Una acción legal impidió que Gloria Porras fuera juramentada el martes 13 de abril como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC). La abogada se preparaba para asumir su tercer periodo en el máximo órgano constitucional, pero ahora debe esperar hasta resolver los pendientes jurídicos.
Porras fue electa magistrada titular por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Como suplente fue nombrado Rony Eulalio López Contreras.
La decisión del citado Consejo se concretó luego de varias rondas de votación y en medio de señalamientos por las presiones que presuntamente recibían los votantes.
Dos amparos por rechazo de impugnaciones contra designación de Porras
En relación con la integración de la Corte de Constitucionalidad, la Ley de Amparo establece que solo se pueden impugnar las designaciones de la Usac y del Colegio de Abogados. Contra la designación de magistrados de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no caben recursos legales.
Y luego de la designación de Porras, dos candidatos que participaron en el proceso y la Fundación Contra el Terrorismo, impugnaron la designación del Consejo Superior Universitario.
Las objeciones se plantearon porque se considera que el proceso de designación incumplió dos aspectos:
- La votación debió ser privada, no pública, para evitar presiones sobre los consejeros, de acuerdo con el Reglamento de Elección
- El designado por el citado Consejo debió ser un profesional ejerciendo labores en la Usac.
Sin embargo, el Consejo Superior Universitario rechazó de entrada las impugnaciones. Ni siquiera las conoció, indica el abogado Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo.
Por ello, tanto esa Fundación como los otros aspirantes, presentaron un amparo para obligar al Consejo a conocer las objeciones. En una de las acciones legales se concedió el amparo provisional, mientras que en otra solo se dio trámite a la petición.
El amparo fue notificado al Congreso y por ello Porras no pudo ser juramentada, hasta que se resuelvan esas acciones jurídicas, tal como establece el artículo 156 de la Ley de Amparo.
Pedirán arraigo y presentarán denuncias
Debido a que Porras pierde la inmunidad el martes 13 de abril a la medianoche, la Fundación Contra el Terrorismo presentará tres acciones legales a primera hora del miércoles.
- Arraigo para que no pueda salir del país
- Denuncias por autoamparo y otras resoluciones que consideran ilegales
- Que el Congreso suspenda el proceso de antejuicio contra Porras y envíe el expediente al Ministerio Público para que sea investigada como ciudadana común.
La embajada de EE. UU. se pronuncia
Otra institución que tomó partido en este pelea legal fue la embajada de Estados Unidos en Guatemala. La sede diplomática considera que lo ocurrido es una “maniobra para retrasar la juramentación de un magistrado electo a la Corte de Constitucionalidad”.
Asimismo, la embajada indicó: “Nos preocupa profundamente…” Y añadió: “Esto debilita el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con abordar la corrupción sistemática”.
Una acción legal impidió que Gloria Porras fuera juramentada el martes 13 de abril como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC). La abogada se preparaba para asumir su tercer periodo en el máximo órgano constitucional, pero ahora debe esperar hasta resolver los pendientes jurídicos.
Porras fue electa magistrada titular por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Como suplente fue nombrado Rony Eulalio López Contreras.
La decisión del citado Consejo se concretó luego de varias rondas de votación y en medio de señalamientos por las presiones que presuntamente recibían los votantes.
Dos amparos por rechazo de impugnaciones contra designación de Porras
En relación con la integración de la Corte de Constitucionalidad, la Ley de Amparo establece que solo se pueden impugnar las designaciones de la Usac y del Colegio de Abogados. Contra la designación de magistrados de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no caben recursos legales.
Y luego de la designación de Porras, dos candidatos que participaron en el proceso y la Fundación Contra el Terrorismo, impugnaron la designación del Consejo Superior Universitario.
Las objeciones se plantearon porque se considera que el proceso de designación incumplió dos aspectos:
- La votación debió ser privada, no pública, para evitar presiones sobre los consejeros, de acuerdo con el Reglamento de Elección
- El designado por el citado Consejo debió ser un profesional ejerciendo labores en la Usac.
Sin embargo, el Consejo Superior Universitario rechazó de entrada las impugnaciones. Ni siquiera las conoció, indica el abogado Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo.
Por ello, tanto esa Fundación como los otros aspirantes, presentaron un amparo para obligar al Consejo a conocer las objeciones. En una de las acciones legales se concedió el amparo provisional, mientras que en otra solo se dio trámite a la petición.
El amparo fue notificado al Congreso y por ello Porras no pudo ser juramentada, hasta que se resuelvan esas acciones jurídicas, tal como establece el artículo 156 de la Ley de Amparo.
Pedirán arraigo y presentarán denuncias
Debido a que Porras pierde la inmunidad el martes 13 de abril a la medianoche, la Fundación Contra el Terrorismo presentará tres acciones legales a primera hora del miércoles.
- Arraigo para que no pueda salir del país
- Denuncias por autoamparo y otras resoluciones que consideran ilegales
- Que el Congreso suspenda el proceso de antejuicio contra Porras y envíe el expediente al Ministerio Público para que sea investigada como ciudadana común.
La embajada de EE. UU. se pronuncia
Otra institución que tomó partido en este pelea legal fue la embajada de Estados Unidos en Guatemala. La sede diplomática considera que lo ocurrido es una “maniobra para retrasar la juramentación de un magistrado electo a la Corte de Constitucionalidad”.
Asimismo, la embajada indicó: “Nos preocupa profundamente…” Y añadió: “Esto debilita el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con abordar la corrupción sistemática”.