Después de tres manifestaciones ciudadanas en El Salvador, el Congreso prohibió las concentraciones públicas y privadas que no sean deportivas y culturales, lo que levantó polémica en varios sectores que aseguran que la medida es para impedir protestas.
El presidente de ese Organismo, Ernesto Castro, negó que la medida sea para impedir protestas contra el Gobierno de Nayib Bukele. La medida quedó aprobada después de que miles de salvadoreños protestaron en las calles de la capital el domingo 17 de octubre e incluye multas y la posibilidad de enfrentar un proceso penal.
El decreto legislativo suspendió hasta el 8 de diciembre próximo las actividades que “impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad”.
La iniciativa, que contó con el apoyo de 63 de los 84 diputados, señala que la Fiscalía podrá investigar de oficio su incumplimiento y que las personas que convoquen o promuevan las concentraciones prohibidas serán multadas hasta con US$36,000 dólares y podrían ser acusadas penalmente por desobediencia.
Quedaron fuera de esta prohibición los eventos culturales y deportivos, a pesar de que expertos señalan que los recientes partidos de la selección nacional de fútbol, con más de 28,000 personas, aceleraron los contagios de covid-19. Muchos incumplieron con el distanciamiento y el uso de la mascarilla.
Críticas por la prohibición protestas en El Salvador
El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno Enrique Anaya afirmó en redes sociales que el decreto implica “la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, estableciendo de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país”.
La activista de derechos humanos Verónica Reyna indicó en Twitter que el partido oficialista Nuevas Ideas “busca prohibir concentraciones y eventos públicos, facultando a la @FGR_SV (Fiscalía), también afín a los intereses del presidente, a actuar de oficio contra quien las convoque o promueva”.
Añadió que esto se traduce, a su juicio, en una “criminalización de la protesta“.
También José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch consideró que con la excusa de la pandemia se prohíben las protestas. “Es una na prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de DDHH. Evidentemente el objetivo es frenar las protestas contra Bukele.
Contra Bukele
Desde el 15 de septiembre pasado, miles de ciudadanos en El Salvador protestaron en las calles en tres ocasiones contra el Gobierno de Bukele. Las consignas eran por la adopción del bitcóin, la falta de transparencia y lo que diversos sectores consideran una deriva “autoritaria”.
También cuestionaron las decisiones del Congreso y la Corte Suprema. Específicamente por señalamientos de que son afines al Ejecutivo, debido a la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.
“En ningún momento se le está coartando la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, pueden seguirlo haciendo. El único objetivo de lo que se aprueba es que simplemente se haga con las medidas necesarias”, señaló el líder de la Asamblea Legislativa.
Después de tres manifestaciones ciudadanas en El Salvador, el Congreso prohibió las concentraciones públicas y privadas que no sean deportivas y culturales, lo que levantó polémica en varios sectores que aseguran que la medida es para impedir protestas.
El presidente de ese Organismo, Ernesto Castro, negó que la medida sea para impedir protestas contra el Gobierno de Nayib Bukele. La medida quedó aprobada después de que miles de salvadoreños protestaron en las calles de la capital el domingo 17 de octubre e incluye multas y la posibilidad de enfrentar un proceso penal.
El decreto legislativo suspendió hasta el 8 de diciembre próximo las actividades que “impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad”.
La iniciativa, que contó con el apoyo de 63 de los 84 diputados, señala que la Fiscalía podrá investigar de oficio su incumplimiento y que las personas que convoquen o promuevan las concentraciones prohibidas serán multadas hasta con US$36,000 dólares y podrían ser acusadas penalmente por desobediencia.
Quedaron fuera de esta prohibición los eventos culturales y deportivos, a pesar de que expertos señalan que los recientes partidos de la selección nacional de fútbol, con más de 28,000 personas, aceleraron los contagios de covid-19. Muchos incumplieron con el distanciamiento y el uso de la mascarilla.
Críticas por la prohibición protestas en El Salvador
El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno Enrique Anaya afirmó en redes sociales que el decreto implica “la suspensión del derecho a la protesta y manifestación, estableciendo de hecho un régimen de excepción o estado de sitio en el país”.
La activista de derechos humanos Verónica Reyna indicó en Twitter que el partido oficialista Nuevas Ideas “busca prohibir concentraciones y eventos públicos, facultando a la @FGR_SV (Fiscalía), también afín a los intereses del presidente, a actuar de oficio contra quien las convoque o promueva”.
Añadió que esto se traduce, a su juicio, en una “criminalización de la protesta“.
También José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch consideró que con la excusa de la pandemia se prohíben las protestas. “Es una na prohibición desproporcionada y generalizada y, por ello, violatoria de estándares de DDHH. Evidentemente el objetivo es frenar las protestas contra Bukele.
Contra Bukele
Desde el 15 de septiembre pasado, miles de ciudadanos en El Salvador protestaron en las calles en tres ocasiones contra el Gobierno de Bukele. Las consignas eran por la adopción del bitcóin, la falta de transparencia y lo que diversos sectores consideran una deriva “autoritaria”.
También cuestionaron las decisiones del Congreso y la Corte Suprema. Específicamente por señalamientos de que son afines al Ejecutivo, debido a la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.
“En ningún momento se le está coartando la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, pueden seguirlo haciendo. El único objetivo de lo que se aprueba es que simplemente se haga con las medidas necesarias”, señaló el líder de la Asamblea Legislativa.