Los señalamientos entre la Fiscal General Consuelo Porras y el exjefe de la CICIG, Juan Francisco Sandoval, subieron de tono este domingo. La funcionaria asegura que el abogado “ejercía un justicia selectiva” pues se determinó que hay “casos y sindicados que a su conveniencia y de manera selectiva investigaba y judicializaba”.

Mientras tanto, Sandoval, quien abandonó Guatemala pocas horas después de ser destituido del Ministerio Público, comenta que Porras protegía a sus “amigos”.

Ambos fueron entrevistados en canales de televisión para exponer sus puntos de vista. En Canal Antigua, que dialogó con la Fiscal General, se indica que Sandoval no quiso atender la invitación a una entrevista. En el programa Con Criterio, de Guatevisión, que habló con Sandoval, se asegura que Porras no quiso hablar con ellos.

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Los señalamientos contra Sandoval

Según la fiscal General, como jefa del Ministerio Público no tenía acceso a los investigaciones bajo la responsabilidad de Sandoval y por ello dudaba del avances de algunos casos.

“Omitía a otras personas que por afinidad amistad o de otra índole no le convenía procesar penalmente, aunado a eso ejercía una justicia ideologizada. Procuraba casos en contra de personas que ideológicamente eran contrarios y favorecía a otros que le eran de su conveniencia”, fueron parte de los señalamientos de Porras.

“Actualmente existen investigaciones que permitirán establecer la justicia ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad guatemalteca, añadió la funcionario al referirse a averiguaciones que realizan de labor del exfiscal.

El viernes en la noche, durante una conferencia en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Sandoval consideró que posiblemente habrían casos contra él luego de su salida de la FECI. Según el exfiscal, serían basados en hechos no apegados a la verdad.

Porras anticipó que con el nombramiento de la abogada Carla Valenzuela, al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), esperan resolver las dudas de por qué algunos procesos avanzaban y otros no.

Filtración de información del Ministerio Público

Una de los señalamientos de Sandoval es que del círculo cercano de la Fiscal General se facilitaba información a sus detractores. Sin embargo, Porras aseguró que es lo contrario.

“Se tienen varias denuncias contra el licenciado Juan Francisco Sandoval, quien posiblemente trasladaba ilegalmente información a ciertos actores. Perjudicando las investigaciones, politizando la justicia y violentado la reserva de las investigaciones”, dijo.

“Con ello se violentaba la presunción de inocencia de manera pública a determinadas personas. También hubo cooptación de la justicia penal contra sus enemigos, con alianza de algunos juzgadores”, añadió la funcionario sin aportar nombres.

“Existen denuncias que están en investigación, en donde se informa que se realizaban reuniones con algunos jueces. Con la finalidad de abrir causas con base en otras causas”. Ello “para perjudicar a determinadas personas que no les eran afines e incluso para favorecer algunos que sí les convenía”, añadió Porras.

“Así también impulsaba su impunidad dentro del Ministerio Público con base en la creencia que tenía protección nacional e internacional. Existen varias denuncias administrativas que están totalmente paralizadas porque hacía creer que contra él y su familia no tenía que proceder nada”, enfatizó la jefa del MP.

“También pretendía cooptar el Ministerio Público motivando persecución penal contra ciertos adversarios profesionales”. Contra quienes “pudieran tener interés en participar en la elección futura de Fiscal General con base en la justicia selectiva e ideológica”.

“Se pretendía procesar a tiempos y lineamientos para dicha cooptación. En ese sentido puedo decir que es corrupto no solo el que recibe dinero sino el que no es objetivo en sus investigaciones tal como lo que se pretendió por el exfiscal Juan Francisco Sandoval”, sentenció Porras.

Los casos de FECI no se registraban

Asimismo, Porras denunció que la Sandoval se negó a registrar la información de sus expedientes en el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP).

“Hubo negación al registro de los expedientes en el SICOMP. Sistema que por obligación legal se debe realizar y actualizar en cada fiscalía en búsqueda de la transparencia y legalidad de las actuaciones fiscales. Hubo obstaculización en las mesas de trabajo de las agencias fiscales de la FECI. Era automático que cuando se tenía tal fin inmediatamente algunos actores empezaban con críticas que la Fiscal General no le revisara los casos de la FECI, ocultando toda la información de los expedientes, violentando lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, denunció Porras.

Según Sandoval, la FECI no registraba la información en el SICOMP para proteger la información bajo esa fiscalía.

El caso Alejos no debió cerrarse, según Porras

Otro cruce de señalamientos entre Sandoval y Porras fue el caso contra Alejos que le permitió al sindicado salir de prisión. Sandoval asegura que buscaba un acuerdo con el exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom debido a la información que manejaba. Asegura que la FECI pidió clausurar el proceso para permitir que Alejos saliera de la prisión y proteger al reo y también a los investigadores que hablaban con él.

Pero Porras rechaza esa justificación y, por ello, asegura que impugnó la decisión de la jueza Erika Aifán, quien atendió el requerimiento del exfiscal Sandoval.

“Se pueden señalar otras múltiples irregularidades en el ámbito fiscal. Tal es el caso de la nefasta situación que después de haber solicitado la acusación en dos procesos en contra de Gustavo Alejos”, se le busca dejar en libertad.

“Se busca beneficiar a un sindicado y se pone en completo riesgo la averiguación de la verdad. No es posible generar impunidad a cambio de obtener información. Yo había autorizado las acusaciones respectivas las cuales fueron presentadas al órgano jurisdiccional y en la audiencia de discusión, sin consultarme y sin mi autorización, sorpresivamente se cambia la petición de la acusación para beneficiar al sindicado”, subrayó Porras.

“Esto como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público no lo puedo tolerar, es una acción arbitraria y que menoscaba la lucha frontal contra la impunidad en el país”, aseguró.

“Se puede mencionar el caso de Asodefir en el cual hay retrasos injustificados en su operativización. Se pretende encubrir a ciertos sindicados, varios expedientes de posibles anomalías en la Usac el cual no obstante de haber sido presentado por la CICIG, hay retraso en su diligenciamiento. También se puede mencionar el caso de Energía y Minas en el cual posiblemente se encuentran sindicados de su grupo afín y por esa razón no han salido perjudicados”, añadió la Fiscal General.

“Se ha evidenciado una práctica perversa en la supuesta conexión de casos. Lo cual se podría establecer oportunamente, en el cual se incumple con los presupuestos procesales y lo más grave es que dicha práctica constituye una violación a los derechos humanos de las personas y al principio procesal del debido proceso”, concluyó Consuelo Porras

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