Jimmy Morales, expresidente y ahora diputado al Parlamento Centroamericano, está bajo la mira del Ministerio Público, que solicitó retirarle la inmunidad.
Morales goza del derecho de antejuicio al ocupar una de las 22 curules del Parlacen. Por lo que se debe cumplir una ruta legal para retirarle la inmunidad y así poder investigarlo.
El artículo 14 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que es competencia de la Corte Suprema de Justicia conocer los procesos contra diputados del foro regional.
De esa cuenta, el MP debe trasladar la denuncia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que hará una primera revisión y si encuentra que los señalamientos son legítimos, lo remitirá a un juez pesquisidor.
El pesquisidor deberá entregar un informe, en un plazo no mayor de 60 días, donde sugerirá si se le debe retirar la inmunidad.
Jimmy Morales corrió al Parlacen al dejar la banda presidencial. No le importó que manifestantes le lanzaran huevos y basura para evitar que tomara posesión.
Esta es la primera solicitud contra el mandatario desde que dejó la presidencia el 14 de enero del 2020.
El caso contra Jimmy Morales
El antejuicio contra el exgobernante se relaciona con la expulsión del extitular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. Aparentemente, el entonces presidente no tomó en cuenta las normas legales nacionales e internacionales.
El 26 de agosto de 2017 el expresidente de Guatemala declaró non grato al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y ordenó que de inmediato abandonara Guatemala.
La decisión del entonces mandatario se dio a conocer mediante un video divulgado por la oficina de prensa de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Es de recordar que Morales también podría ser vinculado al caso “Libramiento de Chimaltenango fase II”, el tema aún es analizado por el MP.
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El artículo 14 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que es competencia de la Corte Suprema de Justicia conocer los procesos contra diputados del foro regional.
De esa cuenta, el MP debe trasladar la denuncia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que hará una primera revisión y si encuentra que los señalamientos son legítimos, lo remitirá a un juez pesquisidor.
El pesquisidor deberá entregar un informe, en un plazo no mayor de 60 días, donde sugerirá si se le debe retirar la inmunidad.
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