Decretan estado de Sitio en El Estor, Izabal, por violencia contra autoridades y habitantes del municipio
El Gobierno de Guatemala decretó estado de Sitio en el municipio de El Estor, Izabal, luego de los hechos de violencia contra las autoridades y pobladores de la zona. Esta restricción estará vigente durante 30 días a partir del domingo 24 de octubre.
Con el estado de Sitio las personas del municipio tienen limitaciones para circular, realizar manifestaciones o portar armas de fuego. De las 18:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente nadie podrá movilizarse en el lugar.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad tienen la potestad para realizar detenciones y disolver cualquier reunión que contravenga lo estipulado en el Decreto Gubernativo 9-2021. Asimismo,, se establece que el Congreso de la República tiene tres días para ratificar, modificar o improbar la disposición.
- Deberías leer: Vandalismo en El Estor: Gobierno asegura que la PDH malinforma y pone en riesgo la vida de comunitarios
Descarga aquí el Decreto Gubernativo 9-2021
El Estor, ingobernabilidad, exguerrileros y crimen organizado
En El Estor y en todo el Valle del Polochic operan grupos violentos que se dedican a invadir propiedad privada, traficar droga y extorsionar. Debido a la pobreza y la falta de oportunidades de empleo, la población es presa fácil del crimen y de organizaciones disfrazadas de defensores de derechos humanos.
Algunos dirigentes de las acciones al margen de la ley son exguerrilleros, como el caso del llamado comandante César Montes, quien dirigía un grupo para amedrentar a las comunidades. El exmiembro de la guerrilla está encarcelado por la muerte de tres militares y por el delito de usurpación.
Pero junto con la Fundación Turcios Lima, que dirigía Montes, también existen otras organizaciones como el Comité de Unidad Campesina (CUC), encabezado por Daniel Pascual, que promueve invasiones. También el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dirigido por el exdiputado y exguerrillero Leocadio Juracán.
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Mientras tanto, las fuerzas de seguridad tienen la potestad para realizar detenciones y disolver cualquier reunión que contravenga lo estipulado en el Decreto Gubernativo 9-2021. Asimismo,, se establece que el Congreso de la República tiene tres días para ratificar, modificar o improbar la disposición.
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