Colonización cultural y donaciones específicas: ¿para qué se usa el financiamiento especial de la CIDH?
Un estudio realizado por el Global Center for Human Rights sobre un período de 13 años, demostró que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe fondos de organizaciones, ONGs y gobiernos ajenos al organismo con “fines específicos”.
María Anne Quiroga, coautora del estudio realizado por el Global Center for Human Rights (GCHR, basado en Washington, Estados Unidos) junto con Sebastian Schuff, explicó a Infobae que “esas influencias tienen impacto cuando se define la temática para la cual se tiene que destinar los fondos y eso marca la agenda”.
Algunos países como España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suiza y la Unión Europea figuran entre los principales financistas de la CIDH. En el estudio también se evidencia la presencia de organizaciones como la Fundación Arcus, Save the Children y Cammina. Además, ONGs como Oxfam y Open Society Foundations donan dinero a la CIDH para trabajar ciertas áreas consideradas relevantes desde lo político.
“El problema principal que plantea la participación financiera de países externos al SIDH u ONG, es que se efectúa con referencia directa sobre el destino de aquellos fondos. Los Estados observadores y las ONG transnacionales podrían aportar fondos sin definir el destino de estos, en cuyo caso serían derivados al trabajo del SIDH en general”, lee el documento.
La injerencia de organizaciones para marcar una agenda ideológica en la región
Las acusaciones son graves, ya que suponen la injerencia directa de naciones extracontinentales sobre la Organización de Estados Americanos (OEA) (a través de la CIDH y la Corte) para marcar una agenda ideológica, comprometiendo la soberanía de las naciones.
En el informe también se nombra que "el El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no es ajeno a esta relación entre el otorgamiento de fondos y el ejercicio del poder fáctico. En aras de garantizar una protección imparcial de los derechos humanos, los fondos de los dos principales organismos que se dedican a esa tarea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debían ser otorgados directamente por la OEA, con cargo al presupuesto general, de forma que estas entidades no dependieran inmediatamente de contribuciones directas de los Estados supervisados, para evitar conflictos de intereses al momento de resolver los casos".
En cuanto a la CIDH y a la Corte, Quiroga explica que “estos dos organismos conforman el sistema cuasi judicial que tiene la OEA, y que hace que la OEA sea un ente muy importante, mucho más, por ejemplo, que la ONU. Muchas veces el contenido ideológico proviene de la ONU, pero la OEA y el sistema interamericano es quien lo baja a los países y lo termina imponiendo. En cuanto a sus diferencias, la Comisión no tiene ningún poder de imponer nada a los países. Aunque tenga 10 millones más en presupuesto que la Corte, el artículo 41 de la Convención Americana define muy explícitamente que las funciones de la CIDH son consultivas: estimular los derechos humanos en la región, realizar informes, consultar a los países sobre la situación de derechos humanos, pero nunca tendrá competencia para poder imponer a los países ningún tipo de lineamiento”.
En este sentido, el documento subraya que “llama comprensiblemente la atención que la Corte reciba aportes para la ‘resolución de casos contenciosos’ sobre una temática específica, ya que, en otras palabras, corresponde a un financiamiento otorgado por España para la producción de sentencias contra países miembros del SIDH”.
“El 26 de febrero de 2016, la Corte IDH emitió su primera sentencia del año en el caso Duque vs. Colombia , uno de los precedentes más emblemáticos sobre el fomento del reconocimiento pensionario a parejas del mismo sexo, en el cual se alegó un incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada ‘orientación sexual e identidad de género’, condenando a la República de Colombia a todos sus efectos”, cita como ejemplo el documento.
“Seis meses después de aquel fallo, la Corte IDH emitió otra sentencia, Flor Freire vs. Ecuador, condenando al país por haber solicitado la baja militar a un teniente que mantuvo relaciones homosexuales con un soldado, aprovechándose de su estado de embriaguez. En un caso por demás polémico, Ecuador fue condenado por el incumplimiento de, nuevamente, obligaciones inexistentes basadas en una presunta discriminación por ‘orientación sexual’ de Freire”, agrega el GCHR.
