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Contraloría ordena suspender en definitiva contrato de rompeolas

Saira Ramos
15 de marzo, 2021

La Contraloría General de Cuentas (CGC) ordenó la suspensión definitiva del proyecto: “Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste, Puerto Quetzal”.

El proyecto se adjudicó a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento S.A., por un monto de Q477.9 millones.

Sin embargo, el proceso tiene “varias inconsistencias” y lo recomendable es que se empiece de nuevo, dijo en el Congreso Walfred Rodríguez, director de atención de denuncias de la Contraloría.

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Primero, porque, hasta el pasado 2 de marzo, la empresa adjudicada no estaba inscrita en el Registro Mercantil.

Segundo, porque durante una visita de campo que hicieron las compañías interesadas en la obra, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) requirió documentos que no estaban contemplados en la licitación. De esa cuenta, varias quedaron fuera del evento.

Directiva se refiere al proyecto

David Berganza, gerente general de la EPQ, también estuvo en el Congreso y explicó que el expediente aún está en manos de la junta de licitación.

Por esa razón, la junta directiva de la Portuaria no ha decidido si suspende o no en definitiva la obra, pues no ha sido discutida por ese órgano colegiado.

“Lo mejor es que den marcha atrás al proyecto. Los trabajos son necesarios, pero debería hacerlos una empresa internacional”, indicó el diputado Carlos Barreda.

Barreda representa al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Congreso. El legislador anunció que la próxima semana se volverán a reunir para dar seguimiento al tema.

Más sobre la empresa

Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A., se presenta como una empresa especializada en construcción general.

Como representante legal figura Alejandro Matheu Escamilla. Esta constructora suma Q1 mil millones en contratos con el Estado desde 2005 a la fecha.

Solo de 2018 al 2020 facturó Q976 millones. La mayor parte de los contratos se suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), durante la gestión de José Luis Benito, prófugo por un caso de corrupción.  

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