Guatemala es, en el continente, el tercer país con mayor alto porcentaje de reos en condición de prisión preventiva. Paraguay tiene un 77%, Bolivia un 67% y el país 47%.
Este porcentaje no ha variado en los últimos años, según la abogada Corinne Dedik, quien se especializó en el estudio del sistema de justicia de Guatemala.
Señala que el porcentaje de prisión preventiva registrado por Guatemala refleja un sistema de justicia “no sano”, ya que se considera normal menos del 30%.
En Centroamérica destaca El Salvador con un bajo porcentaje, un 24%. Más allá de la región, Colombia tiene un 23% de reos en prisión preventiva.
Hasta el viernes 5 de marzo de 2021 había 25 mil 71 privados de libertad. De la cifra, 12 mil 398 se encontraban en prisión preventiva.
- Deberías leer: Los diez delitos más frecuentes de la prisión preventiva
Prisión preventiva versus hacinamiento
Durante los años recientes se ha discutido cómo reducir el hacinamiento en las cárceles. Los espacios para presos en Guatemala suman 6 mil 800, pero hay una saturación porque el número de reos sobrepasa los 25 mil.
Una de las acciones aprobadas y que podrían ponerse en marcha pronto son los brazaletes o controles electrónicos como medida sustitutiva.
Dedik señala que estudiaron el impacto que tendría esta medida y calculan que unos dos mil reos podrían aplicar. Enfatiza que si bien esta acción no elimina el hacinamiento, es favorable y debe aplicarse pronto.
Pero resalta que deben analizarse otras acciones. Una es apresurar la iniciativa de ley presentada por diversas instituciones del sector justicia. Este proyecto se encuentra en el Congreso y debería discutirse. Aunque comenta que lo ideal es que se mantenga la propuesta técnica, sin modificaciones.
La experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), recuerda que la última que vez que se discutió el tema de la prisión preventiva fue por la pandemia del coronavirus. Se analizó cómo agilizar la salida de las personas en alto riesgo por el virus.
De acuerdo con Dedik, la propuesta de modificar la ley fortalece el mecanismo de supervisión de medidas sustitutivas. Con ello posiblemente más jueces solo aplicarían la prisión preventiva como excepción.
Otra ventaja de esta propuesta es que podría agilizar los plazos procesales porque establece un tiempo prudencial para resolver los casos o las personas quedan fuera de prisión.
Poner en vigencia esta normativa significa un reto para el sistema de justicia porque debe fortalecer su capacidad. Según Dedik, los estudios han corroborado que hay una relación entre saturación de procesos con resolución de prisión preventiva.
Entre más personas están sindicadas en un proceso, más probabilidad tienen de estar un mayor tiempo bajo este régimen. En promedio la prisión preventiva tarda un año. Del total de casos, la mitad pasa un promedio de 9 meses, pero también hay un 14% que suma dos años. Luego vienen los casos de personas que llevan más de dos años, incluso arriba de cinco años.
Guatemala es, en el continente, el tercer país con mayor alto porcentaje de reos en condición de prisión preventiva. Paraguay tiene un 77%, Bolivia un 67% y el país 47%.
Este porcentaje no ha variado en los últimos años, según la abogada Corinne Dedik, quien se especializó en el estudio del sistema de justicia de Guatemala.
Señala que el porcentaje de prisión preventiva registrado por Guatemala refleja un sistema de justicia “no sano”, ya que se considera normal menos del 30%.
En Centroamérica destaca El Salvador con un bajo porcentaje, un 24%. Más allá de la región, Colombia tiene un 23% de reos en prisión preventiva.
Hasta el viernes 5 de marzo de 2021 había 25 mil 71 privados de libertad. De la cifra, 12 mil 398 se encontraban en prisión preventiva.
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Prisión preventiva versus hacinamiento
Durante los años recientes se ha discutido cómo reducir el hacinamiento en las cárceles. Los espacios para presos en Guatemala suman 6 mil 800, pero hay una saturación porque el número de reos sobrepasa los 25 mil.
Una de las acciones aprobadas y que podrían ponerse en marcha pronto son los brazaletes o controles electrónicos como medida sustitutiva.
Dedik señala que estudiaron el impacto que tendría esta medida y calculan que unos dos mil reos podrían aplicar. Enfatiza que si bien esta acción no elimina el hacinamiento, es favorable y debe aplicarse pronto.
Pero resalta que deben analizarse otras acciones. Una es apresurar la iniciativa de ley presentada por diversas instituciones del sector justicia. Este proyecto se encuentra en el Congreso y debería discutirse. Aunque comenta que lo ideal es que se mantenga la propuesta técnica, sin modificaciones.
La experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), recuerda que la última que vez que se discutió el tema de la prisión preventiva fue por la pandemia del coronavirus. Se analizó cómo agilizar la salida de las personas en alto riesgo por el virus.
De acuerdo con Dedik, la propuesta de modificar la ley fortalece el mecanismo de supervisión de medidas sustitutivas. Con ello posiblemente más jueces solo aplicarían la prisión preventiva como excepción.
Otra ventaja de esta propuesta es que podría agilizar los plazos procesales porque establece un tiempo prudencial para resolver los casos o las personas quedan fuera de prisión.
Poner en vigencia esta normativa significa un reto para el sistema de justicia porque debe fortalecer su capacidad. Según Dedik, los estudios han corroborado que hay una relación entre saturación de procesos con resolución de prisión preventiva.
Entre más personas están sindicadas en un proceso, más probabilidad tienen de estar un mayor tiempo bajo este régimen. En promedio la prisión preventiva tarda un año. Del total de casos, la mitad pasa un promedio de 9 meses, pero también hay un 14% que suma dos años. Luego vienen los casos de personas que llevan más de dos años, incluso arriba de cinco años.