En efecto, un informe realizado por el ente muestra cómo las donaciones son funcionales a una narrativa que es condescendiente con los valores de la región. “Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. (...) los Estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar el respeto y la aceptación a las personas cuya orientación sexual, la identidad de género —real o percibida—, o cuyas características sexuales difieren de los patrones mayormente aceptados por la sociedad”, afirma el documento.
El conflicto de interés para apañar protestas violentas en América Latina
La injerencia de estas organizaciones no se limita, no obstante, a observaciones sobre la comunidad LGBT+ en América Latina, sino que además apaña protestas violentas. Quiroga admite que “uno de los informes que realmente más me impactó fue el de la CIDH sobre protesta y derechos humanos. Fue financiado por la Open Society y publicado tres meses antes del comienzo de las protestas en Chile, que fueron muy importantes y seguidas por protestas en muchísimos otros países. Este informe sirvió de argumento para proteger a manifestantes muy violentos que han hecho muchísimo daño. Hay otro informe bastante parecido a este sobre protestas sociales en Perú”.
“El informe justifica todo tipo de manifestación y no protege ningún derecho de las personas afectadas por esas manifestaciones. Es decir, no reconoce el respeto de la propiedad en el caso de que haya destrucción de tiendas, de autos, de lo que sea. Justifica todos y absolutamente todo tipo de protestas, incluso las violentas, explicando que provienen de violaciones a derechos, que las empresas explotan demasiado el territorio, que hay injusticias, y entonces las protestas violentas para la CIDH son una respuesta entendible, legítima, a esas violaciones de derechos, que obviamente hay que solucionar, pero no violando otros derechos”, agrega la experta.
“Es muy difícil saber cuáles son sus intenciones. Lo que sí sabemos es que hay mucho trabajo para cambiar las legislaciones de los países que siguen siendo, digamos, tradicionales o conservadores”, afirma.
“En muchos países los lobbies y las organizaciones se dan cuenta de que no pueden ganar de forma democrática, en los Congresos, porque los representantes del pueblo y el propio pueblo que vota todavía sigue teniendo esos valores, de proteger la vida, la familia, la libertad religiosa. Entonces quieren pasar por otra vía que no es democrática e imponer esos derechos a través de sentencias”, concluye Quiroga.
Colonización cultural y donaciones específicas: ¿para qué se usa el financiamiento especial de la CIDH?
Un estudio realizado por el Global Center for Human Rights sobre un período de 13 años, demostró que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe fondos de organizaciones, ONGs y gobiernos ajenos al organismo con “fines específicos”.
María Anne Quiroga, coautora del estudio realizado por el Global Center for Human Rights (GCHR, basado en Washington, Estados Unidos) junto con Sebastian Schuff, explicó a Infobae que “esas influencias tienen impacto cuando se define la temática para la cual se tiene que destinar los fondos y eso marca la agenda”.
Algunos países como España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Suiza y la Unión Europea figuran entre los principales financistas de la CIDH. En el estudio también se evidencia la presencia de organizaciones como la Fundación Arcus, Save the Children y Cammina. Además, ONGs como Oxfam y Open Society Foundations donan dinero a la CIDH para trabajar ciertas áreas consideradas relevantes desde lo político.
“El problema principal que plantea la participación financiera de países externos al SIDH u ONG, es que se efectúa con referencia directa sobre el destino de aquellos fondos. Los Estados observadores y las ONG transnacionales podrían aportar fondos sin definir el destino de estos, en cuyo caso serían derivados al trabajo del SIDH en general”, lee el documento.
La injerencia de organizaciones para marcar una agenda ideológica en la región
Las acusaciones son graves, ya que suponen la injerencia directa de naciones extracontinentales sobre la Organización de Estados Americanos (OEA) (a través de la CIDH y la Corte) para marcar una agenda ideológica, comprometiendo la soberanía de las naciones.
En el informe también se nombra que "el El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no es ajeno a esta relación entre el otorgamiento de fondos y el ejercicio del poder fáctico. En aras de garantizar una protección imparcial de los derechos humanos, los fondos de los dos principales organismos que se dedican a esa tarea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debían ser otorgados directamente por la OEA, con cargo al presupuesto general, de forma que estas entidades no dependieran inmediatamente de contribuciones directas de los Estados supervisados, para evitar conflictos de intereses al momento de resolver los casos".
