La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) es legítima, coinciden abogados y exmagistrados, luego que autoridades indígenas argumentaron lo contrario en el amparo interpuesto contra el proceso que realiza este órgano para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Algunas autoridades indígenas presentaron la acción legal el domingo 14 de febrero ante la CC. En el documento aseguran que la CSJ no tiene legitimidad para convocar a profesionales porque su período terminó en 2019.
Pero también por excluir de los requisitos que los interesados presenten constancia de no estar afiliados a un partido político.
Los abogados consultados recordaron que esa legitimidad se la dio la CC, en la opinión consultiva que emitió en octubre 2019, con base al artículo 71 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial (OJ).
Este señala que cuando un juez o magistrado termina su período o renuncia, debe permanecer en su cargo hasta que el sustituto tome posesión.
“Todas las decisiones son válidas según la CC”
José Quesada, exmagistrado de la CSJ y CC, consideró que si la CSJ no puede tomar decisiones administrativas, ni resoluciones “la consecuencia es que todo es nulo y se retrocede al 2019. No puede actuar y entonces hemos estado sin un poder del Estado por un largo tiempo”, enfatizó.
Asimismo, explicó que el aval de la CC es que todas las decisiones son válidas y por lo tanto, en cada sentencia que dicta la CSJ deja claro tal opinión.
Según Quesada, de aceptar el amparo, el riesgo sería tener interinas a la CSJ y a la CC, aunque de ambos casos, el que más le preocupa es el de las Cortes, por depender de una sola decisión y de un solo proceso.
“Tengo menos temor de que no se integre una nueva CC, a lo que pueda ocurrir con la CSJ, por ser un proceso único con problemas derivados de las decisiones equivocadas de la CC. En el caso de la otra elección, son cinco procesos independientes entre sí y que no admiten impugnaciones para quienes sean designados por los tres organismos del Estado”.
José Quesada, exmagistrado de la CSJ y CC.
Congreso debe elegir magistrados
En opinión del doctor en Derecho, Eduardo Mayora, los detalles y fundamentos jurídicos a favor o en contra son muchos e importantes, aunque aclaró que desconoce lo expuesto por los pueblos indígenas.
Sin embargo, consideró que la opinión de la CC de 2019 debe analizarse a la luz de este nuevo amparo y si las facultades de la CSJ están o no limitadas. A la vez, descarta que se trate de una suerte de maquinación para que uno o varios magistrados de la CC se perpetúen. “No lo creo así”, enfatizó.
Pero desde un punto de prudencia cívica, consideró que la elección merece la mayor transparencia, seriedad y responsabilidad cívica de los electores.
“Sería más prudente que el Congreso de la República designaran al titular y al suplente para las Cortes”, añadió Mayora. Esto ayudaría a despejar cualquier duda. Además de que el país necesita de “transparencia y credibilidad”, afirmó.
“A la CSJ le corresponde hacer la designación, aunque por la coyuntura podría considerarse que no ejerce a plenitud sus funciones. No hay una regla clara y le tocará a la CC analizar si cabe la suspensión”.
Eduardo Mayora, doctor en Derecho.
Presión para el Legislativo
“El amparo solo desnuda lo precario de nuestra andamiaje jurídico y evidencia la situación lamentable que se vive”, resumió Luis Fernández Molina, exmagistrado y profesor universitario.
Fernández Molina coincidió con los consultados de que la misma CC fue la que legitimó a la CSJ más allá de 2019.
Sin embargo, consideró que la solicitud de los pueblos indígenas tiene algo de razón y mérito. “En un sentido profundo y ético no está legitimada“, refirió.
“Si la CC atiende esta petición, que tiene argumentos válidos, obligaría al Congreso a que elija lo más pronto posible. Es un juego de ajedrez, de zancandilla, trampas y escondite interesante. Sobre todo cuando no han hecho caso a la decisión de elegir a las Cortes. Esta CC tendría fundamentos para seguir”.
Luis Fernández Molina,
Crisis podría agravarse
Ignacio Andrade, abogado constitucionalista, también opinó que la actual CSJ es legítima para elegir porque lo establece el artículo 17, del cual está basada la opinión consultiva de la CC. “Además no es responsable de que no hayan sido electos los sustitutos”, expresó.
Según Andrade, hay legitimidad en los fallos por lo tanto también en las atribuciones administrativas. “Sin embargo, de esto último en la opinión consultiva es poco precisa“, aseveró.
“Pero no se puede estar facultado para esto no y para lo otro sí. Es para todo o para nada. La actual CC tiene una forma muy particular de interpretar la propia Constitución y si cambia su visión, daría mucho qué pensar acerca de la seguridad jurídica del país”.
Ignacio Andrade, abogado constitucionalista.
Andrade dijo que de considerarse ilegítima y remediar el problema prolongando el nombramiento de magistrados de la CC “es un poco atrevido, no es el camino y sería equivocado porque la crisis se agrava“, puntualizó.
Además se sumarían dos órganos incumpliendo con plazos constitucionales. “¿Qué va a decir el Congreso en las siguientes elecciones? Son peligrosos los precedentes de incumplimiento constitucional”, concluyó.
