De las órdenes de captura que este día ejecutó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), por el caso Comisiones Paralelas, expertos en Derecho coinciden en que “el tiempo dirá” si lo actuado es un logro de la justicia.
La especulación de si la acción fue mediática y no penal, solo se resolverá en la audiencia de primera declaración cuando la fiscalía revele las pruebas contra los sindicados, dicen abogados.
Ignacio Andrade, abogado constitucionalista, considera “curioso que los tiempos de la FECI coincidan con las elecciones”.
“¿La investigación no estaba lista o se esperó el momento adecuado?”, cuestiona. Y a la vez responde: “el tiempo lo dirá”, refiriéndose a la etapa procesal de primera declaración, cuando el MP debe señalar las evidencias.
- Deberías leer: Giran orden de captura contra el rector de la Usac Murphy Paiz y el exrector Estuardo Gálvez
Evidencias serán clave
Andrade añade que la posiblidad de que haya un deseo de afectar los plazos para la elección de la Corte de Constitucionalidad (CC), se reflejará según los tiempos de la justicia.
“Dependerá si el MP consiguió los últimos indicios hace dos días, o bien, con base en lo hecho meses atrás y lo que hizo solo fue esperar para provocar un resultado”, explica.
Según Andrade, si el ánimo era esto último, “hay una situación irregular que hay que reclamar. Va hacia perjudicar el sistema y eso no es aceptable”, aclara.
Los días revelarán la eficacia
Francisco Quezada, investigador del área de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), coincide con Andrade en que los próximos darán la respuesta.
El profesional se reconoce como un defensor de la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que de no tener la fiscalía las suficientes pruebas contra los sindicados, “la citación hubiera bastado”, afirma.
“Quiero apostar en que valió la pena hacerlo en medio de un evento notorio y se tengan las pruebas”, dice.
“Si esto sale bien será un logro para la justicia, de lo contrario, sólo se arruinó la reputación de las personas”.
Francisco Quezada, investigador del CIEN.
Por ello manifiesta que deberían ser contundentes las evidencias. “Si había necesidad de hacerlo se confirmará en los próximos días”, expone.
Además, hace ver del cuidado de no caer en el llamado a debilitar candidaturas mediante denuncias. “Pierde la democracia contra la persecución sin evidencias”, enfatiza.
“Lo veo con buenos ojos”
En el caso del abogado Alberto Morales, manifiesta que para avanzar en un caso de esta naturaleza nunca hay un momento que sea mejor o peor.
“Si las personas ya tenían orden de captura y están involucradas en actos que corrompen el sistema e interfieren en la elección de las altas Cortes, lo veo con buenos ojos”, manifiesta.
“Hoy todavía se realiza la designación por parte del Colegio de Abogados. Si las personas sindicadas hubiesen llegado a una segunda vuelta, el proceso se pone cuesta arriba con impugnaciones”.
Alberto Morales, abogado.
Aclara que con su opinión no afirma que los acusados sean o no responsables, pero si están siendo investigados deben responder a la justicia. “Lo que hoy ocurre solo es el resultado de la pérdida de valores”, puntualiza.
El caso y las capturas
El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Murphy Paiz y el exrector Estuardo Gálvez Barrios, tienen una orden de capturan en su contra, según fuentes del Ministerio Público (MP).
La detención de Gálvez, candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), se solicitó por su vinculación con el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.
Según la Fiscalía durante un allanamiento realizado en el hospital donde estuvo Gustavo Alejos, encontraron evidencias contra Gálvez y otras personas.
Murphy Paiz, se hospitalizó en un centro asistencial de la zona 7 capitalina, luego de ser notificado de la orden de captura en su contra.
El rector se encuentra con custodia policial y las autoridades están a la espera de las evaluaciones médicas, según el MP.