En cuanto a la CIDH y a la Corte, Quiroga explica que “estos dos organismos conforman el sistema cuasi judicial que tiene la OEA, y que hace que la OEA sea un ente muy importante, mucho más, por ejemplo, que la ONU. Muchas veces el contenido ideológico proviene de la ONU, pero la OEA y el sistema interamericano es quien lo baja a los países y lo termina imponiendo. En cuanto a sus diferencias, la Comisión no tiene ningún poder de imponer nada a los países. Aunque tenga 10 millones más en presupuesto que la Corte, el artículo 41 de la Convención Americana define muy explícitamente que las funciones de la CIDH son consultivas: estimular los derechos humanos en la región, realizar informes, consultar a los países sobre la situación de derechos humanos, pero nunca tendrá competencia para poder imponer a los países ningún tipo de lineamiento”.
En este sentido, el documento subraya que “llama comprensiblemente la atención que la Corte reciba aportes para la ‘resolución de casos contenciosos’ sobre una temática específica, ya que, en otras palabras, corresponde a un financiamiento otorgado por España para la producción de sentencias contra países miembros del SIDH”.
“El 26 de febrero de 2016, la Corte IDH emitió su primera sentencia del año en el caso Duque vs. Colombia , uno de los precedentes más emblemáticos sobre el fomento del reconocimiento pensionario a parejas del mismo sexo, en el cual se alegó un incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada ‘orientación sexual e identidad de género’, condenando a la República de Colombia a todos sus efectos”, cita como ejemplo el documento.
“Seis meses después de aquel fallo, la Corte IDH emitió otra sentencia, Flor Freire vs. Ecuador, condenando al país por haber solicitado la baja militar a un teniente que mantuvo relaciones homosexuales con un soldado, aprovechándose de su estado de embriaguez. En un caso por demás polémico, Ecuador fue condenado por el incumplimiento de, nuevamente, obligaciones inexistentes basadas en una presunta discriminación por ‘orientación sexual’ de Freire”, agrega el GCHR.
En efecto, un informe realizado por el ente muestra cómo las donaciones son funcionales a una narrativa que es condescendiente con los valores de la región. “Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. (...) los Estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales con la finalidad de garantizar el respeto y la aceptación a las personas cuya orientación sexual, la identidad de género —real o percibida—, o cuyas características sexuales difieren de los patrones mayormente aceptados por la sociedad”, afirma el documento.
El conflicto de interés para apañar protestas violentas en América Latina
La injerencia de estas organizaciones no se limita, no obstante, a observaciones sobre la comunidad LGBT+ en América Latina, sino que además apaña protestas violentas. Quiroga admite que “uno de los informes que realmente más me impactó fue el de la CIDH sobre protesta y derechos humanos. Fue financiado por la Open Society y publicado tres meses antes del comienzo de las protestas en Chile, que fueron muy importantes y seguidas por protestas en muchísimos otros países. Este informe sirvió de argumento para proteger a manifestantes muy violentos que han hecho muchísimo daño. Hay otro informe bastante parecido a este sobre protestas sociales en Perú”.
“El informe justifica todo tipo de manifestación y no protege ningún derecho de las personas afectadas por esas manifestaciones. Es decir, no reconoce el respeto de la propiedad en el caso de que haya destrucción de tiendas, de autos, de lo que sea. Justifica todos y absolutamente todo tipo de protestas, incluso las violentas, explicando que provienen de violaciones a derechos, que las empresas explotan demasiado el territorio, que hay injusticias, y entonces las protestas violentas para la CIDH son una respuesta entendible, legítima, a esas violaciones de derechos, que obviamente hay que solucionar, pero no violando otros derechos”, agrega la experta.
“Es muy difícil saber cuáles son sus intenciones. Lo que sí sabemos es que hay mucho trabajo para cambiar las legislaciones de los países que siguen siendo, digamos, tradicionales o conservadores”, afirma.
“En muchos países los lobbies y las organizaciones se dan cuenta de que no pueden ganar de forma democrática, en los Congresos, porque los representantes del pueblo y el propio pueblo que vota todavía sigue teniendo esos valores, de proteger la vida, la familia, la libertad religiosa. Entonces quieren pasar por otra vía que no es democrática e imponer esos derechos a través de sentencias”, concluye Quiroga.