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Empresa de gas Tomza denuncia confiscación ilegal del régimen de Ortega en Nicaragua

Redacción República
20 de abril, 2021

La empresa de gas guatemalteca Tomza, seis años después de haberse instalado en Nicaragua y sin haber conseguido operar en ese país, denunció su confiscación ilegal por el régimen de Daniel Ortega.

La envasadora de gas licuado Tomza se convirtió en una de las últimas empresas tomadas por la fuerza y de manera ilegal, por el gobierno nicaragüense, aseguraron en un comunicado de prensa.

El director de Relaciones Corporativas de Grupo Tomza Centroamérica, Fernando Carreón, aseguró que la confiscación ilegal se dió de manera formal en noviembre de 2020. “Ocurrió de manera ‘silenciosa’, sin haber recibido comunicación alguna de las autoridades”, agregó.

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De la confiscación ilegal, Tomza se enteró el 15 de marzo . En esa fecha les informaron de que los portones del terreno que habían adquirido en 2015 “estaban pintados de verde”. Ese color utiliza Petronic, la empresa estatal nicaragüense.

Carreón dijo que ese cambio le llamó la atención a la empresa guatemalteca y que por se inició una investigación.

“El abogado dijo que se dio cuenta de la confiscación ilegal en noviembre de 2020, en tiempo en que casi nadie viaja y en que los gobiernos operan a medio tiempo”, exclamó.

Tomza había iniciado construcción

Según Carreón, Tomza, dueña de la empresa Tropigas, tenían autorización de iniciar construcciones en Nicaragua en 2015. Ese año compró un terreno en el municipio de Tipitapa, a 30 kilómetros de Managua, y comenzó la construcción.

“El 7 de junio de 2016, cuando la construcción iba en 92 % de avance, nos notifican la cancelación del permiso y enseguida nos sacan de la propiedad, la cual queda resguardada por la Procuraduría General de la Nación”, narró.

Carreón afirmó que cuando los sacaron del terreno contaban con 85 trabajadores en el área de construcción y capacitación. La meta era contratar a 235 empleados, “pero ya no se concretó esa oportunidad”.

La inversión perdida es de “US$4 millones de capital guatemalteco, que se suman a la falta de empleo e incertidumbre legal”, dijo Carreón.

La empresa alegó que el suyo “no es el único caso, ya que en los últimos años los medios de comunicación también han enfrentado persecución y expropiación, tal es el caso del medio Confidencial y 100% Noticias, así como oenegés enfocadas en derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)”.

La empresa agregó que “si bien la expropiación de bienes es un derecho público, constitucional y administrativo de la nación, que se concreta en la transferencia de la propiedad privada desde al Estado; interviene también, una serie de garantías y derechos para las empresas, que por años han generado fuentes de empleo en la nación.

Régimen al servicio de los Ortega Murillo

El periodista nicaragüense Carlos Chamorro, quien es víctima de los abusos de poder de la dictadura del régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenta cómo invadieron las oficinas del medio de comunicación que dirige.

La policía del régimen los sacaron por la fuerza de las oficinas de Confidencial. Luego utilizaron como fachada, para ocultar su crimen, un puesto de salud en el lugar, pero según Chamorro en el sitio no hay ningún servicio más que policías al servicio de la dictadura.

La historia de Tomza y Confidencial se ha repetido con decenas de empresas o instituciones que son un peligro por ser competencia directa a las empresas de la familia de la dictadura o por oponerse a sus abusos.

Los Ortega Murillo ha construido una estructura criminal, corrupta y de destrucción de Nicaragua. Estados Unidos los ha sancionado por todo esto. El régimen abusa de los nacionales y extranjeros y permite que el territorio sea el refugio para perseguidos de la justicia de Guatemala y El Salvador, por mencionar dos países.

Chamorro se vio obligado a exiliarse en Costa Rica para proteger su vida, igual que otros periodistas que también fueron forzados a salir de Nicaragua. Pero Chamorro volvió para reclamar su propiedad y para continuar con su trabajo como periodista junto con otros comunicadores que están dispuestos a las últimas consecuencias para defender la libertad de expresión del pueblo nicaragüense.

Con información de EFE

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