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OIT reconoce avances de Guatemala con relación a derechos y libertad sindicales

Juan Diego Godoy
15 de marzo, 2018

Por los avances que ha observado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el cumplimiento de un acuerdo a favor de la libertad y contra la violencia sindical, la entidad decidió aplazar la decisión de formar una “comisión de encuesta” para Guatemala.

La “comisión de encuesta” es una medida investigativa cuyo impacto sería negativo para la economía del país. La OIT tenía que decidir si enviaría esta comisión para supervisar los problemas en materia de libertad sindical que había en el país.

Sin embargo esta no fue aplicada este jueves y la decisión fue postergar la decisión de aplicarla o no para junio, debido a que Guatemala presentó una hoja de ruta para cumplir con las modificaciones a las leyes de trabajo. 

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Este anuncio se da en el marco de la consideración del “Cuarto Informe Periódico” ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebra esta semana en el Palacio Wilson de Ginebra, Suiza. La comisión guatemalteca está integrada por 27 personas, entre ellos magistrados, ministros, secretarios, diputados, directores y comisionados  de distintas instituciones.

“Tomamos nota del significativo progreso en la implementación del acuerdo nacional tripartito”, señaló el Consejo de Administración de la OIT.

Una misión de la OIT había visitado Guatemala en febrero para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Tripartito suscrito tres meses antes. Dicho acuerdo fue suscrito ante el Consejo de Administración de OIT en noviembre de 2017. 

Este jueves, luego de que la comisión guatemalteca se reuniera con el Consejo de Administración de la OIT, éste ha manifestado su satisfacción por el “progreso” hecho por Guatemala.

La decisión del Consejo de Administración es revisar los distintos puntos contenidos en el acuerdo tripartito y en los que se ha avanzado en distintos grados.

Abusos contra sindicalistas

Las investigaciones en torno al asesinato de 58 sindicalistas notificados a la OIT pusieron al país en la mira y fueron una de las causas para que se planteara la posible “Comisión de Encuesta” para Guatemala.


Sin embargo, durante el evento la comitiva guatemalteca informó con relación a los abusos contra sindicalistas que “ese tipo de asesinatos ha descendido en los últimos años”. De acuerdo con los datos, de 16 asesinatos en 2009 la cifra se ha reducido a siete en 2014, dos en 2015 y uno en 2017. Por ello la OIT expresó su reconocimiento “al significativo aumento de los casos de asesinatos de responsables o de miembros de sindicatos que han sido investigados y condenados”.

Sin embargo, los sindicatos no opinan igual y han señalado que la revisión de la ley sufre de una “fuerte resistencia tanto del gobierno, como de los patronos”.  Por ello, piden a la organización que mantenga una “estricta vigilancia” al respecto.

Avances de Guatemala

Acerca de la reforma de la legislación laboral, el Gobierno de Guatemala informó a la OIT que las negociaciones han dado lugar a propuestas para reformar el Código Penal especificando que la participación en huelgas legales no debe tener consecuencias penales, y que en los servicios esenciales donde no pueda haber una paralización del trabajo, debe intervenir una mediación.

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La “comisión de encuesta” es una medida investigativa cuyo impacto sería negativo para la economía del país. La OIT tenía que decidir si enviaría esta comisión para supervisar los problemas en materia de libertad sindical que había en el país.

Sin embargo esta no fue aplicada este jueves y la decisión fue postergar la decisión de aplicarla o no para junio, debido a que Guatemala presentó una hoja de ruta para cumplir con las modificaciones a las leyes de trabajo. 

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Este anuncio se da en el marco de la consideración del “Cuarto Informe Periódico” ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebra esta semana en el Palacio Wilson de Ginebra, Suiza. La comisión guatemalteca está integrada por 27 personas, entre ellos magistrados, ministros, secretarios, diputados, directores y comisionados  de distintas instituciones.

“Tomamos nota del significativo progreso en la implementación del acuerdo nacional tripartito”, señaló el Consejo de Administración de la OIT.

Una misión de la OIT había visitado Guatemala en febrero para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Tripartito suscrito tres meses antes. Dicho acuerdo fue suscrito ante el Consejo de Administración de OIT en noviembre de 2017. 

Este jueves, luego de que la comisión guatemalteca se reuniera con el Consejo de Administración de la OIT, éste ha manifestado su satisfacción por el “progreso” hecho por Guatemala.

La decisión del Consejo de Administración es revisar los distintos puntos contenidos en el acuerdo tripartito y en los que se ha avanzado en distintos grados.

Abusos contra sindicalistas

Las investigaciones en torno al asesinato de 58 sindicalistas notificados a la OIT pusieron al país en la mira y fueron una de las causas para que se planteara la posible “Comisión de Encuesta” para Guatemala.


Sin embargo, durante el evento la comitiva guatemalteca informó con relación a los abusos contra sindicalistas que “ese tipo de asesinatos ha descendido en los últimos años”. De acuerdo con los datos, de 16 asesinatos en 2009 la cifra se ha reducido a siete en 2014, dos en 2015 y uno en 2017. Por ello la OIT expresó su reconocimiento “al significativo aumento de los casos de asesinatos de responsables o de miembros de sindicatos que han sido investigados y condenados”.

Sin embargo, los sindicatos no opinan igual y han señalado que la revisión de la ley sufre de una “fuerte resistencia tanto del gobierno, como de los patronos”.  Por ello, piden a la organización que mantenga una “estricta vigilancia” al respecto.

Avances de Guatemala

Acerca de la reforma de la legislación laboral, el Gobierno de Guatemala informó a la OIT que las negociaciones han dado lugar a propuestas para reformar el Código Penal especificando que la participación en huelgas legales no debe tener consecuencias penales, y que en los servicios esenciales donde no pueda haber una paralización del trabajo, debe intervenir una mediación.

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