso, la policía del Capitolio pisoteada y cuatro estadounidenses muertos.
Una mujer recibió un disparo cerca del ascensor que uso todos los días para entrar al piso del cuarto de sesiones. No fue una demostración de patriotismo, sino de frenesí y anarquía. Las acciones de unos pocos eclipsaron las buenas intenciones de muchos.
¿Por qué?
Quizás deberíamos preguntarle a nuestros Fundadores, no eran oráculos, pero eran profetas limítrofes. En Federalist No. 68, Alexander Hamilton expone el propósito del Colegio Electoral, argumentando que un cuerpo de electores independiente y descentralizado debería elegir al presidente.
“La elección de varios, para formar un cuerpo intermedio de electores, será mucho menos propensa a convulsionar a la comunidad con movimientos extraordinarios o violentos”.
Según Hamilton, las únicas personas en Estados Unidos a las que no se les debería permitir ser nombradas electores serían los miembros de la Cámara, el Senado y cualquier “otra persona que tenga un lugar de confianza o lucrativo en el gobierno”.
Los electores “excluirían de la elegibilidad para este fideicomiso a todos aquellos que por la situación pudieran ser sospechosos de una devoción demasiado grande al presidente en el cargo”.
Nuestros Fundadores pensaban que era crucial encomendar a un organismo temporal la elección del presidente. Por la sencilla razón de que un organismo permanente como el Congreso enfrentaría una enorme presión por parte de los votantes, funcionarios y grupos de interés.
Eso podría ser, por ejemplo, la presión de un presidente o de 10,000 manifestantes afuera del Capitolio. Por esta razón, los Fundadores optaron por difundir la responsabilidad a los electores de cada estado.
Trataron de evitar la situación exacta que vimos el 6 de enero. A millones de estadounidenses se les hizo creer falsamente que la última palabra en la elección de nuestro próximo presidente recaía en un solo cuerpo, el Congreso.
Así que no fue una sorpresa que miles de personas se presentaran para hacer oír su voz. Pero la creencia de que el Congreso tiene algo que decir en la “certificación” de los votos electorales nunca ha sido cierta. Siempre ha sido inconstitucional y contra la intención de nuestros Fundadores, como lo fue cuando los demócratas intentaron el mismo truco en 2005.
El artículo II de la Constitución establece un papel claro para el Congreso. “El Presidente del Senado, en presencia del Senado y la Cámara de Representantes, abrirá todas las papeletas los certificadas y luego se contarán los votos”.
La Constitución no dice “certificar”. No dice “objetar si no está de acuerdo”. No dice “objetar y descertificar si cree que la certificación del estado es incorrecta”, la única contingencia que prevé la Constitución es en caso de que algún candidato no alcance la mayoría electoral.
El derecho de objeción que ahora invocan los miembros del Congreso se deriva de una mala interpretación de la Ley de Conteo Electoral de 1887, la cual fue aprobada a raíz de las desastrosas elecciones presidenciales de 1876. Ese año los estados certificaron listas de electores en competencia y las enviaron al Congreso; un gobernador puede enviar una lista y la legislatura otra.
La ley de 1887 estaba destinada a permitir a los miembros del Congreso oponerse a una de las listas de electores en competencia. Pero, ningún estado después de las elecciones de 2020 ha aprobado varias listas, ni ninguna legislatura estatal ha solicitado al Congreso que considere a diferentes electores.
De hecho, la ley establece claramente que siempre que la determinación final de los electores “se haga al menos seis días antes de la hora de reunión de los electores”. Esa lista de electores “será concluyente y regirá en el conteo de los votos electorales previstos en la Constitución”. Por lo tanto, las objeciones que se estaban considerando el 6 de enero no tenían base legal.
Engaño en resolución del Congreso
La verdadera causa de los disturbios del pasado miércoles, fue que muchos funcionarios y comentaristas engañaron a millones de estadounidenses. Se les hizo creer que el recuento de votos era su última oportunidad de opinar y su última y mejor ocasión de luchar por la integridad de las elecciones.
Se mintió a millones y se les dijo que tenían que luchar en nuestro Capitolio o todo estaría perdido. Pero el 6 de enero fue meramente ceremonial. Con o sin los manifestantes, el derecho inconstitucional de objeción que invocaron algunos legisladores no habría resultado en nada más que un par de horas de debate.
La buena noticia para esos millones de estadounidenses es la siguiente. No fue su última palabra. No fue tu última oportunidad. En nuestro sistema de gobierno, nunca lo es.
Las preocupaciones sobre la integridad de las elecciones son reales y deben ser escuchadas. Los méritos de estas objeciones son reales y sustantivos. Ha habido innumerables ejemplos de estados que se han involucrado en prácticas electorales irresponsables y no verificables.
Ello arroja dudas sobre los resultados de las elecciones. Ya sea que se trate de firmas no verificadas en las boletas electorales enviadas por correo o leyes laxas de identificación de votantes.
También una negativa a actualizar las listas de registro o una negativa a permitir que los observadores partidistas presencien el conteo, hay muchas prácticas que deben cambiarse.
La lucha por estos cambios debe ser la mayor prioridad de Estados Unidos, porque la fe en la democracia es nuestra necesidad más urgente. Los republicanos deben defender estos cambios en los estados, a los que la Constitución confiere la responsabilidad principal de llevar a cabo las elecciones.
Ahí es donde está nuestra lucha. Ese es el trabajo duro. Y esa debe ser nuestra prioridad.
El Sr. Crenshaw, es un republicano que representa al Segundo Distrito del Congreso de Texas.
Copyright © ️2020 Dow Jones & Company, Inc. Todos los derechos reservados. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
Opinión del WSJ: Caos en el Capitolio mientras Trump pierde el Senado