La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) es legítima, coinciden abogados y exmagistrados, luego que autoridades indígenas argumentaron lo contrario en el amparo interpuesto contra el proceso que realiza este órgano para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Algunas autoridades indígenas presentaron la acción legal el domingo 14 de febrero ante la CC. En el documento aseguran que la CSJ no tiene legitimidad para convocar a profesionales porque su período terminó en 2019.
Pero también por excluir de los requisitos que los interesados presenten constancia de no estar afiliados a un partido político.
Los abogados consultados recordaron que esa legitimidad se la dio la CC, en la opinión consultiva que emitió en octubre 2019, con base al artículo 71 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial (OJ).
Este señala que cuando un juez o magistrado termina su período o renuncia, debe permanecer en su cargo hasta que el sustituto tome posesión.
“Todas las decisiones son válidas según la CC”
José Quesada, exmagistrado de la CSJ y CC, consideró que si la CSJ no puede tomar decisiones administrativas, ni resoluciones “la consecuencia es que todo es nulo y se retrocede al 2019. No puede actuar y entonces hemos estado sin un poder del Estado por un largo tiempo”, enfatizó.
Asimismo, explicó que el aval de la CC es que todas las decisiones son válidas y por lo tanto, en cada sentencia que dicta la CSJ deja claro tal opinión.
Según Quesada, de aceptar el amparo, el riesgo sería tener interinas a la CSJ y a la CC, aunque de ambos casos, el que más le preocupa es el de las Cortes, por depender de una sola decisión y de un solo proceso.
“Tengo menos temor de que no se integre una nueva CC, a lo que pueda ocurrir con la CSJ, por ser un proceso único con problemas derivados de las decisiones equivocadas de la CC. En el caso de la otra elección, son cinco procesos independientes entre sí y que no admiten impugnaciones para quienes sean designados por los tres organismos del Estado”.
José Quesada, exmagistrado de la CSJ y CC.
Congreso debe elegir magistrados
En opinión del doctor en Derecho, Eduardo Mayora, los detalles y fundamentos jurídicos a favor o en contra son muchos e importantes, aunque aclaró que desconoce lo expuesto por los pueblos indígenas.
Sin embargo, consideró que la opinión de la CC de 2019 debe analizarse a la luz de este nuevo amparo y si las facultades de la CSJ están o no limitadas. A la vez, descarta que se trate de una suerte de maquinación para que uno o varios magistrados de la CC se perpetúen. “No lo creo así”, enfatizó.
Pero desde un punto de prudencia cívica, consideró que la elección merece la mayor transparencia, seriedad y responsabilidad cívica de los electores.
“Sería más prudente que el Congreso de la República designaran al titular y al suplente para las Cortes”, añadió Mayora. Esto ayudaría a despejar cualquier duda. Además de que el país necesita de “transparencia y credibilidad”, afirmó.
“A la CSJ le corresponde hacer la designación, aunque por la coyuntura podría considerarse que no ejerce a plenitud sus funciones. No hay una regla clara y le tocará a la CC analizar si cabe la suspensión”.
Eduardo Mayora, doctor en Derecho.
Presión para el Legislativo
“El amparo solo desnuda lo precario de nuestra andamiaje jurídico y evidencia la situación lamentable que se vive”, resumió Luis Fernández Molina, exmagistrado y profesor universitario.
Fernández Molina coincidió con los consultados de que la misma CC fue la que legitimó a la CSJ más allá de 2019.
Sin embargo, consideró que la solicitud de los pueblos indígenas tiene algo de razón y mérito. “En un sentido profundo y ético no está legitimada“, refirió.
“Si la CC atiende esta petición, que tiene argumentos válidos, obligaría al Congreso a que elija lo más pronto posible. Es un juego de ajedrez, de zancandilla, trampas y escondite interesante. Sobre todo cuando no han hecho caso a la decisión de elegir a las Cortes. Esta CC tendría fundamentos para seguir”.
Luis Fernández Molina,
Crisis podría agravarse
Ignacio Andrade, abogado constitucionalista, también opinó que la actual CSJ es legítima para elegir porque lo establece el artículo 17, del cual está basada la opinión consultiva de la CC. “Además no es responsable de que no hayan sido electos los sustitutos”, expresó.
Según Andrade, hay legitimidad en los fallos por lo tanto también en las atribuciones administrativas. “Sin embargo, de esto último en la opinión consultiva es poco precisa“, aseveró.
“Pero no se puede estar facultado para esto no y para lo otro sí. Es para todo o para nada. La actual CC tiene una forma muy particular de interpretar la propia Constitución y si cambia su visión, daría mucho qué pensar acerca de la seguridad jurídica del país”.
Ignacio Andrade, abogado constitucionalista.
Andrade dijo que de considerarse ilegítima y remediar el problema prolongando el nombramiento de magistrados de la CC “es un poco atrevido, no es el camino y sería equivocado porque la crisis se agrava“, puntualizó.
Además se sumarían dos órganos incumpliendo con plazos constitucionales. “¿Qué va a decir el Congreso en las siguientes elecciones? Son peligrosos los precedentes de incumplimiento constitucional”, concluyó.